La investigación está centrada en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, en el departamento de Anta, donde más de un 15 por ciento de la población es beneficiaria de estas pensiones. Los imputados -entre ellos, un diputado provincial y el gerente de un hospital- fueron acusados de integrar una organización criminal dedicada a la captación, tramitación y comercialización de pensiones no contributivas por discapacidad.
En el marco de la investigación penal que lleva adelante desde julio de 2024, el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, imputó el miércoles pasado a quince personas -diez de ellas, funcionarios públicos- por integrar una organización dedicada a falsificar certificados médicos y diversa documentación que permitió la gestión y obtención de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta, donde los beneficiarios suman 4.305, más de un 15 por ciento de la población local.
Acompañado por la auxiliar fiscal Roxana Gual, el fiscal Amad -quien destacó el respaldo a la investigación del fiscal de Distrito, Eduardo Villalba- formalizó las acusaciones ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, al cabo de una audiencia de siete horas de duración. El juez autorizó un plazo de investigación de un año y el registro de anotación de litis por el mismo plazo sobre los bienes de los acusados. Se trata de una medida cautelar que implica la publicidad, a través de los registros públicos respectivos, sobre que aquellos bienes son objeto de un litigio.
Tras la reunión de evidencia en dos tandas de allanamientos -26 en total- realizados en noviembre y junio pasados, el fiscal formalizó la imputación este miércoles contra los médicos José y Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, y el exgerente del hospital de El Quebrachal, Oscar Luna, quien no es médico sino “licenciado en Comunicaciones”. Todos ellos fueron imputados por los delitos de asociación ilícita, en grado de miembro, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público. Este último delito no se le imputó a quienes se encuentran individualizados con iniciales, dado que no se desempeñaron en la administración pública.
Orellana, además de médico, es actualmente diputado provincial por el departamento de Anta. Morales, en tanto, se desempeñó como gerente del hospital Enrique Romero, de El Quebrachal.
Ese cargo también fue ejercido por Blanco y Muñoz Torres, quienes ahora son propietarios, cada uno, de una clínica privada. El resto de los médicos acusados, que no desempeñaron cargos públicos, también poseen centros médicos privados en Joaquín V. González.
Amad expuso que la maniobra consistió en la emisión de certificados de salud falsos y en la adulteración de exámenes médicos que luego eran utilizados para la tramitación de la pensión no contributiva por discapacidad que paga la ANSES.
Por otra parte, el fiscal imputó con la misma calificación al exjefe de la sucursal de ANSES en El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; al bioquímico del hospital Francisco Solano de El Galpón, Luciano Benjamín Esteban; y a los empleados municipales de El Quebrachal y Joaquín V. González, Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares. También fue imputado el kiosquero Hugo M. -a quien no se atribuyó el delito especial para funcionarios públicos- dado que, según explicó el fiscal, desde su local comercial ubicado “a la vuelta” del hospital de El Quebrachal captaba posibles beneficiarios, falsificaba documentación con el uso de la fotocopiadora y cargaba los trámites de las pensiones por Internet.
En tanto, el fiscal también refirió que Luna, quien -sin ser médico- se desempeñó como gerente del hospital de El Quebrachal desde 2017 a 2025, tuvo un rol fundamental, dado que se encargaba de firmar, con la matrícula del médico Morales, el “certificado médico oficial” (CMO), en el que se consignaba los requisitos indispensables como el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad para el otorgamiento de la pensión no contributiva.
El fiscal expuso un informe elaborado por la Gendarmería Nacional que indica que en la ciudad de Salta existen unas 9.000 pensiones no contributivas por discapacidad que no cumplen los requisitos, de un total de 39.715. Calculó el perjuicio por el pago de esas pensiones en 3.240 millones de pesos por mes.
Amad señaló que este paso era considerado el más importante previo a elevar el pedido a la ANSES, instancia en la que intervenían otros actores como Salazar y, posteriormente, el área de Acción Social de la Municipalidad donde trabajaba Romano.
En tal sentido, el fiscal también destacó el rol de Romano como reclutadora de los interesados en recibir las pensiones no contributivas que no cumplían los requisitos legales y como nexo directo entre dirigentes políticos como Orellana, los médicos Morales, Blanco y Muñoz Torres, y personal de la ANSES.
Según el fiscal, Romano se encargaba de recopilar la documentación, como la copia del DNI y el informe negativo de ANSES respecto de que los aspirantes no percibían otro beneficio, y aseguraba que se realizaría el trámite con éxito si cada uno efectuaba un pago de dinero en efectivo o transferencias, que superaban los 300 mil pesos.
En algunos casos, el costo, ya sea de obtención o renovación, podía llegar hasta 1 millón de pesos, indicó el fiscal, y narró que, para ello las personas beneficiarias, de escasos recursos, tomaban préstamos o vendían algún bien o animales para poder acceder al beneficio.
El rol de Orellana
El fiscal resaltó que, durante su gestión como intendente de Joaquín V. González entre 2007 y 2011, el actual diputado Orellana avaló con su firma trámites de personas que no cumplían los requisitos y que, de esa forma, permitió el acceso irregular a beneficios que hoy continúan vigentes.
El fiscal sostuvo que, en época electoral, Orellana ofrecía pensiones a cambio de votos a familias completas cuyos integrantes no padecían una enfermedad invalidante. Al respecto, citó el caso que derivó a la Unidad Fiscal Salta el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), Guillermo Marijuan, en el que se corroboró que miembros de una familia obtuvieron pensiones por discapacidad sin cumplir requisitos, con el diagnóstico del médico Julio O. y el aval del intendente Orellana.
También reseñó el expediente de una persona de 32 años que actualmente trabaja como empleada doméstica, a quien Orellana validó un diagnóstico de un 97% de discapacidad.
En las entrevistas realizadas por la fiscalía durante la investigación del caso en esos municipios se estableció que dirigentes políticos visitaban los parajes y ofrecían pensiones, y que daban referencias de las clínicas a las cuales los aspirantes debían acudir, con quienes debían hablar en la ANSES y a quiénes llevar directamente los papeles en la municipalidad, a cambio de dinero.
