Dos hermanos, de 42 y 37 años, propietarios de concesionaria de autos Conde Automotores, fueron condenados por el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa. Se les impuso una pena de un año y cuatro meses de prisión condicional con cumplimiento de reglas de conducta por el lapso de dos años.
Además, en concepto de reparación del daño causado, deberán entregar a la Provincia las dos camionetas cero kilómetros en cuestión.
No obstante, el juez ordenó mantener el embargo preventivo sobre un inmueble ubicado en el barrio Praderas de San Lorenzo hasta que se haga efectiva la entrega de ambos vehículos.
La intervención de UDEC inició luego de que en marzo de 2023 ingresara una denuncia en contra de Ricardo Gutiérrez Conde, representante en Salta de la empresa Conde Automotores S.R.L.
Según lo manifestado, el acusado presentó una oferta en el marco de la Contratación Abreviada Nº 235/2022, tramitada por la Secretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta para la adquisición de dos camionetas, una marca Nissan y otra Renault. A pesar de que la oferta fue pre adjudicada por $24.270.000 y se emitió una orden de compra por el mismo valor, los vehículos nunca fueron entregados.
La investigación realizada por la UDEC reveló que José Gutiérrez Conde, hermano del denunciado, también había actuado en la causa.
Ambos recibieron la transferencia de dinero por parte de Tesorería de la Provincia, anularon las facturas de los vehículos y realizaron transferencias a terceros, como las empresas Grandote SA y Clama SA, además de efectuar pagos a particulares.
Todo esto se llevó a cabo mientras los acusados afirmaban falsamente que uno de los vehículos estaba en proceso de patentamiento a favor de la Provincia, solicitando un pago adicional injustificado con fines de para retrasar la entrega.
Los acusados fueron denunciados en marzo de 2023 por la falta de entrega de dos vehículos por parte de su firma al Ministerio de Gobierno Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia.
El juez Francisco Mascarello les ordenó a ambos hermanos fijar domicilio y someterse al cuidado de la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Liberados; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas y no cometer nuevo delito.
