Se trata de penas de cumplimiento efectivo para los imputados, al sostener la Fiscalía en sus alegatos que se probó el desvío de fondos públicos y el incumplimiento de los deberes durante la gestión municipal.
La fiscal penal Claudia Geria, en sus alegatos, desarrolló una exposición extensa en la que reconstruyó —sobre la base de prueba documental, pericial y testimonial— un esquema sostenido de manejo irregular de fondos públicos durante la gestión municipal a cargo del ex intendente de San Lorenzo, Ernesto “Kyla” Gonza, al que definió como un mecanismo deliberado para sustraer y desviar dinero del erario.
Geria explicó que los imputados, en razón de sus cargos, tenían la administración, percepción y custodia de los fondos públicos, y que fue precisamente en el ejercicio de esas funciones donde —según sostuvo— se concretaron las maniobras investigadas. “Se evadió toda forma de registración para que nadie los pueda controlar”, afirmó, al referirse a la lógica que atravesó las operatorias detectadas.
El eje central de la acusación por peculado se estructuró en torno a distintos hechos que, según la fiscal, evidencian un patrón común: la salida de dinero sin respaldo legal ni registración contable. En ese sentido, describió un sistema de pagos mediante vales y recibos que funcionaba por fuera de los circuitos formales, sin documentación que acreditara el destino de los fondos. “No me cabe duda de que había una salida de fondos sin justificación”, sostuvo ante el tribunal.
A partir de ese mecanismo, indicó que se realizaron entregas de dinero en efectivo sin control, con montos que excedían cualquier práctica administrativa regular y sin correlato en documentación válida. Señaló además que, en muchos casos, la registración era inexistente o se intentaba justificar con comprobantes que no coincidían en fechas ni conceptos, lo que —según su interpretación— revela una operatoria destinada a encubrir el destino real de los fondos.
Otro de los aspectos desarrollados fue la adquisición de bienes con dinero municipal sin cumplir con los procedimientos legales exigidos. En ese punto, remarcó que no existieron actos administrativos, registros patrimoniales ni inventarios que acreditaran la incorporación de esos bienes al municipio, y subrayó que muchos de ellos no fueron entregados a la gestión entrante.
Respecto de Aldo Gonza, planteó que su intervención fue necesaria en algunas de las maniobras, lo que permitió imputarle participación en el delito, aun sin integrar formalmente el Ejecutivo municipal. En el caso de Ernesto Gonza, además, le atribuyó el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al haber intervenido en un acto en beneficio propio desde su cargo.
La fiscal Claudia Geria culminó su alegato solicitando siete años de prisión de cumplimiento efectivo para el ex intendente Ernesto Gonza, al considerarlo responsable de cinco hechos de peculado, tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real.
Para el exsecretario de Hacienda Rogelio Guaymás, pidió una pena de seis años de prisión efectiva por cinco hechos de peculado y dos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, también en concurso real.
En tanto, para Aldo Gonza requirió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como partícipe necesario en un hecho de peculado.
Para los tres imputados, la fiscal solicitó además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
En relación a la situación de Ernesto Gonza, señaló que registra una condena anterior, por lo que pidió la aplicación del mecanismo de unificación de penas previsto en el Código Penal.
Finalmente, en función del riesgo procesal y la gravedad de los hechos, requirió la detención inmediata de los tres acusados, medida que quedó sujeta a la decisión del tribunal.
