El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, conformó una Unidad Fiscal integrada por las fiscalías especializadas en delitos económicos complejos y Narcocriminalidad (UDEC y UFINAR) para investigar denuncias a ciertos funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos para personas detenidas.
Esta mañana se realizaron 37 allanamientos en distintos lugares de la capital salteña en el marco de una investigación que llevan adelante las Unidades Fiscales de Delitos Económicos y Narcocriminalidad.
El operativo fue ejecutado por 85 efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y 21 móviles de la Policía de Salta, con la colaboración en cobertura de seguridad Grupo Antidisturbios Infantería y Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo GOPAR. Fueron allanadas 35 viviendas particulares, distintas celdas de la Unidad Carcelaria 1 y una oficina donde trabaja una empleada del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, que tiene a su hijo privado de la libertad.
La investigación se llevó contra funcionarios del Servicio Penitenciario que cobraban dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas los presos en la cárcel de Villa Las Rosas.
La Unidad Fiscal tuvo como principal objetivo la confirmación de los hechos denunciados, mediante la compilación de operaciones bancarias, declaraciones testimoniales, captación de las comunicaciones durante 60 días y el análisis de 113 extractos bancarios sobre un total de 17 personas que fueron investigadas, que permitieron la consecuente individualización de los responsables de diversos actos corruptos.
Como resultado del operativo, hasta el momento, fueron detenidas 13 personas, entre ellas siete funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta y se procedió a la demora de una mujer que trabaja en el Ministerio de Educación, la cual es investigada por ser parte de la organización delictiva que operaba en el penal y que en nada se relaciona a la gestión de la cartera educativa.
