La investigación por el presunto desvío de equipamiento médico del Hospital Público Materno Infantil dio un nuevo paso judicial. La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) presentó la acusación formal contra dos médicos, a quienes atribuye el delito de peculado, al considerar que habrían trasladado equipos pertenecientes al Estado para utilizarlos en una empresa privada de neonatología.
La fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió que Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa sean llevados a juicio como presuntos coautores del delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal. En la misma presentación, solicitó el sobreseimiento de los otros dos imputados al concluir que no existían elementos suficientes para vincularlos con los hechos investigados.
De acuerdo con la acusación fiscal, ambos profesionales, aprovechando las funciones que desempeñaban en el Servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, habrían retirado equipamiento médico perteneciente al nosocomio para incorporarlo al funcionamiento de una empresa privada de neonatología de la que eran socios, obteniendo un presunto beneficio económico.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Dirección del Hospital Materno Infantil, luego de que una inspección realizada por el Ministerio de Salud Pública detectara indicios de que equipos propiedad del hospital podían estar siendo utilizados en un establecimiento privado.
A partir de esa denuncia, la Fiscalía llevó adelante una extensa investigación que incluyó el análisis de documentación patrimonial y administrativa, declaraciones testimoniales, inspecciones, pericias técnicas y el secuestro de distintos equipos médicos, que posteriormente fueron restituidos al hospital por orden judicial.
Durante las tareas investigativas, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF constató que seis equipos médicos hallados en el servicio de terapia neonatal Neofénix, que funciona en una clínica privada ubicada sobre calle Alvarado al 800, cuyo propietario es Fernando Saavedra dueño de IMAC, coincidían en sus números de serie con los registrados en el inventario del Hospital Público Materno Infantil.
En su requerimiento, la fiscal sostuvo que la maniobra investigada no solo habría ocasionado un perjuicio al patrimonio del Estado, sino que también habría comprometido el normal funcionamiento del sistema público de salud al involucrar equipamiento destinado a la atención de pacientes del hospital.
Ahora será la Justicia la que deberá resolver si hace lugar al requerimiento de elevación a juicio respecto de los dos médicos acusados y al pedido de sobreseimiento formulado para los restantes imputados.
