{"id":117038,"date":"2026-08-25T15:44:48","date_gmt":"2026-08-25T18:44:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.todoeldia.com\/?p=117038"},"modified":"2026-08-25T15:44:49","modified_gmt":"2026-08-25T18:44:49","slug":"el-diputado-gerardo-orellana-y-su-rol-para-la-gestion-de-pensiones-por-discapacidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/2026\/08\/25\/el-diputado-gerardo-orellana-y-su-rol-para-la-gestion-de-pensiones-por-discapacidad\/","title":{"rendered":"El diputado Gerardo Orellana y su rol para la gesti\u00f3n de pensiones por discapacidad"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n est\u00e1 centrada en las localidades de El Quebrachal y Joaqu\u00edn V. Gonz\u00e1lez, en el departamento de Anta, donde m\u00e1s de un 15 por ciento de la poblaci\u00f3n es beneficiaria de estas pensiones. Los imputados -entre ellos, un diputado provincial y el gerente de un hospital- fueron acusados de integrar una organizaci\u00f3n criminal dedicada a la captaci\u00f3n, tramitaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de pensiones no contributivas por discapacidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el marco de la investigaci\u00f3n penal que lleva adelante desde julio de 2024, el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Mart\u00edn Amad, imput\u00f3 el mi\u00e9rcoles pasado a quince personas -diez de ellas, funcionarios p\u00fablicos- por integrar una organizaci\u00f3n dedicada a falsificar certificados m\u00e9dicos y diversa documentaci\u00f3n que permiti\u00f3 la gesti\u00f3n y obtenci\u00f3n de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta, donde los beneficiarios suman 4.305, m\u00e1s de un 15 por ciento de la poblaci\u00f3n local.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acompa\u00f1ado por la auxiliar fiscal Roxana Gual, el fiscal Amad -quien destac\u00f3 el respaldo a la investigaci\u00f3n del fiscal de Distrito, Eduardo Villalba- formaliz\u00f3 las acusaciones ante el juez federal de Garant\u00edas N\u00b02, Diego Anzorreguy, al cabo de una audiencia de siete horas de duraci\u00f3n. El juez autoriz\u00f3 un plazo de investigaci\u00f3n de un a\u00f1o y el registro de anotaci\u00f3n de litis por el mismo plazo sobre los bienes de los acusados. Se trata de una medida cautelar que implica la publicidad, a trav\u00e9s de los registros p\u00fablicos respectivos, sobre que aquellos bienes son objeto de un litigio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tras la reuni\u00f3n de evidencia en dos tandas de allanamientos -26 en total- realizados en noviembre y junio pasados, el fiscal formaliz\u00f3 la imputaci\u00f3n este mi\u00e9rcoles contra los m\u00e9dicos Jos\u00e9 y Humberto B., Julio O., Luis V.,&nbsp;C\u00e9sar Ramiro Blanco, Jos\u00e9 Wilson Mu\u00f1oz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, y el exgerente del hospital de El Quebrachal, Oscar Luna, quien no es m\u00e9dico sino \u201clicenciado en Comunicaciones\u201d. Todos ellos fueron imputados por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, en grado de miembro, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificaci\u00f3n ideol\u00f3gica de instrumento p\u00fablico e incumplimiento de deberes de funcionario p\u00fablico. Este \u00faltimo delito no se le imput\u00f3 a quienes se encuentran individualizados con iniciales, dado que no se desempe\u00f1aron en la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Orellana, adem\u00e1s de m\u00e9dico, es actualmente diputado provincial por el departamento de Anta. Morales, en tanto, se desempe\u00f1\u00f3 como gerente del hospital Enrique Romero, de El Quebrachal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ese cargo tambi\u00e9n fue ejercido por Blanco y Mu\u00f1oz Torres, quienes ahora son propietarios, cada uno, de una cl\u00ednica privada. El resto de los m\u00e9dicos acusados, que no desempe\u00f1aron cargos p\u00fablicos, tambi\u00e9n poseen centros m\u00e9dicos privados en Joaqu\u00edn V. Gonz\u00e1lez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Amad expuso que la maniobra consisti\u00f3 en la emisi\u00f3n de certificados de salud falsos y en la adulteraci\u00f3n de ex\u00e1menes m\u00e9dicos que luego eran utilizados para la tramitaci\u00f3n de la pensi\u00f3n no contributiva por discapacidad que paga la ANSES.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por otra parte, el fiscal imput\u00f3 con la misma calificaci\u00f3n al exjefe de la sucursal de ANSES en El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; al bioqu\u00edmico del hospital Francisco Solano de El Galp\u00f3n, Luciano Benjam\u00edn Esteban; y a los empleados municipales de El Quebrachal y Joaqu\u00edn V. Gonz\u00e1lez, Manuel Rolando C\u00f3rdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares. Tambi\u00e9n fue imputado el kiosquero Hugo M. -a quien no se atribuy\u00f3 el delito especial para funcionarios p\u00fablicos- dado que, seg\u00fan explic\u00f3 el fiscal, desde su local comercial ubicado \u201ca la vuelta\u201d del hospital de El Quebrachal captaba posibles beneficiarios, falsificaba documentaci\u00f3n con el uso de la fotocopiadora y cargaba los tr\u00e1mites de las pensiones por Internet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En tanto, el fiscal tambi\u00e9n refiri\u00f3 que Luna, quien -sin ser m\u00e9dico- se desempe\u00f1\u00f3 como gerente del hospital de El Quebrachal desde 2017 a 2025, tuvo un rol fundamental, dado que se encargaba de firmar, con la matr\u00edcula del m\u00e9dico Morales, el \u201ccertificado m\u00e9dico oficial\u201d (CMO), en el que se consignaba los requisitos indispensables como el diagn\u00f3stico y el porcentaje de discapacidad para el otorgamiento de la pensi\u00f3n no contributiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El fiscal expuso un informe elaborado por la Gendarmer\u00eda Nacional que indica que en la ciudad de Salta existen unas 9.000 pensiones no contributivas por discapacidad que no cumplen los requisitos, de un total de 39.715. Calcul\u00f3 el perjuicio por el pago de esas pensiones en 3.240 millones de pesos por mes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Amad se\u00f1al\u00f3 que este paso era considerado el m\u00e1s importante previo a elevar el pedido a la ANSES, instancia en la que interven\u00edan otros actores como Salazar y, posteriormente, el \u00e1rea de Acci\u00f3n Social de la Municipalidad donde trabajaba Romano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En tal sentido, el fiscal tambi\u00e9n destac\u00f3 el rol de Romano como reclutadora de los interesados en recibir las pensiones no contributivas que no cumpl\u00edan los requisitos legales y como nexo directo entre dirigentes pol\u00edticos como Orellana, los m\u00e9dicos Morales, Blanco y Mu\u00f1oz Torres, y personal de la ANSES.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el fiscal, Romano se encargaba de recopilar la documentaci\u00f3n, como la copia del DNI y el informe negativo de ANSES respecto de que los aspirantes no percib\u00edan otro beneficio, y aseguraba que se realizar\u00eda el tr\u00e1mite con \u00e9xito si cada uno efectuaba un pago de dinero en efectivo o transferencias, que superaban los 300 mil pesos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En algunos casos, el costo, ya sea de obtenci\u00f3n o renovaci\u00f3n, pod\u00eda llegar hasta 1 mill\u00f3n de pesos, indic\u00f3 el fiscal, y narr\u00f3 que, para ello las personas beneficiarias, de escasos recursos, tomaban pr\u00e9stamos o vend\u00edan alg\u00fan bien o animales para poder acceder al beneficio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El rol de Orellana<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El fiscal resalt\u00f3 que, durante su gesti\u00f3n como intendente de Joaqu\u00edn V. Gonz\u00e1lez entre 2007 y 2011, el actual diputado Orellana aval\u00f3 con su firma tr\u00e1mites de personas que no cumpl\u00edan los requisitos y que, de esa forma, permiti\u00f3 el acceso irregular a beneficios que hoy contin\u00faan vigentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El fiscal sostuvo que, en \u00e9poca electoral, Orellana ofrec\u00eda pensiones a cambio de votos a familias completas cuyos integrantes no padec\u00edan una enfermedad invalidante. Al respecto, cit\u00f3 el caso que deriv\u00f3 a la Unidad Fiscal Salta el titular de la Unidad Fiscal para la Investigaci\u00f3n de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), Guillermo Marijuan, en el que se corrobor\u00f3 que miembros de una familia obtuvieron pensiones por discapacidad sin cumplir requisitos, con el diagn\u00f3stico del m\u00e9dico Julio O. y el aval del intendente Orellana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n rese\u00f1\u00f3 el expediente de una persona de 32 a\u00f1os que actualmente trabaja como empleada dom\u00e9stica, a quien Orellana valid\u00f3 un diagn\u00f3stico de un 97% de discapacidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En las entrevistas realizadas por la fiscal\u00eda durante la investigaci\u00f3n del caso en esos municipios se estableci\u00f3 que dirigentes pol\u00edticos visitaban los parajes y ofrec\u00edan pensiones, y que daban referencias de las cl\u00ednicas a las cuales los aspirantes deb\u00edan acudir, con quienes deb\u00edan hablar en la ANSES y a qui\u00e9nes llevar directamente los papeles en la municipalidad, a cambio de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La investigaci\u00f3n est\u00e1 centrada en las localidades de El Quebrachal y Joaqu\u00edn V. 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