El diputado José Gauffin aseguró que “hubo un saqueo en el Instituto Provincial de la Salud” y reclamó que los responsables rindan cuentas. Criticó la lentitud de la investigación judicial y la falta de medidas para garantizar la transparencia del proceso.
El diputado provincial José Gauffin manifestó su preocupación por la escasa evolución de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de la Salud (IPS), iniciadas a partir del video difundido por el gobernador Gustavo Sáenz en abril, donde se mencionaba una posible sobrefacturación. “No avanza de acuerdo a mis expectativas”, señaló el legislador en diálogo con FM Profesional, y agregó que en el expediente judicial “lo único que hay es mi presentación original de mayo”.
Gauffin recordó que amplió la denuncia al Ministerio Público Fiscal al detectar que no solo se trataba de sobrefacturación, sino también de otras irregularidades como derivaciones VIP y contrataciones cuestionadas. En particular, mencionó el contrato con la empresa Traditum, que habría cobrado cerca de seis millones de dólares en cinco años por un servicio informático que “nunca se realizó”. También apuntó a “balances nunca concretados” y posibles vínculos entre estudios contables y miembros del directorio del organismo.
José Gauffin
El legislador advirtió que “hubo un saqueo en el IPS” y reclamó que la investigación avance hasta deslindar responsabilidades: “Yo no quiero que acomoden las cuentas y acá no pasó nada. Quiero que quienes fueron responsables rindan cuentas ante la justicia”. Además, denunció casos de falsificación de firmas de médicos en órdenes de prácticas médicas —como tomografías o ecografías— que habrían generado facturaciones por montos millonarios.
Gauffin cuestionó también que la intervención del IPS mantenga en funciones a autoridades vinculadas al anterior directorio. “Deberían haber sido separadas para garantizar una investigación transparente”, sostuvo. Explicó que, ante la falta de avances, decidió presentarse como querellante en la causa para tener acceso directo al expediente y “acompañar el trabajo de la fiscal”.
Finalmente, el diputado informó que existen entre seis y siete auditorías parciales en curso realizadas por la Sindicatura de la Provincia, aunque advirtió que sus resultados “no son públicos” y que los informes se remiten directamente al gobernador. “Todo eso tiene que incorporarse al expediente judicial. No puede quedar en silencio”, concluyó.
