La Justicia condenó a seis hombres por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas mediante el uso de cheques electrónicos sin fondos. Dos de los acusados recibieron penas de prisión efectiva al ser considerados jefes y organizadores de la organización delictiva.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado pleno en la que se resolvió la causa.
El juez Leonardo Feans homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas y condenó a Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefes u organizadores, y estafas.
Asimismo, Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por resultar coautores de los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros, y estafas.
En tanto, Emanuel Nolberto Álvarez recibió una condena de un año de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el magistrado también dispuso el sobreseimiento de Leandro Nicolás Lozano.
Según se informó durante la audiencia, los representantes de las tres empresas damnificadas prestaron conformidad con el acuerdo alcanzado, mientras que tanto la Fiscalía como las defensas renunciaron a los plazos para recurrir la sentencia, lo que le otorgó firmeza al fallo.
Además, la UDEC solicitó el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigación.
La causa se inició a partir de denuncias radicadas por tres empresas que fueron víctimas de maniobras defraudatorias: una firma dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial, una empresa de lubricantes y un comercio de artículos para el hogar.
De acuerdo con la investigación, entre septiembre de 2022 y abril de 2023 los acusados actuaron bajo una estructura organizada y con una distribución de tareas previamente establecida. La modalidad consistía en presentarse en distintos comercios aparentando solvencia económica para concretar compras de mercadería por montos millonarios.
Como forma de pago, entregaban cheques electrónicos (eCheq) pese a conocer que las cuentas bancarias asociadas carecían de fondos suficientes, por lo que los valores no serían acreditados.
La Fiscalía determinó además que los organizadores captaban a personas jóvenes sin antecedentes financieros negativos y les ofrecían una retribución económica para que abrieran cuentas bancarias y gestionaran chequeras. Luego, esas personas eran utilizadas para realizar compras en distintos comercios utilizando los cheques electrónicos emitidos.
Posteriormente, el dinero obtenido mediante las maniobras era transferido a cuentas vinculadas con los organizadores o con personas de su entorno.
El análisis de la documentación bancaria, los movimientos financieros y el entrecruzamiento de la información reunida permitió a la UDEC establecer que todos los hechos respondían a una misma modalidad delictiva y que eran ejecutados por los mismos involucrados, lo que derivó en las condenas dictadas por la Justicia.
