úEn plena ola polar, con temperaturas que en algunas localidades del norte salteño descienden por debajo de los 5 grados, el Gobierno de Gustavo Sáenz, a través del Ministerio de Educación a cargo de Cristina Fiore, emitió una normativa que desató indignación entre la comunidad educativa: queda prohibido el uso de calefactores eléctricos en los establecimientos escolares de toda la provincia.
La resolución fue comunicada por la Dirección General de Infraestructura Escolar y forma parte del protocolo de intervenciones en instalaciones. Aduce como justificación el riesgo eléctrico que implican dispositivos como caloventores, estufas de cuarzo o infrarrojos, todos ellos muy utilizados ante la falta de gas natural en muchas escuelas del interior.
Además de prohibir el uso de estos aparatos, el documento también restringe cualquier tipo de modificación en las instalaciones eléctricas o de gas sin autorización previa y formal, e instruye a las instituciones a reportar cualquier emergencia sin actuar por cuenta propia. Sin embargo, lo que no ofrece la normativa es una solución real y urgente al problema de fondo: la ausencia de un sistema de calefacción seguro y funcional en decenas de escuelas públicas.
El rechazo no se hizo esperar. Docentes advierten que es prácticamente imposible enseñar con temperaturas bajo cero y sin ninguna fuente de calefacción habilitada. Padres preocupados denuncian que sus hijos asisten a clases con camperas, guantes y mantas, expuestos a enfermedades respiratorias por el frío extremo. Y los estudiantes, principales afectados, relatan jornadas en aulas que parecen “heladeras”, con ventanas cerradas, sin ventilación y sin calefacción segura.
“Esto no es prevención, es abandono”, señaló una maestra de Orán, donde muchas escuelas aún esperan obras de infraestructura prometidas. “No podemos seguir exponiendo a nuestros chicos a estas condiciones por la inacción del gobierno. Prohíben, pero no ofrecen ninguna alternativa”, añadió.
Si bien el argumento oficial gira en torno a la seguridad edilicia, lo cierto es que la medida pone en evidencia una realidad cruda: la falta de inversión en infraestructura escolar en Salta es estructural. Muchas escuelas del interior carecen de gas natural o de equipos homologados para calefacción, y ante la falta de respuestas del Estado, recurren a lo único disponible: artefactos eléctricos que ahora también están vetados.
Frente a este panorama, la normativa parece más un acto de responsabilidad legal que una decisión orientada al bienestar de la comunidad educativa.
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