La comunidad vich\u00ed Yokwespehen (en espa\u00f1ol, \u201cdesocupados, despose\u00eddos\u201d) se encuentra en el km 20 de la Ruta Nacional 86, en la localidad de Tartagal (Salta). Est\u00e1 conformada por quince familias. Entre ellos, hay cuarenta ni\u00f1os y adolescentes y cuarenta y cinco personas adultas. Desde hace aproximadamente veinte d\u00edas, reciben amenazas y hostigamiento por parte del terrateniente Jorge Panayotidis. Este \u00faltimo, radic\u00f3 en 2019 una denuncia penal contra las autoridades de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n
El 16 de octubre de este a\u00f1o, el presidente de la comunidad, Rodolfo Suarez Yokwespehen, denunci\u00f3 a Panayotidis por usurpar territorios ancestrales, destruir el cercado de la comunidad y otros da\u00f1os tras los que se dio a la fuga en su camioneta. La autoridad de la comunidad solicit\u00f3 que se tomaran medidas legales por violaci\u00f3n a los derechos de los ni\u00f1os y de la comunidad y la aplicaci\u00f3n de la Ley Nacional 26.160 donde se reconoce la ocupaci\u00f3n actual, tradicional y p\u00fablica de esas tierras.<\/p>\n\n\n\n
El municipio, la provincia e instituciones nacionales est\u00e1n no s\u00f3lo al tanto de la existencia de la comunidad sino de todos sus tr\u00e1mites en relaci\u00f3n a la demarcaci\u00f3n del territorio. Lo cual queda gr\u00e1ficamente reflejado en el cartel de la Comunidad que fue realizado por el municipio de Tartagal y que lleva su escudo.<\/p>\n\n\n\n
Se propuso una mesa de di\u00e1logo para canalizar los reclamos planteados en la carta de las comunidades presentada en el mes de julio a los siguientes organismos: INADI (Instituto Nacional contra la Discriminaci\u00f3n, la Xenofobia y el Racismo, de Naci\u00f3n y Provincia), Ministerio de Desarrollo Social de la Naci\u00f3n, Secretar\u00eda de Derechos Humanos de Naci\u00f3n y al Presidente de la Naci\u00f3n. Los \u00fanicos funcionarios que respondieron para iniciar un proceso conforme a los reclamos de las comunidades fueron el titular del INADI Salta, Gustavo Farquharson y Victoria Donda, titular del INADI Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La causa contra la comunidad existe desde el a\u00f1o pasado pero los organismos del Estado (INAI, Instituto Nacional de Asuntos Ind\u00edgenas, y la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas), a pesar de conocer la situaci\u00f3n, no actuaron a favor de estas personas. Ni siquiera dispusieron herramientas legales como el amparo u otras normativas para que se garanticen derechos humanos b\u00e1sicos, aumentando as\u00ed la vulnerabilidad de las v\u00edctimas. Mientras tanto, las amenazas y atropellos por parte del supuesto due\u00f1o, sus amigos y la polic\u00eda, no cesan. Tal es as\u00ed que, miembros de esta y otras comunidades aleda\u00f1as, decidieron manifestarse al costado de la ruta 86, a la altura de km 5 (Comunidad Loira).<\/p>\n\n\n\n
El mi\u00e9rcoles 21 de octubre se agrav\u00f3 la situaci\u00f3n de amenazas de desalojo. A las cinco de la ma\u00f1ana, los ancianos alertaron sobre la presencia de personal policial. Vieron que ingresaban violentamente, rodeando a la comunidad mientras que los dem\u00e1s integrantes dorm\u00edan. Sintieron fuertes ruidos de caballos, un grupo de polic\u00edas (aproximadamente veinte) rodearon a un joven oblig\u00e1ndolo a leer una notificaci\u00f3n de desalojo a cargo del oficial Olivera. Actuaban de esa manera porque el presidente de la comunidad exig\u00eda una orden de desalojo firmada por un juez. El operativo cont\u00f3 con diez camionetas, seis polic\u00edas de la montada, cinco motorizados.<\/p>\n\n\n\n
Continuaron maltratando a las personas. Forzaron a las mujeres a salir de sus camas, a recoger sus pertenencias y retirarse del lugar sin importar sus ni\u00f1os. A los hombres, les hicieron desarmar las viviendas con total impunidad, violando derechos constitucionales, tratados internacionales de derechos del ni\u00f1o y derechos civiles que protegen a los ancianos.<\/p>\n\n\n\n
Al ver estos atropellos, una de las abuelas decidi\u00f3 tomar a los ni\u00f1os y salir al monte para protegerse y llegar a otra comunidad ubicada a 4 kil\u00f3metros.
Para evitar m\u00e1s violencia y riesgo de sus vidas, las dem\u00e1s familias decidieron retirarse de manera voluntaria y pac\u00edfica. El personal policial continuaba desarmando y rompiendo las viviendas prefabricadas que miembros de la comunidad construyeron con mucho esfuerzo, con materiales del monte. Ten\u00edan una vida organizada, con econom\u00eda propia autosustentable. Destruyeron paneles solares, muebles, elementos de trabajo, alimentos, abrigo y las casas en su totalidad.<\/p>\n\n\n\n
Al agravarse la violencia institucional, se dio conocimiento a la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) a trav\u00e9s de su Secretaria de Pueblos Originarios, Dra. Claudia Andrea Gotta. Su intervenci\u00f3n, junto a la del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Ind\u00edgenas) fue crucial. Sus responsables se comunicaron con Rodolfo Su\u00e1rez para interiorizarse de la situaci\u00f3n. Acordaron la espera de diez d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s tarde, sin tener un lugar a donde ir, las personas de la comunidad se convocaron a la altura del km 5. Dejaron sus pertenencias al costado de sus tierras, en el km 20. La polic\u00eda custodiaba el territorio despejado, como hab\u00eda ordenado la Justicia. Sosteni\u00e9ndose ante tanto da\u00f1o, al medio d\u00eda recibieron una notificaci\u00f3n intim\u00e1ndolos a retirar sus cosas del lugar.<\/p>\n\n\n\n
Ante la difusi\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n y el pedido de las organizaciones de DDHH a funcionarios locales, provinciales y nacionales para frenar toda esta violencia y asistir a las familias, nos preguntamos: \u00bfQu\u00e9 rol cumple la Secretar\u00eda de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Tartagal a cargo de la Sra. Margarita Rauch? \u00bfPor qu\u00e9 no actu\u00f3 cuando recibi\u00f3 el oficio del Juzgado? Sabemos que antes de realizarse un desalojo esa Secretar\u00eda debe brindar asistencia a las familias vulnerables. Son muchas las preguntas que nos hacemos. No solo porque se ignoran las leyes sino tambi\u00e9n por la persecuci\u00f3n y el desamparo estatal de mujeres y ni\u00f1os abandonados, siendo que es el Estado quien debe garantizarles condiciones de vida dignas.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n nos preguntamos qu\u00e9 pas\u00f3 con el oficio enviado el 16 de octubre donde se especifica \u201c\u2026 dar inmediata intervenci\u00f3n a la Secretar\u00eda de la Ni\u00f1ez de esta ciudad y al asesor de incapaces en turno que corresponda, teni\u00e9ndose en cuenta que (\u2026) pudiera encontrase en juego el resguardo de la integridad de personas menores de edad en riesgo social o extrema vulnerabilidad (\u2026) Dar intervenci\u00f3n al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Salta a los fines de que (\u2026) se d\u00e9 la debida y necesaria contenci\u00f3n a los desalojados para resguardar la dignidad de las personas y se adopten las medidas asistenciales necesarias y de promoci\u00f3n social, acordes con la acreditaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de pobreza y de demanda habitacional. Firman: Dr. Nelson Aramayo (Juez) y Dra. Tamara Peralta (Secretaria)\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Si los organismos del Estado incumplieron su rol (lo cual hubiera evitado da\u00f1os que no tienen reparo), \u00bfqui\u00e9n pens\u00f3 en los cuerpos de las mujeres? \u00bfEn la salud de los ni\u00f1os y en la integridad de toda una comunidad? Despu\u00e9s de este desalojo violento no se efectu\u00f3 la \u201cpromoci\u00f3n social\u201d que dispuso la Justicia. Como pueblos ind\u00edgenas, estas personas, no tienen \u201cdemanda habitacional\u201d sino que son due\u00f1os del territorio por herencia ancestral.<\/p>\n\n\n\n
Desde Desarrollo Humano se interpret\u00f3 ese oficio con tres bolsones de mercader\u00eda para quince familias (con cuarenta ni\u00f1os) y tres colchones. Las familias llevan varios d\u00edas desatendidas en todos los aspectos necesarios. El personal de salud no se present\u00f3, en plena crisis sanitaria. Solo el d\u00eda del desalojo lleg\u00f3 una ambulancia del sistema p\u00fablico argumentando que el m\u00e9dico y la enfermera estaban para atender a la fuerza policial, en caso de que hubiese alg\u00fan herido entre quienes ejecutaban el desalojo.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a lo decidido por la comunidad (en acompa\u00f1amiento con otras comunidades) continuaron en el km 5, al costado de la ruta 86, solicitando la presencia de funcionarios del INAI y de la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas. A las tres de la tarde de ese d\u00eda mi\u00e9rcoles 21 de octubre, se realiz\u00f3 una reuni\u00f3n por Zoom propuesta por el titular del INADI con representantes de las comunidades de los Departamentos de Or\u00e1n, San Mart\u00edn y Rivadavia; el secretario de Asuntos Ind\u00edgenas Luis G\u00f3mez Almaraz y el secretario general de la gobernaci\u00f3n Mat\u00edas Posadas. En esa mesa de di\u00e1logo, los funcionarios provinciales se comprometieron a brindar respuestas a las prioridades m\u00e1s urgentes. Entre ellas: atender con urgencia a la situaci\u00f3n del desalojo, la falta de acceso al agua, a la tierra, a los servicios de salud, vivienda y educaci\u00f3n; la restituci\u00f3n del Centro de Recuperaci\u00f3n Nutricional del Hospital de Tartagal y la asignaci\u00f3n de un letrado (abogado Ramiro Gonz\u00e1lez) como intermediario entre el gobierno y la Justicia.<\/p>\n\n\n\n
Al finalizar la reuni\u00f3n, los referentes de las comunidades de Tartagal regresaron a la ruta 86 para analizar lo acordado con los funcionarios y compartir la informaci\u00f3n con quienes se encontraban all\u00ed. Conforme a ello, decidieron quedarse en el lugar hasta el d\u00eda jueves. Una variable m\u00e1s de vulnerabilidad en estas situaciones de desalojo es el agotamiento por permanecer en la ruta con altas temperaturas. Pasaban las horas y no ten\u00edan ning\u00fan tipo de respuestas. Decidieron consultar por v\u00eda telef\u00f3nica en la ciudad de Salta al equipo t\u00e9cnico de la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas. Con malas maneras y autoritariamente, les explicaron que desde esa \u00e1rea estaban arbitrando los medios con la Justicia. Pero las comunidades segu\u00edan en vilo, sin la presencia de ninguna autoridad, ni provincial ni municipal.<\/p>\n\n\n\n
Ante la angustia y la espera, la comunidad tom\u00f3 medidas urgentes. Porque, a la vez, desde comunidades cercanas al km 2, se les inform\u00f3 que sus territorios estaban bajo el fuego provocado por el terrateniente que se dedica al agro negocio de soja transg\u00e9nica, un exponente de las fumigaciones de agro t\u00f3xicos en la zona de Tartagal y de la extracci\u00f3n de madera del monte. Por lo tanto, resolvieron que algunos se quedar\u00edan en la ruta y los dem\u00e1s se dirigir\u00edan al lugar en el km 20 para apagar el fuego. Las pertenencias de las familias hab\u00edan quedado tiradas en la vera de la ruta y corr\u00edan peligro de quemarse.<\/p>\n\n\n\n
Las horas pasaban y se acrecentaba la preocupaci\u00f3n no solo de la comunidad sino de otras comunidades y de las organizaciones de DDHH que acompa\u00f1aban este justo reclamo. Al llegar a su tierra, las personas se encontraron con una camioneta propiedad de Jorge Panayotidis. Con tonos amenazantes, sus ocupantes manifestaron que deb\u00edan alambrar el monte. No era la primera vez que se actuaba con esa prepotencia. Desde hace a\u00f1os recorren esos lugares en su camioneta 4×4 con armas, realizando tiros al cartel que identifica a la comunidad.<\/p>\n\n\n\n
La gente expresaba su intranquilidad frente al atropello y la ausencia del Estado. Esperaban la presencia de funcionarios que resolvieran con urgencia estas arbitrariedades. Luego de horas, se presentaron el abogado Ramiro Gonz\u00e1lez, Rafael Monta\u00f1a y otra persona m\u00e1s. Despu\u00e9s de un tiempo de charla, llegaron a un acuerdo no muy favorable para las personas damnificadas: les propusieron un acampe frente de su propio espacio por un lapso de diez d\u00edas. En ese tiempo, se llevar\u00eda a cabo la mensura del territorio. Mientras tanto, las familias quedaban expuestas a su suerte. En esta mediaci\u00f3n enga\u00f1osa, tambi\u00e9n se encontraban efectivos de la polic\u00eda, un comisario a cargo del operativo del desalojo que se comprometieron a no avanzar con el alambrado. Lo cual nos hace sospechar de todo el proceso judicial, de las decisiones y de la connivencia entre la municipalidad y el supuesto terrateniente usurpador.<\/p>\n\n\n\n
En conclusi\u00f3n, las familias quedaron con sus pertenencias a la intemperie. Sus viviendas destrozadas, sus cercos incendiados, los postes cortados por la mitad con motosierra para que no puedan cercar. Los ni\u00f1os desamparados, porque no se pens\u00f3 en su integridad f\u00edsica. La polic\u00eda tir\u00f3 los \u00fatiles de la escuela (cartillas y cuadernos) que utilizaban para realizar sus actividades. Las dos veces que llovi\u00f3 se da\u00f1aron y no se pudieron recuperar. Llegada la noche, llovi\u00f3 una vez m\u00e1s. Las familias continuaron expuestas a una situaci\u00f3n de abandono
El domingo 25 de octubre, acompa\u00f1amos y asistimos con alimentos a las familias de la comunidad. Pudimos recorrer el territorio da\u00f1ado por el violento desalojo y el incendio. Vimos los postes cortados del cerco, herramientas de trabajo arruinadas, pertenencias personales y comunitarias totalmente deterioradas. Las organizaciones presentes eran: Liga Argentina por los DDHH, Asamblea Permanente por los DDHH de los Pueblos Ind\u00edgenas, UTT (Uni\u00f3n de Trabajadores de la Tierra), Fundaci\u00f3n \u201cVolviendo a casa\u201d, Corriente Peronista Descamisados, Loly Baz\u00e1n (docente miembro del CISEN, Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino, UNSa) y Movimiento Ind\u00edgena de Liberaci\u00f3n Territorio y Dignidad. Hasta la fecha, continuamos acompa\u00f1ando a las familias de la comunidad Yokwespehen no solo para garantizarles su alimentaci\u00f3n sino para exigir justicia por los da\u00f1os ocasionados.<\/p>\n\n\n\n
El domingo 25, durante la noche, fuertes vientos causaron la ca\u00edda de ramas de \u00e1rboles sobre las carpas precarias que armaron con nylon simple como techo. El viento las desarm\u00f3 por completo. Sin saber qu\u00e9 hacer, sin luz sin linternas, buscaron los medios para proteger a los ni\u00f1os. Sobre todo, a tres ni\u00f1as de meses y a las personas ancianas. A la madrugada, volvieron a armar las carpas.<\/p>\n\n\n\n
El d\u00eda lunes 26, integrantes de la organizaci\u00f3n UTT nos trasladamos hasta el km 20 para preparar y brindarles un almuerzo. El martes 27, tambi\u00e9n compartimos actividades recreativas de estimulaci\u00f3n temprana con ni\u00f1os peque\u00f1os y charlas con los integrantes de la comunidad. Entonces, fuimos testigos de la presencia de una camioneta blanca que se estacion\u00f3 en la ruta durante la ma\u00f1ana. El chofer y una mujer descendieron del veh\u00edculo. Hablaron con el presidente de la comunidad, le explicaron que eran del \u00e1rea de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tartagal y bajaron dos bolsas negras de consorcio que conten\u00edan ropa usada para ni\u00f1os y una bolsa con dieciocho pares de calzados: cuatro de alpargatas y catorce crocs para adultos. Tambi\u00e9n notamos la presencia de un agente sanitario que entreg\u00f3 dos paquetes de leche a una madre con ni\u00f1os menores de seis a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Durante la ma\u00f1ana y tarde que permanecimos al costado de la ruta 86 con las familias desalojadas, vimos circular camiones cargados de rollos de madera y otros transportes pesados. Somos testigos de que, en contexto de pandemia, se sigue deforestando los montes con mayor intensidad y sin registro alguno. No existe control del saqueo de los montes de esta zona.<\/p>\n\n\n\n
Los \u00faltimos hechos sucedidos en la comunidad son las persistentes amenazas de parte de hombres de la familia Panayotidis. Recorr\u00edan el territorio, por la ruta, en una camioneta blanca. La ma\u00f1ana del viernes, se estacionaron y descendi\u00f3 el chofer con un revolver en la cintura. Tres hombres se quedaron mirando. El conductor se dirigi\u00f3 directamente hacia las mujeres sentadas junto sus ni\u00f1os. Les dijo, con acento prepotente, de amenaza, que, si no desarmaban la galer\u00eda construida en la banquina de la ruta, volver\u00edan con m\u00e1s amigos a \u201ctirarla\u201d porque interrump\u00eda su ingreso a la finca que supuestamente compraron sus padres hace 40 a\u00f1os. Las madres y ancianas de la comunidad est\u00e1n muy preocupadas por el amedrentamiento persistente de estos hombres que portan armas para demostrar su poder.<\/p>\n\n\n\n
Se realiz\u00f3 una rueda (reuni\u00f3n) y las madres relataron llorando lo que les toc\u00f3 pasar. Los desgarradores relatos no son solo de esos d\u00edas. Desde hace muchos a\u00f1os las mujeres vienen siendo abusadas, violadas, por criollos. Y amenazadas de la misma forma que lo hace la familia Panayotidis. Miembros de la Fundaci\u00f3n \u201cVolviendo a casa\u201d contuvieron y asesoraron a las v\u00edctimas. A las 19:00, lleg\u00f3 la Polic\u00eda para tomar la denuncia. El efectivo policial no dej\u00f3 constancia de ella, tampoco se respet\u00f3 el marco de la Ley 26.485 que protege a las mujeres.<\/p>\n\n\n\n
El d\u00eda lunes 2 de noviembre por la ma\u00f1ana, las mujeres v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero se presentaron en el Poder Judicial para denunciar a la persona que las amenaz\u00f3 con un arma el d\u00eda viernes 30. No se pudo identificarla con nombre y apellido y por esa raz\u00f3n se dificult\u00f3 la denuncia. Se trata del protagonista de la denuncia por desalojo a nombre de Jorge Panayotidis. El tr\u00e1mite continuar\u00eda al d\u00eda siguiente.<\/p>\n\n\n\n
El jueves 5 de noviembre los hermanos vich\u00ed de la comunidad Yokwespehen regresaron a su territorio ancestral. Sabemos que a\u00fan hay mucha lucha por delante.<\/p>\n\n\n\n
(*) Educadora Sanitaria graduada de la U.N.Sa., Sede Regional Tartagal. Estudiante de la Lic. en Educaci\u00f3n para la Salud de la U.N.Ju. Perteneciente al pueblo Tup\u00ed Guaran\u00ed. Militante de los Derechos Humanos<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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