Un sujeto acusado por administración fraudulenta accedió por el término de un año a una suspensión de juicio a prueba. Fue denunciado por el apoderado de la firma comercial dedicada a la venta de artículos ópticos y de audiología donde él trabajaba como empleado.
El acusado (41) era considerado una persona de confianza y tenía a su cargo el control y manejo de cuentas bancarias, saldos, tarjetas de crédito, emisión y transferencias de cheques a proveedores, seguimientos de pagos (cuentas corrientes), entre otras tareas contables. No obstante, se constató que, entre junio de 2023 y febrero de 2025, el imputado transfirió a sus cuentas bancarias personales importantes sumas de dinero. Así vio incrementado su patrimonio a lo largo de los años y logró comprar un inmueble donde instaló un taller de chapa y pintura. Además, pudo ampliar su vivienda, ubicada en un barrio privado de la localidad de Cerrillos.
Durante una audiencia flexible y multipropósito del Plan Piloto de Oralidad, el juez Federico Diez concedió la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa del acusado, con conformidad de la fiscalía y la querella.
Para conservar el beneficio, durante un año el imputado deberá fijar residencia y comunicar cualquier cambio; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; no cometer nuevo hecho que sea considerado delito; realizar tareas comunitarias consistentes en la donación de pañales al Hospital Público Materno Infantil durante un año.
Además, el juez tuvo por ofrecida la reparación del daño ocasionado mediante el pago de una suma de dinero en efectivo al damnificado.
