Diversas investigaciones sobre supuestas irregularidades en licitaciones, compras públicas y designaciones tienen como protagonistas al círculo más cercano al gobierno nacional.
Las causas judiciales que involucran a Eduardo “Lule” Menem, asesor de la secretaria General de la Presidencia, y a su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, han cobrado nuevo impulso tras la difusión de datos recientes.
Los expedientes abiertos exploran posibles irregularidades en contratos estatales, manejos en agencias como PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), así como contrataciones millonarias y licitaciones bajo la lupa en diversos organismos públicos.
El epicentro de las investigaciones gira en torno al denominado “caso Spagnuolo”. El expediente radicado en los tribunales de Comodoro Py surgió de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner, tras la aparición de grabaciones clandestinas.
Otra línea investigativa relevante es la que involucra a Tech Security SRL, empresa vinculada a la familia Menem. El contrato con el Banco Nación por cerca de 4.000 millones de pesos se encuentra bajo la lupa del juez Daniel Rafecas desde julio pasado, a partir de una denuncia del dirigente Juan Ricardo Mussa. El magistrado dispuso nuevas medidas probatorias, como la declaración de exdirectivos bancarios y el pedido de documentación para esclarecer la adjudicación y los vínculos societarios. Menem dejó la titularidad de sus acciones en Tech Security solo cuatro días antes de asumir la banca en Diputados, cediéndolas a su hermano Adrián Menem.
La obra social Osprera también aparece en una causa independiente, a partir de una denuncia de José Antonio Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). El juez Casanello debe decidir si los convoca a prestar declaración indagatoria para avanzar en esta investigación.
Causas en varias provincias
Las investigaciones federales alcanzan a varias provincias por presuntos pedidos de retornos a empleados públicos. Delegaciones de PAMI en Chaco, La Plata, Misiones, Santa Cruz y Buenos Aires habrían exigido un porcentaje de los sueldos a sus trabajadores, según testimonios judiciales recientes. Muchos de los responsables de las delegaciones fueron vinculados al esquema político de Lule Menem. Los jueces deberán avanzar en el esclarecimiento de esta línea de investigación.
