La polémica escaló y ya no puede disimularse. Un fotógrafo acreditado por la Comisión Organizadora de los Corsos Color Orán publicó un aviso en el que prohíbe expresamente a los medios de comunicación utilizar imágenes o videos de su autoría sin pagar por ello, advirtiendo incluso que créditos, menciones o etiquetas no reemplazan el pago económico. El mensaje, lejos de pasar desapercibido, encendió el enojo y la incredulidad en el ámbito periodístico local.
El planteo no solo resulta desmedido, sino también profundamente contradictorio con la realidad del evento: los fotógrafos acreditados no pagan absolutamente nada para trabajar en los corsos. No abonan canon, no realizan aportes económicos, no alquilan espacios ni cubren costos de acceso. Por el contrario, reciben una acreditación gratuita que les permite ingresar a sectores privilegiados del corsódromo, cubrir el espectáculo de cerca y producir material gracias a una organización que sostiene el evento con recursos públicos y privados.
En este contexto, la actitud de pretender cobrar a los medios por el uso de imágenes de un evento popular financiado para su difusión resulta, como mínimo, insólita, y como máximo, una avivada que roza el oportunismo.
Nadie discute que la fotografía es un trabajo profesional ni que los derechos de autor existen. Lo que sí se cuestiona con firmeza es la doble vara: acceso gratuito, beneficios exclusivos y luego facturación a medios locales que cumplen una función social esencial, informando y difundiendo una fiesta que pertenece a toda la comunidad.
Según destacó Informate Orán, los medios de comunicación de Orán no lucran con las imágenes de los corsos; informan, promocionan, visibilizan y sostienen viva la identidad cultural de la ciudad. Pretender convertir la cobertura periodística en un negocio privado, sin reglas claras ni acuerdos previos, es atacar directamente el derecho a la información y condicionar la labor periodística con intereses individuales.
Más grave aún es que este tipo de posturas expone una falta total de criterio institucional. Si la intención era comercializar el material de manera exclusiva, entonces jamás debió otorgarse una acreditación gratuita, o al menos debieron establecerse normas claras desde el inicio. Lo contrario es simple y llanamente aprovecharse del evento y luego intentar monetizarlo a costa de quienes lo difunden.
La Comisión Organizadora tampoco puede mirar para otro lado. Este conflicto deja en evidencia la necesidad urgente de revisar el sistema de acreditaciones, fijar condiciones, responsabilidades y límites. De lo contrario, se seguirá habilitando un terreno fértil para abusos, tensiones innecesarias y un clima hostil entre trabajadores de la comunicación.
Los Corsos Color Orán son una fiesta popular, no un estudio privado ni una pasarela comercial exclusiva. Convertir su cobertura en un campo de disputas económicas individuales es traicionar el espíritu del carnaval y faltarle el respeto a la comunidad que lo sostiene año tras año.
