La Corte de Justicia de Salta hizo lugar a la demanda entablada por el Departamento Ejecutivo del municipio de San Lorenzo y declar\u00f3 la nulidad de la Ordenanza 1966\/19 y de su insistencia, Ordenanza 1978\/19, del Concejo Deliberante de esa localidad y de las decisiones administrativas o disposiciones dictadas en consecuencia.<\/p>\n\n\n\n
El conflicto se origin\u00f3 cuando el Concejo Deliberante de ese municipio elev\u00f3 su presupuesto a 6.173.379 pesos.<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 27 de la Carta Org\u00e1nica Municipal establece que \u201cel Concejo Deliberante elaborar\u00e1 su propio presupuesto, cuyos recursos no podr\u00e1n ser inferiores al 4,5% de la totalidad de los recursos corrientes del Municipio, con la exclusi\u00f3n de los fondos de asignaci\u00f3n espec\u00edfica para obras p\u00fablicas gestionados ante los gobiernos nacional o provincial, los provenientes de empr\u00e9stitos y los destinados a la acci\u00f3n social. Para su elaboraci\u00f3n, el Departamento Ejecutivo con la debida antelaci\u00f3n y en forma previa a elevar el suyo para su tratamiento, deber\u00e1 informar al Concejo Deliberante el importe equivalente al m\u00ednimo establecido, a fin de que este elabore el proyecto presupuestario de gastos y recursos, el que luego ser\u00e1 elevado al Departamento Ejecutivo dentro de los quince d\u00edas de recibido el informe para su incorporaci\u00f3n al proyecto de presupuesto general del municipio\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Recordaron los jueces de la Corte de Justicia de Salta que la Constituci\u00f3n Provincial determina en su art\u00edculo 171 que el Gobierno de los Municipios se compone de un Departamento Ejecutivo a cargo de un Intendente y de un Concejo Deliberante. Y el art\u00edculo 176 enumera entre las competencias municipales, la de \u201caprobar su presupuesto, el que deber\u00e1 ser elaborado dentro de un marco de disciplina fiscal, conforme a los principios de esta Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Al analizar las atribuciones que le competen al Concejo Deliberante concluyeron que \u201csu funci\u00f3n primordial respecto al presupuesto es la de sancionarlo, a iniciativa del Departamento Ejecutivo, as\u00ed como a sus rectificaciones y ampliaciones, sin perder de vista adem\u00e1s que le compete examinar, aprobar o rechazar la Cuenta General del Ejercicio\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sobre esta base afirmaron que \u201ces el poder administrador quien debe formular el plan de gobierno anual a trav\u00e9s del proyecto de presupuesto, ya que a dicha autoridad incumbe ejecutarlo y responsabilizarse con base a ese instrumento financiero.\u201d<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl \u00f3rgano deliberativo carece de facultades legales para interferir en las atribuciones que corresponden al Departamento Ejecutivo, lo que significar\u00eda actuar a la vez como administrador \u2013determinando los recursos naturales del Municipio y las variables que el art\u00edculo 27 de la Carta Org\u00e1nica fija como excepciones- y controlador de sus propios actos, afectando la distribuci\u00f3n de funciones prevista en la Carta Org\u00e1nica y consagrada por la Carta Magna Provincial\u201d, puntualizaron.<\/p>\n\n\n\n
Concluyeron entonces que la Ordenanza 1966\/19 del Concejo Deliberante de la localidad de San Lorenzo y su insistencia, Ordenanza 1978\/19, as\u00ed como las decisiones administrativas o disposiciones dictadas en consecuencia, \u201cinvaden las atribuciones que corresponden al Ejecutivo municipal, a la vez que vulneran el principio republicano de divisi\u00f3n de poderes\u201d haci\u00e9ndose lugar a la demanda y declarando la nulidad de ambos instrumentos y de las decisiones administrativas o disposiciones dictadas en consecuencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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