La jueza María Gabriela González condenó a Pablo Federico Anze a tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para desempeñar funciones vinculadas con la administración de fondos y atención al público en la administración pública, y al pago de $1.300.000 al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) en concepto de resarcimiento económico.
La jueza homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, con el reconocimiento de los delitos de fraude a la administración pública (42 hechos), concusión y falsificación de instrumento público (10 hechos), todos en concurso real.
La investigación acredito que en su calidad de jefe del área de Derivaciones del IPSS, el acusado solicitaba a los afiliados que entregaran sumas de dinero en efectivo, asegurando que él mismo se encargaría de ingresarlas en el sistema contable, a pesar de que tales pagos solo debían ser realizados en la caja del organismo. No obstante, las pericias permitieron establecer que dichos fondos no fueron ingresados en la contabilidad oficial, lo que derivó en un perjuicio económico para la obra social.
Asimismo, en octubre de 2020, el imputado exigió 2.000 dólares a una afiliada en concepto de coseguro para el uso del avión sanitario provincial, entregándole una factura apócrifa, a pesar de que tal pago no era requerido por el organismo.
Por último, se comprobó que el acusado confeccionó una factura falsa y adulteró nueve comprobantes de pago, lo que configuró un total de diez hechos de falsificación de instrumento público.
