El juez de Garantías 1, Marcelo Alvarado, rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por la defensa de tres profesionales del hospital Juan Domingo Perón, imputados por homicidio culposo. El caso se inició tras la muerte de un adolescente de 17 años, quien falleció por una septicemia generalizada luego de atravesar un cuadro de peritonitis.
La muerte de Agustín Herrera, de 17 años, volvió a colocar bajo la lupa la atención médica en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. La causa judicial, que investiga la presunta responsabilidad de tres médicos por un caso de homicidio culposo por mala praxis, avanzó ahora con una decisión que impide cerrar el proceso mediante una suspensión de juicio a prueba.
El juez de Garantías 1 de Tartagal, Marcelo Alvarado, rechazó el pedido formulado por las defensas de los profesionales, quienes habían planteado distintas alternativas para reparar el daño y evitar la realización de un juicio. Los médicos involucrados serían Araceli Gorgal; Antonio Padilla y el cirujano Alejandro Zerpa.
La causa se originó a partir de la muerte del joven, ocurrida el 19 de octubre de 2025 en el hospital de Tartagal. De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, el adolescente falleció como consecuencia de una septicemia generalizada, luego de presentar un cuadro de peritonitis.
Una reparación millonaria para evitar el juicio
Durante la audiencia, los abogados de los médicos imputados presentaron diferentes propuestas de reparación económica y social.
Entre las alternativas ofrecidas se incluyeron el pago de 25 millones de pesos por parte de uno de los profesionales y 10 millones de pesos por otro, además de la entrega de un automóvil, la realización de tareas comunitarias y la donación de distintos elementos a instituciones.
Los médicos también solicitaron conservar intacta su posibilidad de ejercer la profesión. En ese sentido, plantearon que no fueran inhabilitados para trabajar, argumentando que necesitaban continuar con su actividad para afrontar sus compromisos económicos mientras se desarrollaba esta instancia judicial.
El padre del adolescente, constituido como querellante, y las restantes partes consintieron la reparación propuesta, dejando abierta la posibilidad de avanzar posteriormente por la vía civil.
Pero el acuerdo económico no fue suficiente para cerrar el camino penal.
El juez puso un límite al pedido de probation
Al analizar el planteo, Alvarado concluyó que no estaban reunidos los requisitos necesarios para conceder la suspensión de juicio a prueba y rechazó la solicitud de las defensas.
El magistrado fue particularmente contundente al cuestionar la pretensión de evitar el juicio mediante una reparación económica mientras, al mismo tiempo, se buscaba preservar sin restricciones la actividad profesional de los imputados.
“No es razonable ni lógico pretender evitar el juicio mediante el pago de una reparación económica y además querer conservar intacta la actividad profesional en cuyo ejercicio se produjo el hecho investigado, como si no hubiese pasado nada”.
La resolución mantiene abierta, de este modo, la vía penal contra los tres médicos y evita que el caso quede cerrado mediante una probation.
Detrás del expediente hay una familia que perdió a un adolescente de 17 años y una investigación que deberá determinar, en definitiva, si existió responsabilidad penal de los profesionales involucrados y cuál fue el alcance de sus actuaciones en las horas previas a la muerte.
La reparación económica podrá ser discutida en el ámbito correspondiente, pero para el juez Alvarado no alcanza para borrar la investigación penal. Ahora, la causa deberá continuar su curso y serán las pruebas las que determinen si los médicos deberán responder ante un tribunal por la muerte del joven.
