El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo Gonz\u00e1lez Miralpeix, interpuso ante el Juzgado de Garant\u00edas 8, un recurso de apelaci\u00f3n al arresto domiciliario de Pablo Marcelo Range\u00f3n, acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de una v\u00edctima; abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otras dos v\u00edctimas y abuso sexual simple en perjuicio de otras tres v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
En sus consideraciones, el fiscal penal Rodrigo Gonz\u00e1lez Miralpeix, sostuvo que la magistrada interviniente no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis en profundidad de los fundamentos expuestos oportunamente por la parte acusadora y record\u00f3 que, al momento de resolverse la prisi\u00f3n preventiva del acusado, se sostuvo la necesidad de cautelar el proceso, ante la probable aplicaci\u00f3n en firme de una pena privativa de la libertad y a la naturaleza y gravedad de los hechos investigados.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en esta nueva instancia, la magistrada decidi\u00f3 que el an\u00e1lisis de estos par\u00e1metros constituye un \u201canticipo de pena\u201d, lo que desnaturaliza la raz\u00f3n de considerar dichos aspectos al momento de evaluar la procedencia o el mantenimiento del encierro cautelar, en las condiciones en que se cumpl\u00edan.<\/p>\n\n\n\n
En su momento, el fiscal penal Gonz\u00e1lez Miralpeix, aleg\u00f3 que el pron\u00f3stico de fuga estimado, por el monto de pena m\u00ednima de 6 a\u00f1os por los delitos imputados al acusado, permite presumir una idea elusiva en raz\u00f3n de la natural intenci\u00f3n de conservar la libertad. Por otro lado, destac\u00f3 la necesidad de proteger a los testigos en la etapa plenaria, para que concreten su declaraci\u00f3n de manera segura, libre y veraz.<\/p>\n\n\n\n
Tales circunstancias s\u00f3lo pueden ser cauteladas con la prisi\u00f3n preventiva en un \u00e1mbito de encierro institucional y no en el \u00e1mbito de su domicilio, con el solo control de monitoreo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n
A su vez, en la resoluci\u00f3n, la magistrada descart\u00f3 el peligro de entorpecimiento en la breve referencia a la existencia de una sola v\u00edctima, cuando se trata de seis denunciantes. Todas coincidieron en manifestar temor por las represalias que pueda tomar el imputado, quien siempre les manifest\u00f3 tener mucho poder, por lo que el fiscal reiter\u00f3 que es necesario neutralizar toda posibilidad de que el imputado pueda ejercer nuevos hechos, como as\u00ed tambi\u00e9n influir en los testimonios de los testigos.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, cabe considerar que el mantenimiento del encierro cautelar del imputado sosten\u00eda el \u00e1nimo y la voluntad de quienes tomaron la decisi\u00f3n de radicar las denuncias por hechos que atentaron contra su dignidad y libertad sexual, en el marco de relaciones de clara superioridad, verticalidad y poder.<\/p>\n\n\n\n
El encierro en el domicilio del encartado posibilita otros medios de contacto entre aquel y las v\u00edctimas, que exceden al mero contacto f\u00edsico, pero que son suficientes por s\u00ed solos para doblegar y presionarlas para mantener sus declaraciones y sostenerlas al momento del debate.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, no debe olvidarse que el sistema tuitivo de nuestro ordenamiento constitucional no solo se dirige a la protecci\u00f3n de los derechos del imputado, sino tambi\u00e9n ampara a la ciudadan\u00eda en general y particularmente, en este caso, a las v\u00edctimas de violencia sexual y de g\u00e9nero, con lo cual quienes sean pasibles de padecer las consecuencias del delito deben ser defendidas del mismo, conforme manda el propio Pre\u00e1mbulo de la Constituci\u00f3n Nacional bajo el principio rector de \u201cafianzar la justicia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Ello motiva la necesidad de que los \u00f3rganos estatales dispongan las medidas que sean necesarias para evitar cualquier tipo de consecuencia negativa para aquellas.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, se ve comprometida una cuesti\u00f3n de orden p\u00fablico, pues la vulneraci\u00f3n directa de derechos humanos, de raigambre constitucional, constituye una omisi\u00f3n lisa y llana del ordenamiento jur\u00eddico argentino.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, el fiscal penal Gonz\u00e1lez Miralpeix, insisti\u00f3 en que el orden p\u00fablico que rige en la materia, deviene de la propia legislaci\u00f3n interna, tal cual reza el Art. 1 de la Ley De Protecci\u00f3n Integral A Las Mujeres (Ley 26.485), y con ello se refiri\u00f3 a la obligaci\u00f3n del Estado; es decir, a la administraci\u00f3n de justicia, en mano de sus operadores, para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminaci\u00f3n y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y \u00e1mbitos; y concretamente garantizar el efectivo acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia y a ser protegidas durante su tr\u00e1nsito por el proceso penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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