El responsable de la Sede Descentralizada de Tartagal, Marcos C\u00e9sar Romero, formaliz\u00f3 el viernes pasado ante el juez federal de Garant\u00edas de Or\u00e1n, Gustavo Montoya, la imputaci\u00f3n contra tres oficiales de la Polic\u00eda de la Provincia de Salta por el delito de transporte de estupefacientes doblemente agravado por el n\u00famero de intervinientes y por tratarse de funcionarios p\u00fablicos encargados de la prevenci\u00f3n o persecuci\u00f3n de delitos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, en l\u00ednea con el pedido del representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal, el juez dispuso la prisi\u00f3n preventiva de los tres efectivos que prestaban funciones en la Comisar\u00eda N\u00b026.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la acusaci\u00f3n, en la medianoche del jueves, el suboficial principal Javier Granero, la cabo Mercedes Maraz y la agente Roc\u00edo Vera circulaban en un Renault Logan. Al llegar al puesto de control \u201c28 de Julio\u201d, cerca de la ciudad salte\u00f1a de Or\u00e1n, personal de la Gendarmer\u00eda Nacional le solicit\u00f3 la documentaci\u00f3n del autom\u00f3vil y luego les pidi\u00f3 que abrieran el ba\u00fal. All\u00ed observaron una bolsa de arpillera que les llam\u00f3 la atenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Tras consultar con el auxiliar fiscal Jos\u00e9 Rafael Lamas, y ante la presencia de testigos, se requis\u00f3 la bolsa, en cuyo fondo, debajo de ropa de vestir, se encontraron diez paquetes amorfos con sustancia vegetal disecada, que result\u00f3 ser 19 kilogramos de marihuana, valuados en m\u00e1s de 5 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
En la audiencia del viernes el fiscal Romero resalt\u00f3 las pruebas documentales reunidas, las cuales consider\u00f3 suficientes para sustentar la imputaci\u00f3n penal propuesta, como tambi\u00e9n el pedido de prisi\u00f3n preventiva de los acusados, dada la naturaleza y gravedad del hecho. Tambi\u00e9n, se refiri\u00f3 al riesgo de fuga de las personas imputadas, dada la proximidad con la frontera y la facilidad de los polic\u00edas -por su conocimiento de la zona y las funciones que desarrollaban- para acceder al Estado Plurinacional de Bolivia a trav\u00e9s de pasos no habilitados.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, el representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal destac\u00f3 el riesgo de que los polic\u00edas entorpezcan la investigaci\u00f3n, ya que existen diligencias en tr\u00e1mite, que podr\u00edan frustrarse por la libertad de los acusados, quienes podr\u00edan influir en posibles testigos.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal\u00eda tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a que, en funci\u00f3n de la calificaci\u00f3n legal, la pena que podr\u00edan recibir no es de ejecuci\u00f3n condicional y que, si bien la investigaci\u00f3n se encuentra en un estado incipiente, no puede descartarse la posible participaci\u00f3n de otros implicados.<\/p>\n\n\n\n
Ante estos planteos, las dos mujeres polic\u00edas -asistidas por sus defensores- trataron de explicar lo sucedido y as\u00ed deslindar su responsabilidad, mientras que el oficial se abstuvo de declarar. En cuanto a las medidas de coerci\u00f3n requeridas por el fiscal Romero, las defensas s\u00f3lo presentaron objeciones respecto a la cabo y a la agente, ya que ambas tienen hijos menores a cargo, por lo que pidieron que la prisi\u00f3n preventiva fuera bajo la modalidad de arresto domiciliario.<\/p>\n\n\n\n
En funci\u00f3n de ello, y a partir de que la fiscal\u00eda comparti\u00f3 el criterio respecto a las dos mujeres, el juez Montoya acept\u00f3 los argumentos del Ministerio P\u00fablico y dio por formalizada la imputaci\u00f3n penal, como as\u00ed tambi\u00e9n la prisi\u00f3n preventiva de los acusados, en los t\u00e9rminos debatidos en la audiencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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