Al llegar la policía a constatar el cumplimiento de las medidas, los atendió el hombre y les manifestó que habían decidido retomar la relación, pese a que semanas antes se habían dictado restricciones judiciales por violencia de género.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, solicitó ante el juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa contra un hombre de 32 años imputado por el presunto delito de desobediencia judicial y una mujer de 33 años imputada por el mismo delito, al considerar concluida la investigación penal preparatoria y en atención a la gravedad que implica el incumplimiento de medidas judiciales dictadas en un contexto de violencia de género.
Según surge de la investigación, el hecho ocurrió el 16 de marzo, cuando personal policial que realizaba control de consigna ambulatoria en el domicilio de la mujer, ubicado en barrio San Francisco de Campo Quijano, detectó la presencia del hombre en el interior de la vivienda. La pareja manifestó que habían decidido retomar la relación.
Ambos se encontraban alcanzados por medidas dispuestas el pasado 2 de marzo, por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2, que establecían una prohibición de acercamiento recíproca de 300 metros, además de la prohibición de ingreso del hombre al domicilio, medidas que habían sido debidamente notificadas.
De acuerdo a la acusación fiscal, el hombre incumplió de manera consciente la orden judicial al encontrarse en el domicilio, mientras que la mujer habría permitido su ingreso, desoyendo también las restricciones vigentes.
En su presentación, el fiscal Escalante remarcó que el incumplimiento de este tipo de medidas no constituye un hecho menor, sino que representa un serio riesgo en contextos de violencia de género, donde las disposiciones judiciales buscan prevenir situaciones de mayor lesividad. En ese sentido, sostuvo que la conducta atribuida a ambos imputados implica un claro menosprecio por la autoridad judicial y un debilitamiento de los mecanismos de protección dispuestos para resguardar la integridad de las personas involucradas.
Con los elementos reunidos —denuncia, informes policiales y constancias documentales— el Fiscal consideró acreditada la existencia del hecho y la participación de ambos imputados, por lo que solicitó la remisión de la causa a juicio.
