El Gobierno endurece su estrategia por las islas. Busca que el lobby de las empresas petroleras induzca a Londres a abrir negociaciones comerciales. Además, apunta a capitalizar los datos económicos favorables y el debate por la baja de la imputabilidad.
Javier Milei arrancó la semana con una reunión de gabinete. El objetivo fue claro: mantener en agenda el reclamo por Malvinas. Este lunes 14 enviará a Diputados el proyecto de defensa de la soberanía. La pregunta, ahora, es: ¿Qué es lo que realmente busca el Presidente? Anticipo la respuesta: busca que la Argentina, lobby petrolero y diplomacia mediante, pueda participar de las regalías por recursos que se extraigan de esa cuenca.
¿Puede la cuestión Malvinas cambiar la agenda social y política? Es un tema que capta al público nacionalista, parte del cual ya milita con Milei, pero también detrás de Victoria Villarruel y el kirchnerismo. Malvinas es tanto una cuestión transversal como sentimental.
Por ahora, el primer ministro Andy Burnham ayudó a sostener la confrontación: dijo que “Londres será inflexible en la defensa de la soberanía” y que respaldará la voluntad de los isleños que decidieron ser ingleses. Burnham es el líder de los parlamentarios laboristas y con esa frase respondió a una pregunta que, durante un debate legislativo, le había efectuado la líder de los conservadores, Kemi Badenoch.
La posición de Gran Bretaña y de sus líderes es internamente uniforme: a las declaraciones de los líderes laborista y conservador se sumó el jueves la de Nigel Farage, dirigente de la agrupación de derecha radical Reform UK: cruzó mensajes con el canciller israelí y dijo que la soberanía inglesa sobre las islas es innegociable. Milei, en su viaje de octubre al Reino Unido, tenía previsto reunirse con su amigo Farage, pero canceló su visita al Reino Unido.
Trump no había vuelto a referirse a las Malvinas hasta este sábado. Advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido constituiría un “desastre potencial”, aunque manifestó que confía en poder “resolverlo” si le pidieran intervenir. Tras reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el presidente norteamericano dijo que las islas le parecen “muy interesantes” y remarcó que Argentina y el Reino Unido son actualmente “dos países” que están “enfadados” entre sí. También recordó que, cuando era niño, los británicos “entraron y se apoderaron de ellas (por las islas)”, aunque planteó dudas sobre si ahora estarían dispuestos a hacer lo mismo.
La oposición, por su parte, cree haber encontrado una línea discursiva. En lugar de ponerse en contra del Gobierno, lo que terminaría por beneficiar a Milei y lo ayudaría a instalar el debate, el peronismo decidió redoblar la apuesta oficial: el diputado Guillermo Michel planteó que si la idea es sancionar a empresas inglesas, directamente que las excluyan de participar del régimen RIGI y que se les prohíba beneficiarse con los tratados de doble imposición. Así como también plantean aumentar el gasto militar por encima de lo que propone el Gobierno.
Por su parte, el canciller Quirno, junto con el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, continuaron toda la semana con la presentación de denuncias en Comodoro Py contra empresas que operan en la cuenca Malvinas y también contra accionistas, ejecutivos y proveedores.
El verdadero objetivo detrás de la estrategia por Malvinas
¿Cree realmente el Gobierno que podrá recuperar el control sobre las islas? Tal vez falten décadas para que la bandera argentina vuelva a flamear allí. Los objetivos son otros.
En primer lugar, encarecer al proyecto Sea Lion el costo de explotación offshore. Esa perforación está en aguas profundas, a 600 kilómetros de los puertos San Julián y Deseado. Quienes trabajen allí no podrán usar los puertos de la costa argentina. Halliburton, Baker Hughes y SLB representan el 53 por ciento de los servicios petroleros de todo el mundo y anticiparon la semana pasada que no van a prestar servicios en Malvinas. Y las empresas y proveedores que lo hagan serán denunciadas.
En segundo lugar, el verdadero objetivo: el Gobierno argentino busca abrir una negociación para que el Reino Unido coparticipe a nuestro país en ese negocio petrolero.
Una alta fuente del Gobierno deslizó que en el equipo de Milei saben que será muy difícil sentar al Reino Unido a negociar la soberanía. Y la vía diplomática no es suficiente para forzar a Londres. Entonces, Milei, más allá del reclamo real de soberanía, está buscando una diagonal: que el universo de empresas petroleras, perjudicado por no poder trabajar a la vez en Vaca Muerta y en Sea Lion, presione a Londres para incluir a la Argentina en el negocio.
De allí en más, todo es imaginable: que YPF pueda participar en Sea Lion, se distribuyan regalías por una explotación de recursos naturales que son argentinos pero que están fuera de nuestro alcance, etcétera. Una suerte de paraguas en el debate de la soberanía, que permita discutir negocios comunes. Se busca que el lobby petrolero realice un trabajo silencioso y consiga un éxito de la mejor diplomacia.
En tercer lugar, en el proyecto el agravamiento de las sanciones también alcanzará a las empresas que se dedican a la pesca. Un sector en el que operan ilegalmente los buques chinos y es un tema que interesa a los Estados Unidos.
Más allá de la legitimidad del reclamo argentino, nuestro país debe ser muy cuidadoso en no malinterpretar los mensajes que distintos políticos extranjeros dan sobre las islas: Trump nunca dijo expresamente que apoya el reclamo nacional y no hay nada que haga suponer que EE.UU. vaya a romper su alianza con Gran Bretaña.
Por otra parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel y el hijo de Benjamin Netanyahu se pronunciaron en favor de la soberanía argentina sobre Malvinas, pero eso no debe ser sacado de contexto porque en las últimas semanas el Reino Unido cuestionó la violencia de los colonos judíos sobre los palestinos.
El rumbo institucional de la Argentina, basado en razones legales e históricas, es serio y no debe ser confundido con interpretaciones meramente sentimentales que pueden alimentar decisiones equivocadas.
Seguridad y educación, dos temas que aprovechó el Gobierno
Una jueza bonaerense decidió suspender la aplicación de la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad. Sebastián Pareja dijo que LLA le pedirá el juicio político, una ONG denunció penalmente a la magistrada y los fiscales bonaerenses dijeron que seguirán aplicando la norma que, además, sigue vigente en todo el resto del país. Contra el garantismo que impulsa el kirchnerismo, que deriva en impunidad, Diego Santilli aprovechó para cuestionar a Axel Kicillof.
Por otro lado, los malos resultados en las pruebas PISA en lengua, ciencias y matemáticas. La Argentina quedó ubicada en el fondo de la tabla mundial. Décadas de desmanejos con la educación, bajos salarios, las escuelas, infinitos paros docentes y permitir que los adolescentes aprueben sin muchas exigencias. Arriba, en la cima del mundo, están China, Singapur, Japón, Corea y, bastante cerca, el Reino Unido. El común denominador de los mejores: valorar la exigencia, mérito y disciplina de estudio. El Gobierno aprovechó esos resultados para culpar a los gobiernos kirchneristas. La decadencia lleva décadas.
La inflación baja, pero preocupa el nivel de actividad
En materia económica, el dato más positivo de la semana para el Gobierno fue el índice de inflación: el Indec informó que en agosto fue de 1,7 por ciento, un descenso muy importante respecto del índice de julio (2,1 por ciento). El martes había existido un anticipo: la inflación en la Ciudad fue de 1,7, mucho más baja que el 2,9 de julio.
Lo positivo: la reducción fue muy importante y responde a la caída de los precios de alimentos y transporte, la caída de precios por baja demanda y a la deflación en indumentaria.
Lo negativo: los servicios subieron 2,8 por ciento, muy por arriba del promedio general, y la Canasta Básica Total, límite de la pobreza, creció 2,6 por ciento.
Los riesgos: el menor ingreso de dólares en la segunda parte del año y la presión que pueda ejercer cualquier movimiento del dólar.
La UIA sostiene que la reducción de la inflación no alcanza y afirma que lo importante es el nivel de actividad. Esta semana difundió su Monitor de Desempeño Industrial: el 49,7 por ciento de las empresas están afectadas por la caída de las ventas, por lo cual el 42 por ciento redujo su producción. Los motivos: caída del poder adquisitivo, la apertura de importaciones y el flagelo del contrabando. El miércoles, el Indec confirmó el derrumbe: la producción industrial bajó en julio 4,9 por ciento interanual y 5 por ciento desestacionalizado. Y la construcción no se quedó atrás: cayó 4,5 por ciento interanual y 4,6 por ciento respecto de junio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la economía marcha a distintas velocidades y que hay sectores a los que les va a costar más tiempo salir adelante. Y Patricia Bullrich dijo que esa situación preocupa al Gobierno.
El otro tema económico de la semana tuvo que ver con los deudores morosos: la oposición logró instalarlo en la agenda, tenía asegurado el quórum y obligó a LLA a girar en el aire para hacer un control de daños. El proyecto no pasará por la Comisión de Presupuesto, por lo cual cualquier solución que adopte el Congreso no deberá tener costo fiscal. Martín Menem y LLA vieron el desenlace como un triunfo.
Mientras el Presidente siempre sostuvo que el debate no es real sino una fake news instalada por la oposición para desgastar a Milei, la Iglesia reitera su reclamo de mayor justicia social. No es un dato menor que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA haya publicado un informe que muestra que 30 de cada 100 familias necesitan pedir dinero a familiares, amigos o billeteras virtuales para llegar a fin de mes, mientras que entre las familias que están en situación de pobreza el problema alcanza al 44 por ciento.
Uno de los aliados más fieles de LLA, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, buscó mostrar empatía: decidió que a los deudores morosos les reducirá Ingresos Brutos y los eximirá del Impuesto de Sellos.
En el Gobierno no todos coinciden con la dureza con la que Milei lleva adelante su plan económico.
El sector más político, la mesa política, teme el impacto que la economía pueda tener en los votantes. Milei lo ve distinto: la gente me votó para bajar la inflación y él lo está logrando.
¿Qué dicen las encuestas? Tanto las que maneja el Gobierno como la oposición coinciden en dos datos: Milei conserva una imagen positiva que está entre el 32 y 37 por ciento —según las distintas encuestadoras—; Atlas Intel acaba de relevar que el 38 por ciento aprueba la gestión del Presidente; se frenó su caída y varios estudios coinciden en mostrar que, del casi 70 por ciento restante, hay un 50 por ciento que asegura que jamás volvería atrás para votar al kirchnerismo. En otras palabras, este último sector podría decantar, a falta de opción, en favor de Milei o no iría a votar. Salvo que aparezca un outsider, que todavía no aparece claro, o un insider. Falta mucho: 12 meses hasta la fecha de las PASO, que por ahora no se definieron.
Igualmente, ese panorama es suficiente para entusiasmar al peronismo, un sector que hace unos meses consideraba que no tenía chance alguna. Ahora, sus referentes empezaron a soñar. La muestra la dio el martes: las distintas tribus del peronismo —excepto La Cámpora— se juntaron para un nuevo homenaje por la muerte de De la Sota y para tomarse una foto política. Unidad con competencia, recomendó Sergio Massa, que levanta lentamente el perfil y no descarta ni confirma que pueda ser candidato.
