Una denuncia anónima puso en marcha una investigación de UFINAR que terminó con un allanamiento, cocaína y marihuana listas para su comercialización, dinero, teléfonos y elementos de fraccionamiento. Las cámaras y vigilancias habían registrado a compradores que llegaban hasta una ventana de la vivienda para concretar los intercambios. La acusada admitió su responsabilidad y recibió una pena de cumplimiento efectivo.
Una denuncia anónima fue el primer dato que encendió la alarma. El aviso apuntaba a una vivienda del barrio Solidaridad, donde presuntamente se comercializaban estupefacientes. A partir de allí, la investigación avanzó silenciosamente hasta documentar una modalidad de venta que se repetía una y otra vez: compradores que se acercaban hasta una ventana de la casa, entregaban dinero y recibían pequeños envoltorios con droga.
Las tareas de vigilancia, entrevistas y registros fotográficos y fílmicos permitieron reunir pruebas sobre las maniobras investigadas. Incluso, algunos compradores fueron demorados después de retirarse del lugar y se constató que llevaban pasta base de cocaína.
Con ese material, la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) solicitó el allanamiento de la vivienda. El procedimiento se concretó el 17 de julio y terminó de revelar el movimiento que se había desplegado detrás de las paredes del domicilio.
Durante la requisa, los investigadores encontraron envoltorios con cocaína, algunos de ellos ocultos dentro de un mate, además de cocaína granulada distribuida sobre dos platos.
Pero la escena también mostraba elementos que, para la investigación, estaban vinculados con el fraccionamiento y acondicionamiento de las sustancias: cuchillos, un colador con restos, una balanza, una tijera, bolsas y recortes de plástico.
El operativo permitió además secuestrar marihuana, dinero en efectivo y ocho teléfonos celulares.
Los narcotest realizados posteriormente determinaron que la droga incautada representaba más de 400 dosis de cocaína y marihuana, una cantidad que, según la acusación, estaba destinada a la comercialización.
De la denuncia anónima a la condena
La causa fue llevada adelante por el fiscal penal de UFINAR Gustavo Torres Rubelt, quien representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva de Daniela Alejandra Aguilera.
En esa instancia, las partes arribaron a un acuerdo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Aguilera, quien permanecía detenida en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, admitió su responsabilidad penal.
El juez José Luis Riera homologó el acuerdo y finalmente la condenó a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
La investigación que comenzó con un mensaje anónimo terminó así con una condena. Una ventana, intercambios rápidos y pequeños envoltorios habían sido suficientes para despertar las sospechas. La vigilancia permitió seguir el rastro, el allanamiento encontró la evidencia y la Justicia cerró el caso con una pena efectiva.
