El rastro digital y la trampa del entorno familiar terminaron de acorralar a un sujeto de 27 años. Tras una investigación con escala internacional, la jueza María Soledad Rodríguez, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, lo condenó a 12 años de cárcel de cumplimiento efectivo tras confesar la producción de material de abuso sexual infantil y el ultraje de una niña menor de 10 años.
La condena y los delitos
El acusado admitió los hechos en un procedimiento abreviado que le valió la pena máxima aplicable al acuerdo.
Son 12 años de prisión efectiva como autor de producción de material de abuso y/o explotación sexual infantil (agravado por la participación de menores de 13 años) y abuso sexual con acceso carnal (agravado por la guarda), en concurso real.
El alerta internacional y la cacería informática
En febrero, una organización de Estados Unidos dedicada al monitoreo de ciberdelitos detectó videos que registraban el abuso de una niña y envió el reporte urgente a las autoridades salteñas.
Las pericias revelaron que la víctima era la sobrina de la pareja del imputado, a quien cuidaban frecuentemente en su propio domicilio.
En marzo de 2026, los investigadores allanaron la vivienda del sujeto tras certificar que la escenografía de los videos coincidía exactamente con su propiedad.
Cruces de datos en Google, cuentas de correo vinculadas al envío del material y la geolocalización de sus líneas telefónicas terminaron de cercar al imputado sin dejar margen de duda.
