El juez Martín Pérez rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por las defensas de tres efectivos acusados de vejaciones calificadas por el uso de violencia y lesiones graves. El expediente se originó por un episodio ocurrido en marzo de 2019, cuando la víctima fue interceptada en la zona de Boulogne Sur Mer y, según la acusación, trasladada en un móvil policial hasta barrio Democracia, donde habría sufrido una brutal golpiza.
La causa que investiga un presunto episodio de violencia policial ocurrido hace más de siete años en la zona sudeste de la ciudad de Salta volvió a quedar en el centro de la escena judicial. En una audiencia multipropósito del Plan de Oralidad, el juez Martín Pérez, del Distrito Centro, rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por las defensas de tres policías que permanecen acusados por vejaciones calificadas por el uso de violencia y lesiones graves.
Los imputados, de 50, 45 y 39 años, fueron denunciados por un hecho ocurrido el 15 de marzo de 2019, alrededor de las 13, en inmediaciones del barrio Boulogne Sur Mer.
De acuerdo con la investigación fiscal, los efectivos se desplazaban en un móvil policial cuando observaron a un hombre que se encontraba en la vereda consumiendo bebidas alcohólicas. La acusación sostiene que los policías lo interceptaron, lo subieron de manera violenta al patrullero y lo trasladaron hasta el Sector 6 A de barrio Democracia.
Fue allí, según la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, donde se produjo la agresión que terminó convirtiendo un procedimiento policial en una causa por presunta violencia institucional.
Una golpiza que terminó en el hospital
Los antecedentes del expediente permiten dimensionar la gravedad de las lesiones denunciadas.
En 2021, la entonces fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, había requerido la elevación a juicio de la causa y sostuvo que los efectivos habrían actuado con un exceso en el uso de la fuerza, aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima y la superioridad numérica.
Según aquella acusación, la golpiza provocó una perforación en el intestino delgado, una lesión de tal magnitud que puso en riesgo la vida del hombre. El informe médico elaborado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) habría considerado además que las lesiones eran compatibles con el relato de la víctima.
La investigación también incorporó el testimonio de una persona que se encontraba detenida al momento de los hechos y que habría observado cómo la víctima era golpeada por los policías.
Los acusados fueron identificados en esa etapa como Marcos Andrés Singh, Cristian Heriberto Guanca y Darío Alejandro Delgado. La Fiscalía había solicitado que respondieran por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones graves.
La defensa intentó ponerle punto final al expediente
Con el avance del proceso, las defensas técnicas plantearon el sobreseimiento de los tres acusados antes de comenzar la etapa de admisión de pruebas.
El argumento central fue la prolongación del proceso y la supuesta inconsistencia de la acción penal, al considerar que el expediente había permanecido abierto durante un tiempo injustificadamente extenso.
La discusión obligó a un cuarto intermedio durante la audiencia. Luego de analizar el planteo, el juez Martín Pérez resolvió rechazarlo.
Para el magistrado, no correspondía declarar extinguida la acción penal por el motivo invocado por las defensas. Consideró que durante la tramitación de la causa existió una diligencia suficiente por parte de los órganos encargados de impulsarla y que, al computar los distintos períodos atravesados por el expediente, el proceso se desarrolló dentro de un plazo razonable.
En ese análisis también tuvo particular incidencia el período extraordinario provocado por la pandemia de coronavirus, que interrumpió y modificó el funcionamiento habitual de la Justicia.
Una causa que todavía no llegó al final
La resolución de este lunes no implica una condena contra los policías ni determina su responsabilidad penal. Lo que hizo el juez fue impedir que el expediente fuera cerrado por el planteo de extinción de la acción, por lo que la acusación continúa vigente y la causa puede avanzar hacia las siguientes etapas procesales.
Uno de los tres efectivos, además, se encuentra vinculado a otra causa acumulada correspondiente a 2021, un elemento que forma parte del escenario procesal analizado durante la audiencia.
El expediente arrastra así una historia que comenzó con una intervención policial en una calle de Boulogne Sur Mer y terminó con un hombre gravemente lesionado, una investigación por presunto abuso de la fuerza y una acusación formal contra tres integrantes de la Policía.
Siete años después del episodio denunciado, la Justicia decidió que el paso del tiempo no alcanza, por sí solo, para cerrar el caso. La discusión ahora queda encaminada hacia la etapa en la que deberán confrontarse las pruebas y las versiones de las partes para determinar qué ocurrió aquella tarde de marzo de 2019.
