La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) presentó una acusación formal en una causa que investiga presuntas maniobras irregulares en la administración de la ex Panadería Social municipal, con un perjuicio económico que, según la investigación, superaría los 150 millones de pesos.
La fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, elevó la acusación ante la Oficina Judicial contra Luis Emilio Fayón Medina, quien se desempeñó como presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario” entre abril de 2021 y enero de 2024, y contra dos familiares suyos, Roxana González Domínguez y Josefina González Domínguez.
Luis Emilio Fayón
Las contrataciones efectuadas con Roxana González Domínguez alcanzaron un monto de $48.833.755,34, mientras que las realizadas con Josefina González Domínguez ascendieron a $7.739.180, conforme surge de la documentación contable incorporada al expediente. La Fiscalía sostiene que parte de los insumos facturados no habrían sido efectivamente ingresados al organismo ni fueron registrados en stock, generando un importante perjuicio económico. El informe contable del Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Asimismo, se verificaron diferencias significativas entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. Entre ellos se menciona la adquisición de margarina premium de 10 kilogramos a valores considerablemente superiores a los habituales, con un perjuicio estimado en más de 3,3 millones de pesos. También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción de la panadería, sin que el excedente se encontrara debidamente registrado ni en stock.
A Fayón Medina se lo acusa en calidad de autor del delito de fraude a la administración pública, mientras que las otras dos imputadas fueron señaladas como partícipes necesarias en la maniobra investigada.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta, y derivó en una serie de pericias contables y análisis documentales realizados por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Según la hipótesis fiscal, el entonces titular del organismo habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su grupo familiar, lo que configuraría un posible conflicto de intereses en el manejo de fondos públicos.
Asimismo, los informes técnicos señalaron presuntas sobrevaluaciones en la compra de insumos y adquisiciones en volúmenes superiores a los necesarios, sin respaldo documental que justifique su utilización o almacenamiento.
