Tras más de una década de maniobras dilatorias, incendios forestales e incumplimientos sistemáticos, la trama detrás del desmonte ilegal en el norte salteño suma un capítulo histórico. El Ministerio Público Fiscal de Salta ratificó la batalla legal contra los responsables de la arrasadora tala en Tartagal, logrando un embargo récord que busca frenar la impunidad ambiental en la región.
La historia en Finca Cuchuy se remonta a abril de 2013, cuando la Fiscalía Penal de Tartagal abrió una causa por desobediencia a la autoridad frente a la flagrante violación de las órdenes de paralización dictadas por los organismos ambientales. El proceso penal culminó en octubre de 2015 con la condena de Juan José Karlen.
Sin embargo, el daño en el territorio continuó. En 2017, Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen firmaron un compromiso con el Ministerio Público Fiscal para reparar más de 11.000 hectáreas arrasadas e integrar a las comunidades indígenas originarias (como los pueblos wichí) y familias criollas de la zona en el proceso de recomposición.
Aunque la Justicia homologó el pacto en diciembre de 2018, los propietarios recurrieron de manera sistemática a evasivas y dilaciones mientras continuaban con actividades agrícolas prohibidas y el acopio de valiosos rollos de palo santo.
Tecnología forense y seguimiento de alta precisión
Frente a la resistencia de los demandados, la Fiscalía desplegó una investigación interdisciplinaria sin precedentes que combinó el trabajo de campo con tecnología de punta:
- Satelital y aérea: Seguimiento en tiempo real mediante los sistemas Sentinel, CBERS-4 y Landsat 8, complementados con relevamientos con drones.
- Red de expertos: Intervención combinada del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), INTA, Parques Nacionales, UNSa, FAUBA-CONICET y peritos internacionales en ecotoxicología forense del Poder Judicial de España.
El contundente plexo técnico demostró que a los infractores les resultaba económicamente ventajoso abonar multas tradicionales antes que afrontar la restauración de la selva nativa, un proceso que demandará entre 20 y 30 años de labor ininterrumpida.
El giro decisivo: embargo récord y la recta final en la Cámara
Ante la reticencia demandada, el Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro García Castiella, junto a la Fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Dra. Rosa Vélez Román, endurecieron la estrategia procesal.
Sobre la base de un informe del Gabinete de Delitos Económicos del CIF, la Justicia hizo lugar a la solicitud fiscal y congeló los activos de los involucrados:
De $171 millones a $21.805 millones: El embargo preventivo fue elevado a una cifra sin precedentes en la provincia para garantizar la ejecución de los trabajos de remediación en caso de que los demandados persistan en el incumplimiento.
Actualmente, la familia Karlen interpuso una nueva apelación tildada por la Justicia como “temeraria y reticente”, solicitando anular todo el proceso bajo el argumento de presuntas modificaciones normativas. La Fiscal Vélez Román rechazó de plano el planteo invocando el principio de no regresión ambiental, dejando la resolución final en manos de la Cámara de Apelaciones.
