El hecho ocurri\u00f3 el a\u00f1o pasado en la cancha ubicada al final del barrio Norte Grande. Uno de los acusados incurri\u00f3 en el delito de falsedad ideol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Gonz\u00e1lez, requiri\u00f3 juicio ante el Juzgado de Garant\u00edas 4 del distrito Centro, para el sargento Ram\u00f3n Horacio Mart\u00ednez, de 42 a\u00f1os, el sargento ayudante Pedro Alejandro Zelaya, de 36 a\u00f1os, y el cabo Pablo Rolando Tercero, de 38 a\u00f1os, por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia. Tambi\u00e9n para el oficial auxiliar Gustavo Alejandro L\u00f3pez, de 28 a\u00f1os, por los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y falsedad ideol\u00f3gica en perjuicio de la fe p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
La tarde del pasado 21 de julio de 2022, los tres damnificados se encontraban en un santuario del Gauchito Gil de barrio Norte Grande preparando un asado, cuando los cuatro efectivos de civil pertenecientes a la Divisi\u00f3n Infanter\u00eda, que hac\u00edan ejercicios en la cancha cercana al centro vecinal, se enfrentaron verbalmente. Luego se acercaron a los tres hombres, agredi\u00e9ndolos f\u00edsicamente con golpes de pu\u00f1o y patadas, para luego retirarse sin brindar ning\u00fan tipo de auxilio. Los damnificados fueron traslados por un vecino al hospital San Bernardo, constat\u00e1ndose que dos de ellos resultaron lesionados como consecuencia de la brutal golpiza.<\/p>\n\n\n\n
Conforme al informe m\u00e9dico, uno de los hombres presentaba escoriaci\u00f3n de flanco izquierdo, equimosis en p\u00e1rpado superior derecho, escoriaci\u00f3n en dorso de pie izquierdo, equimosis en regi\u00f3n frontal derecha y en el abdomen parte derecha. El otro damnificado sufri\u00f3 politraumatismo, seg\u00fan consta en historia cl\u00ednica.<\/p>\n\n\n\n
En los fundamentos de la acusaci\u00f3n, el fiscal Gonz\u00e1lez sostiene que los imputados, siendo funcionarios policiales, incurrieron en un abuso funcional ileg\u00edtimo respecto de la persona de dos de los damnificados, quienes se encontraban en la v\u00eda p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
En el requerimiento, el Fiscal penal de Derechos Humanos manifiesta que corresponde acusar al oficial auxiliar Gustavo Alejandro L\u00f3pez por el delito de falsedad ideol\u00f3gica, en perjuicio de la fe p\u00fablica, el que concurre en forma real con el de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, dado que el imputado insert\u00f3 manifestaciones falsas en un instrumento p\u00fablico, concernientes a un hecho que el documento deb\u00eda probar.<\/p>\n\n\n\n
Entre la prueba ofrecida por el Fiscal, se cuentan denuncias penales, informes policiales, certificados m\u00e9dico-legales, informes del CIF y diferentes testimoniales. Adem\u00e1s, se verific\u00f3 que dos de los acusados registran antecedentes por otras causas en tr\u00e1mite por el delito de vejaciones agravadas.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal Gonz\u00e1lez concluye el requerimiento sosteniendo que la violencia institucional conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios p\u00fablicos que por sus responsabilidades y obligaciones se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza p\u00fablica, el que debe ser racional, y necesario no verificando dichos supuestos en la causa, concluyendo que una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica y de esta naturaleza se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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