SALTA.- (Por Renato Ocampo para el Intransigente) La situación laboral de más de dos mil ordenanzas que prestan servicio en establecimientos educativos de la provincia de Salta volvió a tensarse en las últimas horas. Los trabajadores denuncian que llevan más de seis años aguardando el pase a planta permanente en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, pese a que —según aseguran— existen resoluciones y documentación firmada que avala su incorporación. Ante la falta de respuestas de Cristina Fiore, no descartan convocar a un paro general que podría afectar el funcionamiento de numerosas escuelas.
El conflicto tiene su origen en la incorporación de estos trabajadores a través del Plan Potenciar, desde donde fueron absorbidos mediante convenios de colaboración con el área educativa provincial. Inicialmente percibían alrededor de 70 mil pesos y, tras sucesivas actualizaciones, hoy cobran aproximadamente 130 mil pesos mensuales, sin estabilidad laboral ni cobertura social. Los ordenanzas sostienen que ya realizaron los trámites administrativos correspondientes para su regularización y que el incumplimiento de la resolución 912 constituye una vulneración directa de derechos laborales.
La brecha salarial es uno de los puntos más sensibles del reclamo. Mientras un ordenanza de planta permanente percibe cerca de 1.400.000 pesos en bruto —unos 900 mil pesos en mano tras descuentos—, quienes continúan bajo convenio aseguran que sus ingresos actuales se ubican por debajo de la línea de indigencia. Además, denuncian que cumplen jornadas superiores a las cuatro horas estipuladas contractualmente y que muchas trabajadoras destinan gran parte de su salario al transporte.
La problemática ya impacta en el funcionamiento institucional de algunos establecimientos. Según relatan, la falta de personal —producto de jubilaciones y designaciones en tareas pasivas sin reemplazo— dejó a escuelas como la Brown sin jornada extendida ni comedor. Desde el sector advierten que, de concretarse un paro, muchas instituciones podrían directamente no abrir sus puertas por ausencia de ordenanzas.
