os datos no siempre hacen ruido a primera vista. A veces se esconden detrás de promedios nacionales que parecen moderados, pero estallan cuando se los observa de cerca. Eso es lo que ocurre con la extranjerización de la tierra en la Argentina y, en particular, en la provincia de Salta.
Un reciente estudio del Observatorio de Tierras —elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET— vuelve a poner el foco en una realidad que, medida a escala departamental, resulta alarmante.
A nivel nacional, el relevamiento indica que cerca del 5% del territorio argentino, más de 13 millones de hectáreas, está en manos de empresas, personas o Estados extranjeros. En términos comparativos, se trata de una superficie equivalente a todo el territorio de Inglaterra. Sin embargo, los propios autores del informe advierten que el dato agregado es apenas la punta del iceberg: la verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando se desciende al detalle territorial.
Salta, entre las provincias más comprometidas
En ese mapa fino, Salta emerge como uno de los casos más delicados del país. Los departamentos de Molinos y San Carlos encabezan el ranking nacional con niveles de extranjerización que rondan el 60% de su superficie total. Es decir, en esos territorios, más de la mitad de la tierra no pertenece a propietarios argentinos.
Pero no se trata de una anomalía aislada. Otros departamentos salteños como Orán, La Viña y General Güemes también presentan porcentajes muy superiores al promedio nacional, consolidando a la provincia como una de las jurisdicciones con mayor concentración de tierras en manos foráneas. El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que, según la Ley de Tierras (N° 26.737), ninguna provincia debería superar el 15% de extranjerización.
Formalmente, Salta no excede ese límite cuando se analiza el total provincial. Sin embargo, el informe demuestra que ese criterio resulta insuficiente: al menos 36 departamentos del país ya superan el tope legal, una situación que deja en evidencia las debilidades del sistema de control vigente y el carácter meramente estadístico de algunos límites normativos.
Quiénes son los dueños y qué territorios concentran
El relevamiento también pone nombre y origen al fenómeno. Estados Unidos lidera el listado de propietarios extranjeros con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Entre estas tres nacionalidades concentran cerca de la mitad de toda la tierra extranjerizada del país. Solo las tierras en manos estadounidenses, señalan los investigadores, superan en extensión a toda la provincia de Tucumán.
En el caso de Salta, esta concentración no es neutra desde el punto de vista geográfico ni productivo. Los departamentos con mayores niveles de extranjerización coinciden con zonas estratégicas: áreas con acceso a recursos hídricos, territorios de valor agrícola, regiones con potencial extractivo y corredores logísticos clave. El mapa interactivo desarrollado por el Observatorio de Tierras permite visualizar con claridad cómo la propiedad del suelo se superpone con bienes comunes no reproducibles, como el agua, el monte nativo y los recursos minerales.
Más allá de los registros: impacto social y ambiental
Para los autores del informe, la extranjerización de la tierra no es solo una cuestión registral. En departamentos donde gran parte del territorio pertenece a propietarios foráneos, las decisiones sobre el uso del suelo, el acceso al agua, la producción y la infraestructura se toman cada vez más lejos de las comunidades locales.
En Salta, esta situación adquiere una dimensión particular. La provincia combina actividades agropecuarias, proyectos extractivos y la presencia histórica de comunidades rurales e indígenas. En ese entramado, la concentración de tierras en manos extranjeras profundiza tensiones preexistentes y limita la capacidad de las poblaciones locales para incidir en el destino de su propio territorio que, como vienen sosteniendo, la propiedad sobre los mismos es pre existente al Estado Nacional, provincial y municipal. Y ejemplo de ello es el reciente conflicto sucedido en Embarcación, en donde la comunidad wichí de Carboncito reclamó por la usurpación a manos de un empresario, dejando personas presas por protestar, y una grave denuncia de connivencia y armado de causas. Lo de Embarcación no resulta aislado, sino que se muestra en mayor o menor escala, dejando un panorama verdaderamente preocupante
El informe recuerda, además, que estos procesos no son nuevos. Durante la década de 1990, especialmente en zonas de frontera, se registraron procesos de desregulación y ventas irregulares de tierras que debilitaron los controles del Estado. Para los investigadores, el escenario actual —marcado por la concentración territorial, el avance de intereses extractivos y el retiro del Estado de su rol regulador— profundiza una dinámica que describen como una “cesión silenciosa” del suelo argentino.
Un debate que se retoma
La publicación del relevamiento se produce en un contexto político sensible: el Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Tierras, una norma que, aunque imperfecta, buscó establecer límites y mecanismos de control sobre la extranjerización. Desde el Observatorio de Tierras advierten que esta flexibilización no apunta a incentivar inversiones productivas, sino a facilitar el acceso de capitales extranjeros a recursos estratégicos.
En ese marco, los números de Salta funcionan como una señal de alerta. Más allá de los discursos, el mapa muestra una transformación profunda del territorio provincial y reabre un interrogante central: quiénes deciden hoy sobre la tierra, el agua y los recursos que condicionan no solo el desarrollo económico, sino también el presente y el futuro de la provincia.
Con datos abiertos y una herramienta interactiva disponible para cualquier ciudadano, el informe deja planteada una discusión que excede lo técnico. En Salta, al menos, las cifras ya no permiten mirar para otro lado.
