El Fondo de Reparación Histórica (FRH) no es nuevo: fue creado en 2011 durante el Gobierno de Juan Manuel Urtubey y Andrés Zottos, con una ley provincial que autorizó unos USD 220 millones para obras en el norte salteño (Orán, San Martín y Rivadavia).
Su objetivo era financiar infraestructura, escuelas, hospitales, agua, caminos, etc.
Se planificaron 176 obras, pero muchas no se terminaron o quedaron inconclusas.
Hoy después de 15 años, la auditoria General de la Provincia detectó irregularidades, obras no realizadas y problemas de control sobre los fondos.
Lo sorprendente es que el organismo de contralor en Salta se tomó 15 años para para determinar que hubo irregularidades.
De 176 obras, solo 84 se completaron.
El 52% quedó inconcluso, paralizado o directamente no se hizo.
Incluso hay casos de obras pagadas, pero sin ejecución física.
Solo el 24% del dinero terminó en obras finalizadas.
El 76% se gastó en proyectos inconclusos o caídos.
Urtubey le dejó a su hermano Rodolfo el manejo de los fondos
En otras palabras: 3 de cada 4 pesos no generaron obras útiles. Se pagaron adelantos de dinero años antes de que empiecen las obras.
Casos extremos: hasta 4 o 5 años de diferencia entre el pago y el inicio.
También hubo anticipos para obras que nunca se hicieron.
Hay expedientes incompletos o inexistentes,
dificultad para seguir el rastro del dinero y ni siquiera se puede comprobar en qué se gastó gran parte de la plata.
Hubo sobrecostos y desmanejo financiero con obras que triplicaron su costo original.
Gustavo Ferraris, presidente de la Auditoría General de la Provincia sale a denunciar las irregularidades 15 años despues
La auditoría sobre el Fondo de Reparación Histórica volvió a poner en el centro del debate público una de las promesas más ambiciosas para el desarrollo del norte de Salta, hoy convertida en un caso emblemático de ineficiencia, opacidad y posibles responsabilidades políticas compartidas.
Según fuentes del Gobierno salteño, el avance de la auditoría responde a una decisión política actual y reconoció implícitamente una falta de controles durante años anteriores. Sus declaraciones, lejos de cerrar el debate, abren nuevos interrogantes: ¿por qué no se investigó antes? ¿Quiénes se beneficiaron del silencio institucional?
Pero el foco no se limita a la administración provincial. La lupa también apunta a los gobiernos municipales que participaron en la planificación y ejecución inicial de las obras. En ese período, Marcelo Lara Gros gobernaba Orán, mientras que Sergio Napoleón Leavy estaba al frente de Tartagal. Ambos formaron parte del esquema político que impulsó el Fondo y anunciaron proyectos que hoy figuran entre los más cuestionados.
La situación resulta particularmente grave si se considera la naturaleza de las obras comprometidas: plantas de agua potable, redes de saneamiento e infraestructura básica. No se trata de proyectos secundarios, sino de servicios esenciales que aún hoy siguen siendo una deuda pendiente para miles de habitantes.
El caso del Fondo de Reparación Histórica expone algo más profundo que una serie de obras inconclusas: revela fallas sistemáticas en la planificación, ejecución y control del gasto público. También deja en evidencia una posible cadena de responsabilidades políticas que atraviesa distintos niveles de gobierno.
En Orán y Tartagal, donde las promesas aún no se materializan, la discusión ya no gira solo en torno a cifras, sino a la confianza. La auditoría en curso deberá responder no solo qué pasó con los fondos, sino también quiénes deberán rendir cuentas por una oportunidad histórica que, hasta ahora, parece haber sido desperdiciada.
