El juez de primera instancia del trabajo de Met\u00e1n, Ronaldo Robles, hizo lugar a la demanda interpuesta por una mujer que sufr\u00eda acoso y atroppello laboral por parte de su empleador.<\/p>\n\n\n\n
Conden\u00f3 al establecimiento donde trabajaba la mujer, a pagarle la suma de 1.983.341.91 pesos, a valores del 31 de octubre de 2020, por indemnizaci\u00f3n por antig\u00fcedad, indemnizaci\u00f3n sustitutiva de preaviso, indemnizaci\u00f3n del mes de preaviso, con m\u00e1s lo agravantes indemnizatorios y da\u00f1o moral, m\u00e1s intereses conforme la tasa activa promedio mensual del Banco de la Naci\u00f3n Argentina, la que regir\u00e1 hasta su efectivo pago.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s impuso al due\u00f1o del establecimiento, a su hijo y al personal de recursos humanos de la firma demandada, la obligaci\u00f3n de asistir a talleres de capacitaci\u00f3n obligatoria en g\u00e9nero y violencia de g\u00e9nero, con los contenidos de la Ley Micaela, para la \u201cSensibilizaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n en perspectiva de g\u00e9nero\u201d, en el plazo de 60 d\u00edas, bajo apercibimiento de aplicar astreintes a favor de la actora.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n orden\u00f3 dar cumplimiento con la Acordada 13171 de la Corte de Justicia de Salta, que adhiri\u00f3 al Protocolo de Actuaci\u00f3n del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de G\u00e9nero de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JU.FE.JUS).<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, comunic\u00f3 lo decidido en la sentencia a la Fiscal\u00eda Penal de Rosario de la Frontera, donde se tramita la denuncia penal radicada por la mujer.<\/p>\n\n\n\n
El juez record\u00f3 que la actora, en su condici\u00f3n de trabajadora, es \u201csujeto de preferente tutela constitucional\u201d, y agreg\u00f3 que de las pruebas aportadas no qued\u00f3 duda alguna que \u201cla trabajadora en su condici\u00f3n de mujer, no solo fue afectada en su dignidad, sino que el obrar de parte del superior jer\u00e1rquico con el hostigamiento y violencia laboral, provoco un da\u00f1o grave en la salud de la trabajadora, quien luego de haber sido despedida sin causa (04\/06\/2015), a la fecha no puede insertarse en el mercado laboral por padecer `da\u00f1o ps\u00edquico grave\u00b4\u201d.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1adi\u00f3 que la actora fue violentada en su condici\u00f3n de mujer y sufri\u00f3 hostigamiento y humillaci\u00f3n durante la prestaci\u00f3n de su trabajo para la firma demandada. Ante ello, la mujer interpuso denuncia ante la Fiscal\u00eda Penal de Rosario de la Frontera por violencia de g\u00e9nero, pero la misma fue archivada por falta de m\u00e9rito. Teniendo en cuenta esto, la trabajadora se encontr\u00f3 privada de la tutela judicial efectiva en esas actuaciones ante la Fiscal\u00eda Penal, conculc\u00e1ndose la garant\u00eda de defensa, recordando que la trabajadora contaba con la auxilio de las previsiones de la de protecci\u00f3n integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los \u00e1mbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.<\/p>\n\n\n\n
En consecuencia dentro del contexto se\u00f1alado, dijo que no cabe duda que se trata de una situaci\u00f3n acreditada que debe necesariamente considerarse como violencia de g\u00e9nero, por lo que corresponde juzgar con perspectiva de g\u00e9nero, en raz\u00f3n de aplicar las normas internacionales y nacionales correspondientes, \u201cante el compromiso como operadores del sistema de justicia de garantizar la tutela judicial efectiva por un imperativo constitucional y convencional, la que no puede concretarse si como en el caso de autos al resolver la controversia judicial, no incluye el enfoque de g\u00e9nero\u201d, por lo que las garant\u00edas del los justiciables en su condici\u00f3n de vulnerabilidad, surgir\u00eda un decisorio con ausencia de las garant\u00edas de igualdad y no discriminaci\u00f3n, conculcando esa normativa supranacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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