La acusada fue detenida a ra\u00edz de un pedido de captura requerido por la fiscal\u00eda. Hab\u00eda gestionado seis documentos, entre DNI y pasaportes, para dos clientes. Junto a un c\u00f3mplice todav\u00eda pr\u00f3fugo, operaba en el Registro Civil de Embarcaci\u00f3n, en el norte de la provincia, y por cada tr\u00e1mite ped\u00edan entre 6 y 9 mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Como consecuencia de una investigaci\u00f3n llevada adelante por el \u00e1rea de Atenci\u00f3n Inicial de la Unidad Fiscal Salta, el mi\u00e9rcoles pasado el juez federal de Garant\u00edas de Or\u00e1n, Gustavo Montoya, admiti\u00f3 la imputaci\u00f3n requerida contra Mariela Barrientos en calidad de autora del delito de falsedad ideol\u00f3gica de documento destinado a acreditar la identidad de las personas en seis hechos.<\/p>\n\n\n\n
En la audiencia de formalizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal, la fiscal subrogante Paula Gallo se refiri\u00f3 a la detenci\u00f3n de Barrientos el 24 de octubre pasado en la terminal de \u00f3mnibus de la ciudad cuando estaba por abordar un micro de larga distancia.<\/p>\n\n\n\n
Expuso que, al verificar su identidad, y dado que exist\u00eda un pedido de captura en su contra dictado por el juez Montoya a instancia de la fiscal\u00eda el 7 de febrero pasado, personal de la Polic\u00eda Federal apostado en la terminal procedi\u00f3 a su detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal a\u00f1adi\u00f3 que, ante la falta de arraigo y la alta probabilidad de fuga, puesto que posee gran facilidad para salir del pa\u00eds, requiri\u00f3 su prisi\u00f3n preventiva. El planteo no fue objetado por la defensa y, en su defecto, fue aceptado por el juez.<\/p>\n\n\n\n
Al explicar la raz\u00f3n de la captura, la fiscal dio a conocer detalles de la extensa y minuciosa investigaci\u00f3n que esa \u00e1rea lleva adelante desde el 14 de octubre del a\u00f1o pasado, tras una denuncia radicada por la titular de la Subsecretar\u00eda del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas de la provincia de Salta, Mar\u00eda Fernanda Ubiergo.<\/p>\n\n\n\n
En la denuncia, la funcionaria inform\u00f3 sobre la presencia de un hombre que llevaba a otras personas para realizar tr\u00e1mites identificatorios a la oficina que ese organismo posee en la localidad de Embarcaci\u00f3n, ubicada a unos 140 kil\u00f3metros de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia.<\/p>\n\n\n\n
En detalle, la denuncia revel\u00f3 los movimientos del sospechoso, quien luego fue identificado como Juan Ram\u00f3n Aparicio, con pedido de captura vigente. Seg\u00fan lo referido, el imputado no s\u00f3lo intervino en el inicio de los tr\u00e1mites, sino que luego monitoreaba cada uno e incluso habr\u00eda intentado retirar los documentos con las respectivas constancias del tr\u00e1mite.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
La fiscal subrogante se\u00f1al\u00f3 que en ese momento lo que m\u00e1s llam\u00f3 la atenci\u00f3n a las autoridades del organismo fue que uno de los pasaportes gestionados ten\u00eda asentado un domicilio inexistente en Embarcaci\u00f3n. Explic\u00f3 que, posteriormente, a ra\u00edz de la investigaci\u00f3n iniciada por la fiscal\u00eda con intervenci\u00f3n de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, se pudieron desentra\u00f1ar las maniobras de falsedad ideol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto, se estableci\u00f3 que Aparicio actuaba en complicidad con Barrientos, quien era el nexo con las personas que demandaban este tipo de documentaci\u00f3n identificatoria, tanto DNI como pasaportes, por las cuales cobraban sumas que iban de los 6 mil a los 9 mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Sobre la operatoria, la fiscal subrogante explic\u00f3 que la acusada se val\u00eda de la identidad de personas fallecidas, por lo general de esa localidad, para gestionar primero el DNI y luego el pasaporte, tr\u00e1mites que iniciaban luego de obtener la partida de nacimiento de esas personas.<\/p>\n\n\n\n
En los casos adjudicados a Barrientos, la fiscal\u00eda expuso nombres y fechas de las personas fallecidas, algunas en 1976 y otras en 1983. A ello se sum\u00f3 la inclusi\u00f3n de datos falsos, como la declaraci\u00f3n de domicilio, que signific\u00f3 la punta del ovillo del caso.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal subrogante explic\u00f3 que la maniobra no fue advertida por el mismo organismo por una diferencia en el formato de registro que poseen los sistemas inform\u00e1ticos de la provincia y de la naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En materia de pruebas, la fiscal\u00eda mencion\u00f3 una gran cantidad de evidencias, tanto directas como indirectas, entre las que resalt\u00f3 la existencia de conversaciones entre los acusados, chats con los clientes y comprobantes de pago por uno de los tr\u00e1mites, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Agreg\u00f3 que los dos clientes que demandaron los tr\u00e1mites irregulares fueron identificados, imputados y condenados. Ambos son oriundos de Bolivia y reconocieron haberlos requerido, confirmaron las sumas de dinero exigidas por Barrientos y uno de ellos explic\u00f3 que lo hab\u00eda solicitado para hacer un viaje a Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n
En efecto, el 8 de marzo y el 16 de abril pasado Jos\u00e9 Luis Coca Herrera y Aleida Villaroel Guzm\u00e1n, ciudadano y ciudadana de Bolivia, recibieron penas de tres a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso e inhabilitaci\u00f3n por el tiempo de la condena por resultar autores del delito de falsedad ideol\u00f3gica de documento p\u00fablico destinado a acreditar la identidad de las personas en diferentes hechos relacionados a esta misma investigaci\u00f3n. Las condenas fueron dictadas en el marco de acuerdos de juicio abreviado homologados por el juez Montoya y por el juez de Revisi\u00f3n Ernesto Sola, respectivamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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