El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Gonz\u00e1lez, requiri\u00f3 juicio ante el Juzgado de Garant\u00edas interviniente, en la causa en la que personal policial de la Direcci\u00f3n de Seguridad Urbana (DSU) del Centro de Coordinaci\u00f3n Operativa (CCO) de Rosario de la Frontera, fue imputado por un hecho ocurrido en 2019 contra un menor. Tambi\u00e9n est\u00e1 imputado un efectivo de la Comisar\u00eda 31.<\/p>\n\n\n\n
El oficial ayudante Mauro Daniel Alejandro Rodr\u00edguez, el sargento Jos\u00e9 Enrique Rodr\u00edguez, los agentes Guillermo Agust\u00edn L\u00f3pez, Jonatan Esteban D\u00edaz y Paulo Daniel Humano est\u00e1n acusados del delito de apremios ilegales agravados por el uso de violencia. En tanto, el oficial Leonel Mauricio Vera est\u00e1 acusado del delito de abuso de autoridad y encubrimiento agravado en concurso real.<\/p>\n\n\n\n
El hecho que se les endilga sucedi\u00f3 el pasado 9 de mayo de 2019, cuando el menor de 14 a\u00f1os fue llevado de su domicilio por personal policial, acusado de un robo. Ya en Comisar\u00eda 31, a las 2:40 del d\u00eda 10 de mayo, con autorizaci\u00f3n del oficial de servicio Leonel Mauricio Vera, fue retirado por un m\u00f3vil policial del C.C.O., a cargo del oficial Mauro Rodr\u00edguez, conjuntamente con el sargento Jos\u00e9 Rodr\u00edguez y los agentes L\u00f3pez, D\u00edaz y Humano, con el fin de recorrer la jurisdicci\u00f3n, en busca de elementos, supuestamente escondidos por el menor.<\/p>\n\n\n\n
Durante el recorrido, el adolescente fue objeto de malos tratos f\u00edsicos y psicol\u00f3gicos, recibiendo golpes en el est\u00f3mago, espalda, en las costillas, rostro y otras partes del cuerpo, mientras le dec\u00edan que le pegar\u00edan un tiro y lo dejar\u00edan en el lugar. Adem\u00e1s, le echaron gas pimienta, al tiempo que lo tomaban de la capucha. Todo ello con la intenci\u00f3n de lograr la aparici\u00f3n de elementos que no fueron encontrados.<\/p>\n\n\n\n
Horas m\u00e1s tarde, lo regresan a la comisar\u00eda, oportunidad en la que su madre se hizo presente a instancias de un llamado para que se apersonara a firmar un papel. Ya en la dependencia policial, lo traen al menor, quien le manifiesta que polic\u00edas lo hab\u00edan sacado y llevado en una camioneta a un descampado, que lo esposaron, le pegaron, lo hicieron arrodillar, le echaron gas pimienta y que lo amenazaron de muerte.<\/p>\n\n\n\n
La madre del menor detenido, quien radic\u00f3 denuncia, manifest\u00f3 que pudo ver a su hijo golpeado en la cara, que la ten\u00eda marcada y que ten\u00eda el calzado roto tras haber sido arrastrado.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, existen dos certificados de salud: el primero, emitido al momento de la detenci\u00f3n, en el que consta que se encontraba en \u201cbuen estado de salud\u201d; en tanto, el segundo certificado, de fecha 11 de mayo, fue emitido despu\u00e9s de haberlo sacado de la comisar\u00eda, con diagn\u00f3stico de \u201clesi\u00f3n tipo escoriaci\u00f3n en zona de cara, lado derecho, contusiones y hematoma en lado izquierdo, golpes y contusiones en cuero cabelludo. Las escoriaciones se extienden hasta 3 cms. De base del cuello y brazos, hematomas leves en t\u00f3rax y abdomen\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En relaci\u00f3n a la conducta del imputado Leonel Vera, el fiscal Gonz\u00e1lez sostiene que \u201csurge palmaria al autorizar la salida del interno de la comisar\u00eda N\u00b0 31 donde se encontraba detenido (\u2026), lo que, como auxiliar de justicia, no se encuentra en condiciones de autorizar\u201d, sumado al hecho de que, \u201ccon posterioridad y al tomar conocimiento de los golpes que presentaba el menor, no denunci\u00f3 tal situaci\u00f3n\u201d ante el reclamo de la madre del menor.<\/p>\n\n\n\n
Manifiesta el fiscal de Derechos Humanos en los fundamentos de la acusaci\u00f3n, que \u201clos imputados, siendo funcionarios con revista en el DSU de Rosario de la Frontera, incurrieron en la imposici\u00f3n de malos tratos respecto de la persona del menor, quien se encontraba legalmente detenido, sometido a su disposici\u00f3n, al acometer contra la integridad f\u00edsica del detenido\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, afirma que \u201cla violencia institucional referida conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios p\u00fablicos que, por sus responsabilidades y obligaciones, se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza p\u00fablica, la que debe ser racional, cuya pr\u00e1ctica se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de miembros del Estado y que se advierte en la presente causa.<\/p>\n\n\n\n
Es por ello que, con los elementos que obran en la causa, la Fiscal\u00eda de Derechos Humanos entiende que se halla lo suficientemente acreditado, con el grado de convicci\u00f3n necesario, la existencia del il\u00edcito endilgado y la responsabilidad penal de los imputados, por lo que solicita se tenga por formulada la requisitoria de elevaci\u00f3n a juicio en contra de los imputados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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