En la comunidad Wichí de La Cortada, en Coronel Juan Solá-Morillo (Salta), la infancia transcurre entre el abandono escolar, la falta de alimentos y el juego sin rumbo en un entorno de pobreza estructural.
La mayoría de las 250 familias que habitan allí viven sin acceso a servicios básicos, empleo formal ni oportunidades reales. La marginalidad, el hacinamiento y la ausencia del Estado generan un contexto de extrema vulnerabilidad.
La falta de perspectivas empuja a muchos adolescentes al consumo de inhalantes (una práctica conocida en la zona como “naftear”), con consecuencias trágicas: intentos de suicidio, muertes y una creciente alarma comunitaria.
Una joven wichí que sufrió quemaduras al inhalar nafta.
En 2018, tres menores de edad de esta comunidad se prendieron fuego, un hecho que visibilizó una situación que persiste. A pesar de los reclamos para frenar la venta de alcohol y nafta a menores, no hay controles efectivos.
Ante este panorama, un grupo de referentes locales impulsa la recuperación de una antigua salita abandonada para transformarla en un centro de contención y formación para jóvenes.
El edificio ya fue parcialmente reacondicionado con ayuda municipal, y se proyecta su transformación en un Centro Nanum: un espacio de acceso digital, talleres y contención comunitaria.
El desafío es enorme. No hay servicios de salud mental adecuados ni centros de asistencia a las adicciones en toda la región. La psicóloga comunitaria Jesica López advierte sobre la gravedad de los casos y la imposibilidad de dar respuesta efectiva desde el hospital local.
Mientras tanto, referentes como Martín Lago y Catalino Torres siguen luchando por una oportunidad para los chicos, antes de que sea demasiado tarde.
