El juicio seguido contra veinte personas acusadas de conformar una organización narcocriminal que presuntamente operaba en la Unidad Carcelaria 1 continuó hoy con la recepción de declaraciones testimoniales. Comparecieron, entre otros, funcionarios del Servicio Penitenciario en actividad y que prestaron servicio entre 2022 y 2023.
Uno de los testigos -subalcalde de la Unidad Carcelaria 1- quedó demorado por orden del tribunal por su reticencia al momento de responder a preguntas de la fiscalía. Esto, luego de reiterados llamados de atención sobre su responsabilidad como funcionario público y sobre el hecho de estar declarando bajo juramento.
Tres de los efectivos fueron consultados acerca de la insistencia de uno de los imputados –subjefe del departamento de Seguridad Externa- para que se le otorgue el beneficio de extramuro a un interno en particular. A uno de los testigos el pedido le pareció “fuera de lo normal”. Otro mencionó que “no era común” que un jefe o subjefe pidiera cupo para un reo puntual. El procedimiento debía iniciarse con una nota del interno dirigida al jefe de pabellón. El trámite continuaba por distintas áreas y, finalmente, el Consejo Correccional era el encargado de emitir una resolución.
El tercer testigo consultado sobre esta situación irregular se desempeñaba en el área de mantenimiento de la Guardia Externa. Dijo que solo el encargado de pabellón podía consultar por los cupos del beneficio de extramuro. No obstante, señaló que en una oportunidad uno de los subjefes imputados le pidió que le diera trabajo a un interno. Primero le dijo que era familiar suyo y después, que era un vecino. Adujo que si bien no era la vía reglamentaria, “era costumbre” que algunos funcionarios jerárquicos consultaran acerca de beneficios de extramuro para ciertos reos.
Otra de las testigos, que en 2021 era jefa del área de Atención al Ciudadano, respondió acerca de un episodio puntual registrado por las cámaras del penal donde se observa a un efectivo ingresar tres cajas de pizzas. La funcionaria dijo que es normal que la comida entre tanto por el área a su cargo como por la Guardia Externa. Dijo que en este último sector, los envoltorios son requisados y pasan por un scanner.
Luego declaró una agente que en 2022 trabajaba como administrativa en la Dirección de Régimen Correccional. Afirmó que en una oportunidad otro de los acusados – funcionario del sector de Sanidad- le consultó sobre el beneficio de extramuro para uno de los internos. El trámite había sido devuelto porque el reo no cumplía con el requisito de conducta y concepto. No obstante, el acusado le insistió aduciendo que el sujeto era “primo de un amigo del barrio”. La testigo ratificó que el pedido de extramuro solo podían hacerlo los encargados de pabellón.
La causa se inició a partir de denuncias anónimas radicadas en la Fiscalía de Derechos Humanos, en las cuales se aseveraba que personal del penal de Villa Las Rosas solicitaba sobornos a cambio de beneficios para los internos (salidas transitorias, cambio de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa) o para facilitar el ingreso de elementos prohibidos (celulares, cargadores, comida, bebida) y sustancias estupefacientes.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
