La fiscal penal Cecilia Flores Toranzos, dictamin\u00f3 que las pretensiones resultan manifiestamente inadmisibles y, por lo tanto, deben ser rechazadas.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal emiti\u00f3 su dictamen ante el Juzgado del Tribunal de Juicio Sala I, en relaci\u00f3n al amparo constitucional interpuesto por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia y por la Caja de Seguridad para Abogados de la Provincia, con el objeto de que se ordene el inmediato restablecimiento de la prestaci\u00f3n plena y efectiva del Servicio de Justicia en la Provincia de Salta.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n pidieron que se declare la inconstitucionalidad de las Acordadas N\u00b0 13.175 y N\u00b0 13.201 de la Corte de Justicia y la Resoluci\u00f3n N\u00b0 1079 del Ministerio P\u00fablico, por no hacer efectivo el derecho de Acceso a Justicia, Tutela Judicial Efectiva y en particular, de las abogadas y abogados, a trabajar y ejercer la profesi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Sostuvieron que se dictaron normas que impiden y obstaculizan de manera insalvable el Acceso a Justicia, la Tutela Judicial Efectiva y el derecho a trabajar de los profesionales de la abogac\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, el Ministerio P\u00fablico Fiscal emiti\u00f3, sin mayores dilaciones, el dictamen desestimatorio de la pretensi\u00f3n incoada por los actores, por ser manifiestamente inadmisible, por distintas razones.<\/p>\n\n\n\n
En sus consideraciones, la fiscal penal Cecilia Flores Toranzos, advirti\u00f3 que los actores no calificaron su pretensi\u00f3n como colectiva, m\u00e1s all\u00e1 de aludir a la defensa de \u201clos derechos individuales y homog\u00e9neos de los abogados\u201d, as\u00ed como tampoco optaron por la v\u00eda de la acci\u00f3n de inconstitucionalidad. No obstante, dirigieron su pretensi\u00f3n de impugnar s\u00f3lo las Acordadas N\u00b0 13175 y 13201 de la Corte de Justicia de Salta y las resoluciones N\u00b0 1079, 257 y 1173 dictadas por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Sentado ello, dijo que debe considerarse que el amparo es un proceso utilizable con car\u00e1cter excepcional, porque s\u00f3lo procede en situaciones en las que, por carecerse de otras v\u00eda aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales. Ello conlleva a que para su apertura, se exijan circunstancias particulares caracterizadas por arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, frente a las cuales, los procedimientos ordinarios resultan ineficaces. Es necesario que est\u00e9 probado un da\u00f1o concreto, actual y grave, el que s\u00f3lo eventualmente sea reparable por la v\u00eda urgente y expedita del amparo, seg\u00fan surge del art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional y del 88, de nuestra Carta Magna Provincial.<\/p>\n\n\n\n
En este caso, dijo Flores Toranzos que no surge que la actuaci\u00f3n de la Corte de Justicia y del Ministerio P\u00fablico se haya traducido en actos arbitrarios, (que implicar\u00eda que la discrecionalidad habilitada por la norma es aplicada en forma insostenible, caprichosa, irrazonable o abusiva), ilegales (sin sustento normativo) ni inconstitucionales (en tanto repugna a las leyes superiores).<\/p>\n\n\n\n
En cambio, se\u00f1al\u00f3 la fiscal, que transitamos una situaci\u00f3n excepcional en atenci\u00f3n a la pandemia causada por el coronavirus, y en este contexto, es que se adoptaron distintas disposiciones para hacerle frente y que se plasmaron en normas cuyos par\u00e1metros determinaron la adecuaci\u00f3n del funcionamiento de los organismos del Estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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