En una cumbre clave entre el Senado provincial y la Corte de Justicia, encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco y la presidenta del alto tribunal, Teresa Ovejero, se definieron los ejes de una profunda transformación judicial en Salta: acercar los tribunales a los parajes más aislados y adecuar la estructura legal ante los nuevos desafíos penales y sociales.
Descentralización: la justicia llega a los parajes lejanos Para evitar traslados costosos a las grandes ciudades, el Poder Judicial pone en marcha un plan de conectividad y atención remota:
Plan piloto en Santa Victoria Oeste: Con salas de telepresencia y personal propio, los vecinos podrán realizar mediaciones, testimonios y gestiones con defensores oficiales desde su localidad. El esquema se extenderá a Iruya y otros puntos críticos del interior.
Complemento a los Jueces de Paz: Las nuevas terminales no reemplazan a la justicia de paz, sino que la potencian con herramientas tecnológicas para agilizar trámites cotidianos.
Reformas penales: menores e innovación tecnológica El mapa judicial ajusta sus mecanismos de control y juzgamiento ante la demanda social de seguridad:
Régimen Penal Juvenil (14 años): De cara a su vigencia el 5 de septiembre, se alistan protocolos, centros de alojamiento y equipos interdisciplinarios junto a Salud Pública para el abordaje de adicciones en menores infractores.
Control electrónico triplicado: Ante demoras nacionales, la provincia contratará un servicio para elevar de 200 a 600 las tobilleras electrónicas, fortaleciendo la prisión domiciliaria para descomprimir las alcaidías.
Consolidación del Código Procesal: A cuatro meses de su debut en el Centro, se confirmó que el interior se sumará en 2027. Además, se analiza ampliar el Juicio por Jurados a casos de homicidio simple.
Agenda legislativa: de ciberdelitos a la justicia originaria
En el plenario se revisaron proyectos impulsados por los senadores para responder a problemáticas actuales:
Protección al ciudadano: Creación de un fuero especializado para relaciones de consumo, campañas contra estafas digitales y la cobertura de un Juzgado de Familia para los Valles Calchaquíes en San Carlos.
Inclusión y diversidad: Integración de la cosmovisión indígena en la normativa a partir de la “Ley Octorina”, junto con programas integrales de reinserción técnico-laboral para menores y el fortalecimiento de medidas contra la violencia de género.
