Con la declaración de siete testigos se reanudó hoy la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y personas de su círculo familiar, todos ellos acusados de conformar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal.
Hoy comparecieron efectivos policiales que participaron de la investigación y autoridades del Servicio Penitenciario.
La causa se inició a partir de denuncias anónimas radicadas en la Fiscalía de Derechos Humanos, en las cuales se aseveraba que personal del penal de Villa Las Rosas solicitaba sobornos a cambio de beneficios para los internos (salidas transitorias, cambio de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa) o para facilitar el ingreso de elementos prohibidos (celulares, cargadores, comida, bebida) y sustancias estupefacientes.
Al inicio de la audiencia expuso el jefe de la Unidad de Delitos Económicos, a cargo de la investigación desde sus albores. Como primera apreciación destacó la complejidad del contexto donde se llevaron a cabo las averiguaciones, dado que se trataba de un ámbito cerrado donde parte de la información que debía reunirse estaba en manos de los propios sospechados.
Como ejemplo contó que, al momento de realizarse los allanamientos en el penal, parte de los agentes implicados estaban en funciones y hubo que evitar su intervención para conservar los elementos de prueba.
El testigo expuso en detalle los diferentes pasos de la pesquisa, que incluyó tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas. Paralelamente se analizaron movimientos de cuentas bancarias y billeteras electrónicas utilizadas por los agentes penitenciarios y los familiares de los internos.
De las intervenciones telefónicas surgió información base que permitió individualizar a los agentes involucrados. El testigo indicó que los propios reos fueron identificando a los encargados de recibir los pagos a cambio de la obtención de beneficios cuando se comunicaban con sus familiares. Se trataba de celadores, jefes de pabellones, jefes de seguridad y miembros de la Junta correccional. “Todo era un negociado en el interior del penal”, remarcó el testigo. Refirió que uno de los funcionarios acusados, incluso, gestionaba favores para internos de la Alcaidía.
El investigador señaló que se observaron situaciones irregulares como el ingreso de alimentos y bebidas, traslados de pabellón, mejoría en las notas de conducta y conceptos y salidas extramuros. También se constató la participación activa del personal en el comercio de estupefacientes.
El testigo mencionó que la pesquisa incluyó un pormenorizado análisis del lunfardo carcelario puesto que los implicados tenían una evidente conciencia forense y se cuidaban de dejar rastros al hablar.
El testigo mencionó el caso de un reo en particular que gozaba de amplios beneficios dentro del penal y tenía como nexo externo a su madre, quien también está imputada en la causa. En este caso se constató incluso que uno de los celadores acusados concurría al domicilio de la mujer para retirar los elementos que debía entrar a la cárcel (teléfonos, mercadería, sustancias estupefacientes).
Durante la audiencia se reprodujeron varios audios de conversaciones mantenidas entre los imputados y sus familiares, y entre estos últimos y el personal penitenciario implicado.
En relación al flujo de dinero, el testigo señaló que se analizaron 113 cuentas (de bancos físicos y billeteras virtuales) pertenecientes a 17 de los investigados. En el lapso de cinco meses (de noviembre de 2022 a abril de 2023) se advirtieron 703 movimientos.
Dijo que este accionar delictivo se basaba en tres vectores: los internos, los funcionarios implicados y el nexo externo, conformado por familiares de los reos. Especificó que los familiares que actuaban como nexo para el pago de sobornos o de las sustancias prohibidas fueron identificados a partir de un cruce de datos entre números de cuentas bancarias y las personas que figuraban en el padrón de visitas a la cárcel.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario acusados son Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García.
Están denunciados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están siendo juzgados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
