Una grave denuncia sacude al ámbito político y laboral del norte provincial. Una trabajadora de Tartagal, identificada como Melisa Hlinka, presentó dos telegramas laborales dirigidos a la empresa de vigilancia “Los Halcones”, con domicilio en la ciudad de Orán, acusando a la firma de tenerla trabajando en negro y con un salario por debajo del establecido por ley.
Según Informate Orán Lo que agrava el caso es que el propietario de la empresa señalada sería el concejal oranense Héctor Urdapilleta, integrante del bloque “Compromiso por Orán”, quien actualmente ocupa una banca en el Concejo Deliberante.
En los documentos, la denunciante expone que ingresó a trabajar el 7 de mayo de 2025, cumpliendo funciones de vigilancia en un local comercial denominado “El Amigo”, en la ciudad de Tartagal. Según detalla, cumplía una jornada de 8 horas diarias de lunes a lunes, percibiendo una remuneración semanal de apenas $60.000, cifra muy inferior a lo establecido en el convenio laboral vigente.
En su segundo telegrama, la trabajadora intima formalmente a la empresa a regularizar su situación laboral, abonar las diferencias salariales y registrar su empleo en el sistema de seguridad social, conforme a la Ley N.º 24.013. Además, acusa al empleador de mantenerla “bajo su dependencia de manera no registrada, es decir, en negro”, y exige el alta ante los organismos de control (AFIP, ART y obra social).
“Me veo impedida de gozar de las prestaciones y beneficios legales pertinentes”, afirma Hlinka en su escrito, advirtiendo que tomará medidas ante las autoridades competentes si la situación no se regulariza.
Este caso genera indignación y repudio, no solo por la gravedad de la denuncia, sino también porque involucra a un funcionario público en ejercicio, cuya obligación ética debería ser la de velar por los derechos laborales de los ciudadanos y no ser señalado por prácticas presuntamente ilegales.
El silencio del concejal Urdapilleta ante esta situación empieza a generar un fuerte malestar en el ámbito político y social de Orán, donde los vecinos exigen explicaciones y la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo.
Mientras tanto, la denunciante ya dejó asentado formalmente su reclamo ante el Correo Argentino, y no se descarta que en los próximos días presente una denuncia penal por explotación laboral y evasión previsional.
El caso promete escalar y podría convertirse en uno de los mayores escándalos laborales del año en el norte salteño.
