En una audiencia histórica para la lucha contra el crimen organizado en el norte de la provincia, Cristian Gabriel Palavecino fue condenado a 28 años de prisión efectiva por su participación en múltiples hechos delictivos de extrema gravedad.
La condena fue resultado de una investigación compleja, sostenida y coordinada por la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, que logró reunir pruebas contundentes que permitieron arribar a un juicio abreviado con confesión de los imputados.
El proceso judicial se llevó a cabo en el marco del Plan Piloto de Oralidad, en una audiencia desarrollada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde intervinieron los fiscales penales Claudia Carreras, Soledad Filtrín y Daniel Espilocin, representando al Ministerio Público Fiscal. La jueza de la Sala 1 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Orán, Roxana Palomo, homologó el acuerdo alcanzado por las partes con confesión de los imputados y reconocimiento de su responsabilidad en los hechos imputados, y dictó sentencia.
Cristian Palavecino fue declarado penalmente responsable de delitos como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio doblemente calificada, asociación ilícita, robos armados en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad, amenazas, tenencia de armas y lesiones, entre otros. Todos estos hechos fueron acreditados en cinco causas acumuladas, y se enmarcan en el funcionamiento de una estructura delictiva organizada, con división de tareas y participación de menores.
Además de Cristian Gabriel Palavecino, otros seis integrantes de esta red criminal —Brian Gabriel Palavecino, Delfor Rogelio Sandoval, Javier Antonio Romero, Carlos Esteban Lami, María Haydée Torres y Julio Antonio Tolaba— fueron condenados, con penas que van desde prisión efectiva hasta condenas condicionales.
Los delitos que motivaron las condenas incluyen un abanico de hechos violentos que afectaron tanto a víctimas individuales como a empresas de la zona: robos a mano armada, secuestros extorsivos, agresiones físicas con armas, amenazas y homicidios.
En algunos casos, se aplicó la excusa absolutoria prevista por la ley, al tratarse de encubrimientos cometidos entre familiares directos del autor principal.
Fueron víctimas de estos hechos, Alejandro Abandillo, Raúl Martínez, Ricardo Gerónimo, José Luis Rufino, la empresa Abra del Sol, Fabián Martínez, Jessica Ibarra, Roberto Clenci y Efraín Paredes.
