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<\/figure>\n\n\n\nDel operativo participaron 33 efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminolog\u00eda, junto a personal de UDEC. Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en la zona centro de la ciudad de Salta, en los barrios Democracia, Divino Ni\u00f1o y Primera Junta, y en dos viviendas de la localidad de Cerrillos. Como resultado, se secuestraron dispositivos electr\u00f3nicos, celulares, documentaci\u00f3n considerada de inter\u00e9s para la causa y la suma de $1.317.000 en efectivo. Adem\u00e1s, por requerimiento fiscal, fueron inmovilizadas 15 cuentas bancarias pertenecientes al principal investigado y de la plataforma Cocos, a donde fueron enviados $ 120 millones.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal Salinas Odorisio investiga distintas denuncias formuladas contra un cabo primero del Servicio Penitenciario, presentadas mayormente por integrantes de fuerzas de seguridad. De acuerdo con los relatos, el acusado les habr\u00eda ofrecido un \u201csistema\u201d de inversiones que, seg\u00fan manifestaba, funcionaba desde la pandemia. El esquema se presentaba como un c\u00edrculo cerrado y confidencial, sin monto m\u00ednimo de ingreso, con promesas de intereses mensuales que oscilar\u00edan entre el 10% y el 15%, y con posibilidad de realizar retiros parciales del capital.<\/p>\n\n\n\n Como suele ocurrir en este tipo de maniobras, las personas denunciantes indicaron que durante los primeros meses habr\u00edan recibido pagos parciales de intereses e incluso devoluciones de capital, lo que habr\u00eda reforzado la confianza y favorecido la continuidad de los aportes. Con el paso del tiempo, comenzaron las demoras, pedidos de pr\u00f3rroga, transferencias a trav\u00e9s de cuentas de terceros y, finalmente, el cese casi total de las respuestas.<\/p>\n\n\n\n Una de las denunciantes, tambi\u00e9n agente penitenciaria, se\u00f1al\u00f3 haber entregado $7.000.000 y haber percibido durante los meses de junio y julio rendimientos del 15%, hasta que en agosto el denunciado habr\u00eda dejado de cumplir con los pagos, alegando problemas financieros, para luego interrumpir toda comunicaci\u00f3n. Otra mujer, personal de seguridad de la Alcaid\u00eda General de la Ciudad, manifest\u00f3 haber entregado $1.000.000 en agosto sin haber obtenido ganancias ni respuestas. En tanto, una tercera agente del Servicio Penitenciario denunci\u00f3 haber aportado m\u00e1s de $24.000.000, tras lo cual su compa\u00f1ero habr\u00eda dejado de responder sus mensajes.<\/p>\n\n\n\n A partir del an\u00e1lisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores de UDEC detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado \u2014Mercado Pago, Ual\u00e1 y Naranja X\u2014, aunque el circuito total habr\u00eda involucrado al menos 22 cuentas. El volumen de dinero movilizado superar\u00eda los $2.702.170.181. Asimismo, se identific\u00f3 que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habr\u00edan realizado transacciones con el denunciado, adem\u00e1s de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En ese contexto, se detect\u00f3 tambi\u00e9n el env\u00edo de m\u00e1s de $120 millones a la firma Cocos Capital SA, maniobra que simular\u00eda inversiones reales y a otorgar apariencia de legalidad al circuito financiero investigado.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n permiti\u00f3 adem\u00e1s establecer que el denunciado no habr\u00eda actuado de manera aislada. La evidencia reunida indicar\u00eda la existencia de una estructura interna, con funcionarios que habr\u00edan cumplido roles activos como puntos de captaci\u00f3n y canalizaci\u00f3n de fondos de terceros. Entre los casos analizados se destaca el de una funcionaria penitenciaria (\u00faltima denunciante), cuyo perfil econ\u00f3mico y crediticio resultar\u00eda incompatible con las m\u00e1s de 94 transferencias realizadas al acusado por un monto superior a los $118 millones. Sus ingresos declarados, su historial crediticio y su capacidad financiera comprometida tornar\u00edan improbable que esos fondos provinieran de capital propio, por lo que se investiga si habr\u00eda actuado como canalizadora de dinero de otros damnificados, con un rol relevante en la operatoria.<\/p>\n\n\n\n El mismo patr\u00f3n se advertir\u00eda en otros agentes del Servicio Penitenciario que registran un doble flujo de dinero: transferencias significativas hacia el denunciado y retornos peri\u00f3dicos que se corresponder\u00edan con el pago de supuestos intereses. Este mecanismo habr\u00eda servido para sostener la confianza interna, legitimar el enga\u00f1o y ampliar la red de captaci\u00f3n dentro de la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Para la fiscal la maniobra responder\u00eda a una estructura de tres niveles: el denunciado, vinculado a \u00e1reas administrativas del Servicio Penitenciario, como organizador del esquema; un grupo reducido de funcionarios que habr\u00edan actuado como captadores y consolidadores de fondos, aprovechando el v\u00ednculo laboral y la confianza entre pares; y una base amplia de aportantes integrada por m\u00e1s de un centenar de efectivos penitenciarios. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el desarrollo de la maniobra dentro del propio \u00e1mbito institucional agravar\u00eda la situaci\u00f3n investigada, al implicar un eventual abuso del cargo y de la confianza depositada entre compa\u00f1eros de trabajo.<\/p>\n\n\n\n Tras el operativo, el principal investigado y una mujer fueron citados a audiencia de imputaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El principal investigado se desempe\u00f1aba en la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n del SPPS. El esquema habr\u00eda movilizado m\u00e1s de 2.700 millones de pesos, implicar\u00eda a m\u00e1s de un centenar de efectivos y se habr\u00eda sostenido mediante promesas de altos rendimientos y una red interna de captaci\u00f3n de fondos. 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