El mes pasado, más de 50 trabajadores fueron desvinculados de la planta que la empresa opera sobre la Ruta 26, en un proceso que incluyó reducción de actividades y ausencia de explicaciones públicas. Los hechos se produjeron semanas después de un operativo federal contra el contrabando y lavado de activos vinculados al tráfico de metales y reactivaron antecedentes detectados meses antes en rutas del país.
A comienzos de noviembre, la empresa metalera Metalnor avanzó con la desvinculación de más de 50 trabajadores de su planta ubicada sobre la Ruta Provincial 26, en Salta. Según relataron empleados cesanteados en ese momento, las notificaciones se realizaron sin previo aviso y alcanzaron a operarios, maquinistas y personal administrativo, quedando en actividad solo un grupo reducido.
De acuerdo con la información publicada el mes pasado por el semanario Cuarto Poder, algunos trabajadores con más de una década de antigüedad habrían sido alcanzados por esquemas de retiro voluntario con montos inferiores a los habituales, mientras que en el área administrativa se contabilizaron alrededor de veinte despidos. Hasta hoy, la empresa no emitió un comunicado oficial explicando las razones de la medida ni el futuro operativo de la planta.
En esos mismos días, testigos señalaron que en las inmediaciones del predio se produjo la quema de un contenedor con carpetas y documentación. El episodio habría sido acompañado por un cordón de seguridad privada que impidió el acceso de vecinos y trabajadores. No se informó oficialmente qué tipo de documentación fue destruida ni si existió intervención de organismos de control.
Este proceso interno se produjo semanas después de un operativo nacional encabezado por la Policía Federal Argentina, que permitió desarticular una organización dedicada al contrabando de metales y al lavado de activos mediante criptomonedas. La investigación, según se informó oportunamente, incluyó allanamientos en 12 localidades del país, con secuestros de dólares, pesos y criptoactivos, además de la detención de nueve personas.
La modalidad investigada consistía en la adquisición de cobre y bronce en el mercado ilegal, su traslado hacia el norte argentino y su posterior exportación hacia Paraguay, Bolivia y otros destinos internacionales, con conexiones en Brasil, Europa, Estados Unidos y China. Los investigadores indicaron que las ganancias se canalizaban a través de criptoactivos para evitar controles financieros tradicionales.
En este contexto, Cuarto Poder recordó un antecedente ocurrido meses atrás, en abril de este año, cuando un control sobre la Ruta Nacional N° 3 detectó un cargamento de cobre declarado como chatarra, con inconsistencias entre la documentación y la carga transportada. En aquella oportunidad, las imágenes difundidas mostraban un camión identificado con el logo de Metalnor, aunque el episodio no derivó entonces en comunicaciones oficiales ni sanciones públicas.
Fuentes vinculadas al sector metalero indicaron que ese no habría sido un hecho aislado y que existirían otros episodios bajo análisis relacionados con el transporte de metales y los circuitos comerciales utilizados. No obstante, hasta el momento no se informó oficialmente sobre imputaciones penales o sanciones administrativas contra la empresa.
Cabe recordar que en marzo de este año Metalnor, propiedad de los hermanos Yobi, concretó la compra de Aceros Zapla, operación que fue anunciada públicamente y que incluyó un cambio de denominación societaria. En el nuevo esquema directivo figura Fernando Yarade, exfuncionario nacional y provincial, quien participó de las presentaciones institucionales del proyecto industrial en Jujuy.
A más de un mes de aquellos hechos, la combinación de despidos, reducción de actividades, quema de documentación y antecedentes vinculados a investigaciones federales continúa generando interrogantes en distintos ámbitos, tanto laborales como políticos. Sin embargo, hasta la fecha no hubo pronunciamientos oficiales por parte de la empresa ni de organismos provinciales sobre la situación.
Mientras tanto, según FM Profesional la planta continúa operando a un nivel mínimo y decenas de familias siguen afectadas por las desvinculaciones, en un escenario que permanece bajo observación y a la espera de definiciones formales.
