Son nueve integrantes del municipio de General Pizarro, en el sur de la provincia. El fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, del \u00c1rea de Casos Complejos, lleva adelante la pesquisa, la cuarta ya formalizada all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n
En una nueva audiencia de formalizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal contra funcionarios por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el juez federal de Garant\u00edas 2 Miguel Medina hizo lugar el mi\u00e9rcoles a la imputaci\u00f3n presentada por la fiscal\u00eda por el delito de defraudaci\u00f3n a la administraci\u00f3n p\u00fablica, esta vez, contra nueve empleados del municipio de General Pizarro, ubicado a 273 kil\u00f3metros al sur de la capital de Salta.<\/p>\n\n\n\n
La imputaci\u00f3n fue requerida por el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, del \u00c1rea de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien tambi\u00e9n lleva adelante otros tres casos similares, seguidos contra un total de 38 funcionarios, entre ellos 26 concejales de distintos municipios y tres empleados con cargos jer\u00e1rquicos en el PAMI, a quienes ahora se le suman los nueve empleados municipales.<\/p>\n\n\n\n
Tras identificar a los acusados, en una audiencia que se sigui\u00f3 con los protocolos sanitarios del caso, el fiscal Toranzos expuso ante el juez los hechos y la imputaci\u00f3n penal para cada uno de los funcionarios, tarea que se facilit\u00f3 con ayuda de una proyecci\u00f3n digital. Toranzos indic\u00f3 que, en este caso, la investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a partir de la denuncia del propio intendente de General Pizarro, Antonio P\u00e9rez, quien revel\u00f3 que, al menos, doce empleados de la administraci\u00f3n que dirige habr\u00edan cobrado el IFE.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn vista de esta denuncia, se realizaron distintas diligencias y tareas investigativas, que nos permitieron establecer que nueve de esos empleados sindicados por el jefe comunal hab\u00edan realizado los tr\u00e1mites para acceder al IFE\u201d, explic\u00f3 el fiscal. Como resultado de esta tarea, llevada adelante por Virginia Wierna, secretaria del \u00c1rea de Casos Complejos y las investigadoras Evangelina Navarro, Andrea Espinoza y Mar\u00eda Laura Saravia, la fiscal\u00eda pudo reunir suficientes elementos de cargo.<\/p>\n\n\n\n
Beneficio<\/p>\n\n\n\n
Previo a referirse a cada uno de los hechos, el fiscal record\u00f3 las razones por las cuales el Gobierno Nacional, en el marco de la pandemia a\u00fan vigente, dispuso el otorgamiento del subsidio IFE, a trav\u00e9s del decreto 310, en el cual se especific\u00f3 los requisitos y cu\u00e1l ser\u00eda el organismo a cargo de llevar a cabo la adjudicaci\u00f3n y control del beneficio.<\/p>\n\n\n\n
En ese marco, resalt\u00f3 que el IFE fue destinado a ayudar a las personas que, ante la disposici\u00f3n de aislamiento obligatorio, se quedaron sin ninguna posibilidad de acceder a ingresos, ya sea por qu\u00e9 no ten\u00edan un trabajo con relaci\u00f3n de dependencia o eran parte del mercado informal.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa imposibilidad de acceder a este beneficio en caso de encontrarse con un trabajo con relaci\u00f3n de dependencia, era uno de los requisitos que fue claramente explicitado en el decreto\u201d, se\u00f1al\u00f3 el fiscal, quien destac\u00f3 que, con el IFE, el Estado Nacional busc\u00f3 ayudar a las personas con mayor vulnerabilidad.<\/p>\n\n\n\n
Los acusados<\/p>\n\n\n\n
Tras se\u00f1alar todas las pruebas reunidas, entre ellas informes remitidos por organismos de contralor, como la misma ANSES, a cargo de la adjudicaci\u00f3n del beneficio; la AFIP y distintas entidades bancarias, el fiscal describi\u00f3 la situaci\u00f3n de cada uno de los imputados.<\/p>\n\n\n\n
Respecto a Gabriela Fernanda Alvarez, indic\u00f3 que la misma se desempe\u00f1a con el cargo de auxiliar y accedi\u00f3 al cobro de dos cuotas del IFE, al igual que Enzo Mart\u00edn Bautista, quien trabaja en el municipio y es delegado del I.P.S.S.<\/p>\n\n\n\n
Id\u00e9ntica situaci\u00f3n se estableci\u00f3 en cuanto a Ra\u00fal Rafael Cardozo, con el cargo de chofer; Nanci Argelia Fern\u00e1ndez, con el cargo de administrativa; Julio Humberto Paz, con el cargo de agente de tr\u00e1nsito; Eva Virazate, con el cargo de cobranza de piso y Francisca Ernestina Zarza, encargada del Registro Civil.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, en tanto, se refiri\u00f3 a los empleados que percibieron un pago del IFE, siendo en este caso Marcela Mireya Artiaga, con el cargo de ordenanza y Cristian Humberto Erazo Santa Ana, quien se desempe\u00f1a como Director de Cultura en el municipio.<\/p>\n\n\n\n
En cada caso, el fiscal describi\u00f3 los montos que percibieron los acusados al momento de los hechos, como as\u00ed tambi\u00e9n los que perciben actualmente, lo cual surge de los informes bancarios y de la AFIP remitidos a la fiscal\u00eda. Tambi\u00e9n present\u00f3 las pruebas que establecen la relaci\u00f3n de dependencia con el estado, en este caso provincial.<\/p>\n\n\n\n
Incompatibilidad<\/p>\n\n\n\n
En virtud de todo ello, el fiscal destac\u00f3 que \u201ctodos ellos prestaban servicios en el municipio y percib\u00edan sus haberes, por ello era incompatible el acceso al IFE; no obstante, llevaron adelante los tr\u00e1mites y con ello, causaron un grave perjuicio al Estado Nacional, en especial a las personas para quienes estaba destinado este beneficio\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, record\u00f3 la investidura de funcionarios p\u00fablicos de los mismos, quienes, por esa raz\u00f3n, deb\u00edan haberse regidos por las normas de \u00e9tica vigente para la funci\u00f3n p\u00fablica, entre ellas la de proteger los bienes del Estado Nacional.<\/p>\n\n\n\n
En vista de todo ello, el fiscal imput\u00f3 a los acusados el delito de defraudaci\u00f3n a la administraci\u00f3n p\u00fablica en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario p\u00fablico, delito que prev\u00e9 penas de dos a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n perpetua para el ejercicio de cargos p\u00fablicos. Solicit\u00f3, por \u00faltimo, un plazo de investigaci\u00f3n de 60 d\u00edas h\u00e1biles y requiri\u00f3 la aplicaci\u00f3n de reglas de conductas para los acusados, entre ellas el compromiso de colaborar con la justicia y la de no salir del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, los defensores oficiales, Agust\u00edn Mogaburu y Ximena Colombres, interrogaron a sus defendidos respecto a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de cada uno, en especial respecto a parientes que estar\u00edan a su cargo, tras lo cual el juez dio por formalizada la investigaci\u00f3n en los t\u00e9rminos requeridos por la fiscal\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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