Se trata de Cristian Achaval que se desempeñaba como jefe de la Unidad de ANSeS que tiene base en Metán y meses atrás había denunciado a la actual senadora Emilia Orozco y al diputado Carlos Zapata por retener parte de su sueldo como “aporte”.
La resolución se conoció en las últimas horas siguiendo la lógica de las prácticas que los mimos libertarios aborrecían pero que en este caso la pusieron en práctica. En la zona hay unas 30 oficinas del organismo nacional que dependen de la unidad de Metán que ahora dejarán de estar bajo la órbita de Achaval.
En el mes de Junio Ricardo Ortega, apoderado de Ahora Patria, había solicitado el aporte del sueldo del funcionario de un 5 por ciento. La grabación que se expuso en varios medios revelaba un supuesto pedido sistemático de aportes económicos —calculados como un porcentaje de los sueldos— que recae sobre empleados relacionados al partido.
Carlos Zapata
Achaval comenta que le había solicitado a “Alfredo” (por Olmedo) unos meses de gracia para no pagar los aportes, mientras Ortega responde que es él quien “cobra todo” y que el porcentaje solicitado es del 5%, cuando antes era del 10%. Durante el diálogo, Ortega asegura que “las chicas” le mandan los recibos de sueldos, y que todos “cobran muy bien”, justificando así el cobro del aporte. Nombra a Achaval y a Gustavo Pantaleón —ex diputado provincial y referente local del espacio— como los únicos que no estaban cumpliendo con los pagos. Sobre este último, aclara que “lo renunciaron”.
Otro fragmento relevante del audio señala que “la casa de La Libertad Avanza” tiene gastos elevados, y que se necesitan reunir alrededor de $1.500.000 para afrontar el alquiler y otros costos.
Ante la consulta de Achaval sobre cómo transferir el dinero, Ortega ofrece dos opciones: llevarlo a la oficina o transferirlo a una cuenta del partido Ahora Patria, con el que LLA tiene alianza en Salta. La revelación del audio provocó un fuerte revuelo interno en el espacio político salteño, aunque ningún referente consultado por el programa radial quiso brindar declaraciones al respecto.
Situación judicial de la denuncia
Tras el archivo de la denuncia, en septiembre la fiscal de Impugnación Nº 2, Mónica Poma, resolvió reabrir la investigación contra Emilia Orozco por presuntos aportes compulsivos destinados a sostener la estructura partidaria.
La decisión judicial contradice la resolución inicial de un fiscal de primera instancia que había desestimado la denuncia por considerarla “un conflicto de índole privada”.
La fiscal Poma consideró insuficiente el cierre de la causa y ordenó avanzar con nuevas medidas.
Entre ellas, pidió informes a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal y a la propia conducción de La Libertad Avanza sobre los mecanismos de financiamiento partidario.
El objetivo es establecer si los aportes reclamados a funcionarios públicos se enmarcan en la normativa electoral vigente o si constituyen un esquema de extorsión y abuso de poder.
De este modo, la investigación seguirá su curso no solo contra Orozco, sino también sobre otros referentes libertarios de la provincia, como Carlos Zapata y Ricardo Ortega.
Fuente: El Vocero
