Según los abogados que denuncian a la senadora, las empresas vinculadas figuran con su mismo domicilio.
SALTA (Por Renato Ocampo).- La senadora nacional Flavia Royón se encuentra en el centro de una grave acusación judicial que pone en duda la integridad de su función pública y su imparcialidad en el debate legislativo.
Fabián Maggi, abogado integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, confirmó la presentación de una denuncia penal contra la legisladora salteña por la “probable comisión de los delitos de incompatibilidad en el ejercicio de la función pública”, fundamentada en una investigación que probaría que Royón no cumplió con las previsiones del Código de Ética de los Funcionarios Públicos.
En una entrevista exclusiva para EL INTRA, Maggi detalló que la senadora habría mantenido un “doble rol público-privado y sobre todo en el sector minero”, interviniendo y obteniendo réditos de empresas de las que forma parte mientras ocupa cargos estratégicos en el Estado.
El letrado explicó que esta supuesta red de beneficios se articula a través de tres firmas principales: “Zelandez, en la cual la senadora Flavia Royón ocupó el directorio, y las otras dos empresas son Minenco SAS y Minenenco SAS”, estas últimas dedicadas a la consultoría y prestación de servicios técnicos para el sector extractivo.
La clave está en Valle Escondido
Uno de los puntos más reveladores de la explicación de Maggi radica en la presunta confusión patrimonial y societaria de la legisladora. Según el abogado, la participación de Royón en Minenco y Minenenco sería “en calidad de titular o socia”, a pesar de no figurar directamente en los papeles de conformación.
Maggi subrayó un dato que considera una prueba irrefutable de este entrecruzamiento de información: “el domicilio fiscal, real y legal de la empresa Minenco y Minenenco están en el lote 36 del barrio cerrado de Valle Escondido, en Salta, ese mismo domicilio la senadora lo declaró como su domicilio residencial” al asumir su cargo en el directorio de Zelandez.
Maggi sostiene que el delito de incompatibilidad se configura porque el funcionario persigue un beneficio propio, algo que en este caso se traduce en el impulso que Royón le da a la reforma de la Ley de Glaciares. Para el abogado, el objetivo de la senadora es claro: “que las empresas mineras puedan alargar la vida útil de los proyectos existentes y desarrollar otros nuevos sobre zonas de ambiente periglaciar”.
Intereses por la Ley de Glaciares y el protagonismo de Royón
Maggi denunció que esta reforma no es una cuestión técnica inocente, sino un traje a medida para el sector privado que Royón integra. La propia senadora ha manifestado públicamente que la actual ley de protección “limita el 80% de los proyectos de cobre” lo que, en palabras del abogado, demuestra que la modificación legal le genera “un beneficio económico tanto a las mineras propiamente dicho como a la senadora”.
De esta manera, el protagonismo de Royón en la desprotección de los recursos hídricos estratégicos del país quedaría ligado a su interés personal como proveedora y asesora de las mismas corporaciones que hoy se ven frenadas por la normativa vigente.
La denuncia, que ya ha sido radicada en los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado del doctor Julián Ercolini, vincula directamente este beneficio privado con el accionar político de la senadora respecto a la normativa ambiental.
El Intransigente
