El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó a dos mujeres de 44 y 50 años respectivamente, por su participación en la organización y ejecución de una campaña oftalmológica desarrollada sin habilitación oficial, ni presencia de profesionales debidamente acreditados, ni garantías sanitarias mínimas.
La investigación se inició el 12 de abril de 2024 a partir de la denuncia presentada por la vicepresidenta de la Cámara Empresarial de Óptica de Salta, quien se presentó en la Comisaría 7 de Campo Quijano para denunciar que se estaba llevando a cabo una campaña oftalmológica ilegal en un domicilio particular ubicado en el Barrio 21 de Noviembre, de dicha localidad.
En su presentación, la denunciante expresó que había tomado conocimiento de la actividad a través de redes sociales y grupos de mensajería, en los que se difundía una convocatoria bajo el nombre de “Gestoría Solidaria”, a cargo de una fundación, con participación de una óptica y un organizador.
La denunciante se trasladó personalmente al lugar y constató que en el interior de un garaje se estaban realizando controles visuales a personas del público sin ningún tipo de autorización o control sanitario. Observó que al menos dos personas de sexo femenino, con acento extranjero, ofrecían anteojos al público, mostrando armazones en varias mesas instaladas en el lugar. Los lentes eran recetados por un supuesto médico oftalmólogo que, según describió, se encontraba en el fondo del garaje realizando exámenes visuales con un cartel optométrico y una caja de pruebas ópticas (probines). Tras la consulta, el supuesto profesional entregaba una receta informal, sin membrete ni sello de ningún profesional matriculado.
Según la denuncia, los asistentes, luego de recibir la receta, eran dirigidos hacia las mesas con armazones donde probaban los lentes. Allí, una de las mujeres presentes cobraba dinero en efectivo o transferencias como adelanto por los productos, entregando a cambio un papel con los datos del comprador, el monto total, la seña abonada, el saldo restante y la fecha de entrega, prevista para el 9 de mayo de 2024.
También aportó documentación que evidenciaba que el mismo día, por la tarde, se realizaría otro evento similar en el barrio San Antonio de la localidad de La Silleta, en una vivienda particular.
La Cámara Empresarial de Óptica consultó formalmente a la supervisora de Proficcssa, dependencia del Ministerio de Salud Pública, si estas campañas contaban con la autorización correspondiente. La respuesta fue negativa: los eventos oftalmológicos no habían sido habilitados ni contaban con respaldo alguno por parte del organismo provincial.
En el marco de la investigación, se tomaron declaraciones testimoniales, se realizaron inspecciones oculares, se recolectó material fotográfico y documentación, y se corroboró que los organizadores no contaban con matrícula profesional ni autorización para ejercer prácticas médicas ni vender productos ópticos.
Además, quedó acreditado que durante la campaña se expendían anteojos con fines comerciales sin cumplir los requisitos legales ni sanitarios, en infracción a las normas que regulan el ejercicio del arte de curar y la comercialización de productos para la salud.
A partir de estos elementos, el fiscal Escalante imputó a la mujer identificada como principal organizadora de la actividad, como autora del delito de ejercicio ilegal de la medicina en concurso real con el expendio de mercaderías peligrosas para la salud. Por su parte, otra mujer fue imputada como partícipe secundaria de los mismos delitos, por haber colaborado en la organización y atención al público durante la jornada.
