De acuerdo a la acusaci\u00f3n, las maniobras delictivas despojaron al Estado Nacional de cientos de ca\u00f1os estructurales de una obra p\u00fablica y perjudicaron a miles de habitantes de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
l mi\u00e9rcoles y jueves pasado, en una audiencia de doble jornada dada la magnitud de los hechos e imputaciones, el fiscal general Eduardo Jos\u00e9 Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, rebati\u00f3 planteos defensivos y consolid\u00f3 as\u00ed la acusaci\u00f3n penal por la cual ahora el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado ir\u00e1 a juicio oral y p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
La audiencia, en la cual la fiscal\u00eda ratifica la acusaci\u00f3n, se plantean acuerdos de resoluci\u00f3n de conflicto y se debate respecto a la prueba que se tratar\u00e1 en el juicio, fue dirigida por el juez Federal de Revisi\u00f3n Alejandro Augusto Castellanos, mientras que la coordinaci\u00f3n estuvo a cargo de la Oficina Judicial Salta.<\/p>\n\n\n\n
Con la defensa de Prado y Mat\u00edas Rossi presentes en la sala y la de los otros nueve imputados por video conferencia, el fiscal Villalba repas\u00f3 los aspectos m\u00e1s salientes de la acusaci\u00f3n y la investigaci\u00f3n y posterior acusaci\u00f3n que el Ministerio P\u00fablico Fiscal llev\u00f3 adelante, con la actuaci\u00f3n coordinada de los fiscales Jos\u00e9 Luis Bruno y Marcos Romero de las Sede Descentralizada de Or\u00e1n y Tartagal, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n
Las actuaciones se iniciaron en febrero del a\u00f1o pasado a partir de diversas notas period\u00edsticas. Luego, el 18 de mayo, se formaliz\u00f3 la acusaci\u00f3n contra Prado, su ex secretario de Hacienda, Fredy C\u00e9spedes y el empresario Diego Alos, presidente de la empresa mendocina OSYP SA, por los delitos de fraude a la administraci\u00f3n p\u00fablica y robo agravado. Posteriormente, el 28 de julio, y como resultado de una investigaci\u00f3n m\u00e1s profunda, se ampli\u00f3 la acusaci\u00f3n hacia otros empresarios y trabajadores del rubro transportista que habr\u00edan participado de las maniobras; incluso la fiscal\u00eda solicit\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva de Prado \u2013que fue concedida- a fin de avanzar con una serie de allanamientos y tomar de testimoniales en Aguaray.<\/p>\n\n\n\n
La tarea de la fiscal\u00eda, seg\u00fan lo expuesto por el fiscal, incluy\u00f3 distintas medidas de prueba, como allanamientos -tanto en Salta como en la provincia de Buenos Aires- y la contestaci\u00f3n de diversos planteos defensivos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe trata de un caso de enorme trascendencia, tanto local como nacional, en el que la fiscal\u00eda, casualmente, tom\u00f3 en cuenta el trabajo de los distintos medios period\u00edsticos, entre ellos diario El Tribuno y otros medios nacionales que siguieron de cerca el trabajo de la fiscal\u00eda\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Suma millonaria<\/p>\n\n\n\n
Al ingresar sobre el caso, el fiscal Villalba, asistido por la auxiliar fiscal Roxana Gual, se\u00f1al\u00f3 que los acusados, en sus distintos roles, llevaron adelante una maniobra con el \u00fanico objetivo de apropiarse ilegalmente de bienes del Estado Nacional, en este caso ca\u00f1os del Gasoducto GNEA, con el solo fin de obtener un provecho econ\u00f3mico con su comercializaci\u00f3n. Los principales acusados en esta maniobra, seg\u00fan surge de las pruebas colectadas por la fiscal\u00eda, proyectaban ganar sumas millonarias. Como muestra de ello se cit\u00f3 un manuscrito secuestrado en poder de uno de los acusados, en el que se hac\u00eda un c\u00e1lculo de ganancia de casi un mill\u00f3n y medio de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan lo expuesto por el MPF, la intenci\u00f3n de los imputados apuntaba al apoderamiento de ca\u00f1os por un tramo de 35 kil\u00f3metros, que atraviesa la localidad de Aguaray y parajes circunvecinos, entre ellos en El Desemboque, en Alto La Sierra. Cabe mencionar que la fiscal\u00eda logr\u00f3 recuperar m\u00e1s de 250 ca\u00f1os que fueron extra\u00eddos de la traza del gasoducto, parte de los cuales fueron secuestrados en la zona, como en el predio de uno de los empresarios acusados, en Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPara lograr este negocio millonario, los acusados actuaron en dos etapas. La primera se puso en marcha d\u00edas antes de que Prado asumiera como intendente de Aguaray, cuando el empresario Alos, uno de los principales responsables y mentores de este fraude, present\u00f3 una nota para extraer los ca\u00f1os bajo el pretexto de que se trataban de pasivos ambientales, oportunidad en la que ofreci\u00f3 como contraprestaci\u00f3n la instalaci\u00f3n de juegos infantiles y mano de obra para los habitantes de Aguaray\u201d, indic\u00f3 el fiscal. Explic\u00f3 que dicha propuesta, arteramente perge\u00f1ada, fue llamativamente una de las primeras acciones de gobierno de Prado, quien dio origen a la Resoluci\u00f3n Municipal 1215\/019, el instrumento utilizado para consumar la defraudaci\u00f3n, que se termin\u00f3 de completar con el robo de los ca\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTodo esto ya estaba planificado antes de la asunci\u00f3n de Prado, quien apenas se coloc\u00f3 la banda de intendente electo de Aguaray no hizo m\u00e1s que traicionar el voto popular y permiti\u00f3 deliberadamente el saqueo de bienes sobre los cuales no ten\u00eda ning\u00fan dominio, pues los ca\u00f1os pertenecen a una obra del Estado Nacional\u201d, remarc\u00f3 el fiscal general.<\/p>\n\n\n\n
En esta primera etapa, Prado habr\u00eda actuado junto a C\u00e9spedes, quien \u201csigui\u00f3 a su jefe a sabiendas de que lo que hac\u00edan era un delito\u201d. \u201cNo es verdad que desconoc\u00eda lo que suced\u00eda, lo que no s\u00f3lo surge del razonamiento sino tambi\u00e9n de las pruebas que se lograron reunir en su contra, las que indican claramente su participaci\u00f3n en la defraudaci\u00f3n y el robo de ca\u00f1os\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Cadena delictiva<\/p>\n\n\n\n
Al avanzar con la acusaci\u00f3n y los roles del resto de los imputados, el fiscal se\u00f1al\u00f3 que este hecho tuvo una segunda etapa, puesta en marcha cuando se hizo p\u00fablico el robo de los ca\u00f1os y la ilegalidad de la resoluci\u00f3n 1215\/19, que posteriormente le vali\u00f3 a Prado su destituci\u00f3n, el 16 de octubre del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
Para Villalba, Alos y Prado contrataron a Adri\u00e1n Vera, un joven empresario que se habr\u00eda convertido en un eslab\u00f3n con los otros acusados, entre ellos Cristi\u00e1n Buczek, quien se desempe\u00f1aba como encargado de la firma Vera SA.<\/p>\n\n\n\n
La hip\u00f3tesis del MPF es que Vera ingres\u00f3 a esta cadena delictiva para seguir con la sustracci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de los ca\u00f1os, por lo cual recibi\u00f3 800 mil pesos, dinero con el cual contrat\u00f3 a Andr\u00e9s Ayala, gerente de la empresa Perterser SRL, quien proporcion\u00f3 la maquinaria necesaria para la extracci\u00f3n de los ca\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
En los mismos t\u00e9rminos, Vera habr\u00eda ingresado en la maniobra a Milt\u00f3n Saavedra y Bruno Degoy, socios de la empresa MyP Servicios Especiales, quienes aportaron un predio para el acopio de los ca\u00f1os sustra\u00eddos, en una especie de escala antes de ser comercializados.<\/p>\n\n\n\n
El empresario Mat\u00edas Rossi, presidente de la empresa Comarfil SA, con instalaciones en el partido bonaerense de Quilmes, en tanto, fue otro de los acusados. Se le atribuye haber adquirido ca\u00f1os que les fueron vendido por Alos, quien junto a Prado ten\u00eda el mayor dominio de los bienes enajenados.<\/p>\n\n\n\n
Ya sin la resoluci\u00f3n 1215\/19, Vera puso en marcha otra maquinaria ilegal, que habr\u00eda consistido en la falsificaci\u00f3n de remitos a nombres de otras empresas conocidas del rubro, documentaci\u00f3n con la cual llevaron adelante el traslado de los ca\u00f1os robados.<\/p>\n\n\n\n
Para el fiscal, tanto Rossi, acusado de encubrimiento real agravado, Buczek, Ayala, Saavedra y Degoy, imputado por robo agravado, no fueron sorprendidos en su buena fe, pues sab\u00edan muy bien que los ca\u00f1os eran de procedencia ilegal. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que llam\u00f3 la atenci\u00f3n que Rossi no se percatara de que los ca\u00f1os que les compr\u00f3 a Alos ten\u00eda el n\u00famero de serie limado. En cuanto a Vera, tambi\u00e9n acusado por robo agravado y uso de documentaci\u00f3n falsa, remarc\u00f3 claramente que detr\u00e1s de la estampa de empresario joven, no hab\u00eda m\u00e1s que \u201cun ladr\u00f3n de ca\u00f1os\u201d, quien era ampliamente conocido en el ambiente. Al ser detenido, a\u00f1adi\u00f3 el representante del MPF, estaba en plena sustracci\u00f3n de ca\u00f1er\u00eda en un gasoducto en Ca\u00f1uelas, el 22 de agosto de 2020.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s de 250 ca\u00f1os<\/p>\n\n\n\n
En este esquema, Prado, C\u00e9spedes y Alos, seg\u00fan la acusaci\u00f3n formalizada, tienen responsabilidad en la sustracci\u00f3n de 238 ca\u00f1os, 67 que Alos vendi\u00f3 a Rossis y 161 que fueron extra\u00eddos, tanto en Aguaray como en el paraje El Desemboque, en Alto La Sierra, con intervenci\u00f3n de Vera.<\/p>\n\n\n\n
En un tercer hecho, en tanto, el fiscal describi\u00f3 la presunta conducta delictiva de Dante Oscar Rodr\u00edguez y Miguel Angel Cuellar, ambos detenidos en el paraje El Desemboque con 14 ca\u00f1os robados tambi\u00e9n del gasoducto en noviembre de 2019, por lo que fueron imputados por robo agravado. En el caso de Cuellar, quien hab\u00eda sido contratado por Rodr\u00edguez para el traslado de los ca\u00f1os sustra\u00eddos, la fiscal\u00eda lleg\u00f3 a un acuerdo pleno que fue presentado ante el juez Castellanos. El magistrado homolog\u00f3 una pena de 6 meses de prisi\u00f3n condicional por el delito de hurto simple.<\/p>\n\n\n\n
Planteos defensivos<\/p>\n\n\n\n
En la etapa de planteos preliminares, una instancia contemplada por el C\u00f3digo Procesal Penal Federal (CPPF) para esta audiencia, pr\u00e1cticamente todas las defensas realizaron distintos pedidos ante el juez Castellanos, quien atendi\u00f3 y resolvi\u00f3 cada una de las medidas reclamadas. El primero en hacerlo fue el abogado Fernando Teseyra, defensor de Prado, quien, a trav\u00e9s de un pedido de inconstitucionalidad de la Ley 27.304, conocida como del \u201carrepentido\u201d, solicit\u00f3 la nulidad de la acusaci\u00f3n en contra de Prado. Sostuvo que la imputaci\u00f3n contra el ex intendente se bas\u00f3 exclusivamente en la declaraci\u00f3n de Vera, quien reconoci\u00f3 y aport\u00f3 detalles de la trama que habr\u00edan llevado adelante Prado, Alos y C\u00e9spedes, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Mediante la acci\u00f3n de inconstitucionalidad planteada, la defensa de Prado busc\u00f3 eliminar una de las pruebas en su contra. Para ello, indic\u00f3 que dicha ley supuestamente viola los principios de autoincriminaci\u00f3n, igualdad y culpabilidad, tras lo cual valor\u00f3 las pruebas reunidas y pidi\u00f3 el sobreseimiento de su cliente. La defensa de Alos, a cargo del abogado Benavidez, adhiri\u00f3 al planteo de inconstitucionalidad presentado por el defensor de Prado, como as\u00ed tambi\u00e9n plante\u00f3 la nulidad de la acusaci\u00f3n penal contra su cliente y su respectivo sobreseimiento.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de hacer nuevamente una cr\u00edtica de la prueba reunida, sin indicar agravios objetivos ni se\u00f1alar como fueron afectadas las garant\u00edas de su cliente, dedic\u00f3 gran parte de su exposici\u00f3n a se\u00f1alar que no recibi\u00f3 la acusaci\u00f3n y otras piezas del legajo, como as\u00ed tambi\u00e9n asegur\u00f3 que Alos quiso declarar y no lo pudo hacer; no obstante, s\u00ed record\u00f3 y se\u00f1al\u00f3 determinadas pruebas, como testimoniales, que consider\u00f3 favorables a su cliente.<\/p>\n\n\n\n
Esta pr\u00e1ctica se extendi\u00f3 al resto de las defensas, entre ellas la de Rossi y Ayala, quienes tambi\u00e9n pidieron sobreseimientos o la posibilidad de arribar a acuerdos plenos de resoluci\u00f3n de conflicto para sus clientes a partir de la cr\u00edtica de las pruebas reunidas, sin se\u00f1alar irregularidades respecto a su obtenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En ese marco, la defensa de Vera, a cargo de la defensora oficial Loutayf, plante\u00f3 un pedido de juicio abreviado para el empresario que no fue aceptado por el MPF, como as\u00ed tampoco un pedido similar de la defensa de Rossi, que pretend\u00eda reparar el da\u00f1o cometido con 200 mil pesos.<\/p>\n\n\n\n
Incongruencias<\/p>\n\n\n\n
Al momento de responder los planteos, el fiscal Villalba pidi\u00f3 el rechazo de la acci\u00f3n de inconstitucionalidad, pues se\u00f1al\u00f3 que dicha discusi\u00f3n ya fue planteada y zanjada por distintos tribunales de alzada, como as\u00ed tambi\u00e9n afirm\u00f3 que la acusaci\u00f3n contra Prado no se sostiene s\u00f3lo en lo declarado por Vera, pues existen numerosas pruebas, tanto documental como testimonial, en su contra.<\/p>\n\n\n\n
Respecto a lo expuesto por la defensa de Alos, el fiscal hizo notar la incongruencia de sus dichos, pues por una parte se quej\u00f3 de no haber sido informado de la acusaci\u00f3n, mientras que por otro lado s\u00ed se refiri\u00f3 a pruebas puntuales del caso, con lo cual \u201cdej\u00f3 en claro que conoce muy bien el legajo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTanto lo conoce que se limita a hacer una visi\u00f3n parcializada, propia de una estrategia que lejos de intentar hacer ver errores en la fiscal\u00eda, solo expone el desconocimiento respecto a las reglas del nuevo c\u00f3digo, el cual tiene como base la oralidad\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Agreg\u00f3 que \u201cen dos ocasiones, al momento de la formalizaci\u00f3n y la ampliaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, la fiscal\u00eda expuso verbalmente la acusaci\u00f3n ante el juez de Garant\u00edas interviniente, oportunidad en la que Alos se neg\u00f3 a declarar\u201d, para resaltar que los tiempos del sistema mixto, en el que los escritos abultaban el expediente, ya pasaron.<\/p>\n\n\n\n
Rechaz\u00f3 tambi\u00e9n que desde la fiscal\u00eda haya existido reticencia a responder los pedidos de dicha defensa, pues se contestaron todos los requerimientos. \u201cDebo decir, adem\u00e1s, que la defensa pudo haber recurrido al juez de garant\u00edas y reclamar sus pedidos, lo cual no sucedi\u00f3, pues el magistrado es quien garantiza el debido proceso\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, record\u00f3 que los planteos realizados en esta audiencia tienen que ver con supuestas fallas jur\u00eddicas en la investigaci\u00f3n, sin evaluar ni valorar la prueba, lo cual est\u00e1 reservado para el momento del juicio, pues el juez no conoce el legajo y as\u00ed debe ser hasta el debate.<\/p>\n\n\n\n
El abogado Sebasti\u00e1n Schmidt Dodds, representante de la petrolera IEASA SA, quien tambi\u00e9n estuvo presente en las audiencias, adhiri\u00f3 a los argumentos expuesto por la fiscal\u00eda y solicit\u00f3 el rechazo de los planteos expuestos por las distintas defensas.<\/p>\n\n\n\n
A juicio ante un tribunal colegiado<\/p>\n\n\n\n
Al resolver los pedidos, el juez Castellanos, quien a medida que se realizaba cada planteo advirti\u00f3 a las defensas que no deb\u00edan ingresar ni forzar la valoraci\u00f3n de prueba por su parte, rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de inconstitucionalidad, como as\u00ed tambi\u00e9n los planteos de nulidad y pedidos de sobreseimiento.<\/p>\n\n\n\n
En consonancia con la fiscal\u00eda, Castellanos resalt\u00f3 el hecho de que las defensas no se\u00f1alaron aspectos jur\u00eddicos del proceso penal que se hayan vulnerado, y que en todo momento intentaron llevar al juez a emitir un fallo basado sobre la evaluaci\u00f3n de la prueba, lo cual \u201cme est\u00e1 vedado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta audiencia no es para debatir sobre las pruebas. Bajo este sistema no hay indagatoria, tampoco procesamiento, las pruebas la producen las partes, tanto la fiscal\u00eda como la defensa, y si \u00e9sta advirti\u00f3 que no se cumpl\u00eda con sus pedidos, deber\u00eda haber acudido a la judicatura, cosa que no sucedi\u00f3\u201d, indic\u00f3 el juez.<\/p>\n\n\n\n
Superada esta etapa, el juez y las partes debatieron respecto a las pruebas que ser\u00e1n llevadas a juicio, sin que se hayan registrados diferencias insalvables. Por \u00faltimo, y como hecho destacado dado el tenor de la acusaci\u00f3n y lo establecido en el art\u00edculo 55 del CPPF, el juez, en respuesta a una petici\u00f3n de la fiscal\u00eda, resolvi\u00f3 que el juicio se realice con un tribunal colegiado, exigencia establecida para casos en que los imputados son funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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