El Gobierno dio de baja dos obras sociales del Registro Nacional, las cuales habían sido declaradas en crisis hace dos años y no mostraron avances en los planes de normalización de sus balances financieros ni operativos. Con estas nuevas decisiones, en la última semana ya se liquidaron cinco obras sociales.
La decisión se dio a conocer en el Boletín Oficial este firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y publicadas en el Boletín Oficial. Estas resolvieron dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.
Ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.
Ante las consultas de NORTE YA, desde el Sindicato no se expresaron al respecto hasta el momento. Desde la conducción del mismo a cargo de Ramiro Villalba, que asumió a fines del año pasado, indicaron que estaban abocados al tema.
“Los beneficiarios deben ser informados de la situación y tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características”, informaron fuentes gubernamentales.
Al implementarse un ajuste en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), numerosas obras sociales sindicales vieron afectada su recaudación. Con la modificación, dispuesta el año pasado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a través de un decreto, las transferencias de fondos estatales comenzaron a basarse en la cantidad real de afiliados y dejaron de considerar la compensación extra que previamente beneficiaba a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.
De un total de 290 entidades, 201 fueron perjudicadas por la nueva fórmula, sufriendo una merma inmediata de 3.483 millones de pesos. Por el contrario, las obras sociales que reportaron una mayor cantidad de afiliados resultaron ganadoras bajo el nuevo sistema.
Este recorte en las cajas de las obras sociales sindicales significó una reducción en los ingresos para gremios con estructuras menores. La situación guarda semejanza con la disposición tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud en febrero de este año, cuando se eliminó la intermediación entre las obras sociales y las empresas de medicina privada. Dicha decisión también generó controversias públicas en el ámbito sindical, aunque varios referentes gremiales admitieron en privado que la resolución impacta principalmente sobre las entidades identificadas como “sellos de goma”.
Norte Ya
