A casi un mes de la imputación de José Antonio “Kiko” Fernández, la investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral continúa bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal. El empresario, propietario de finca La Montanera y del emprendimiento gastronómico Cerdo Negro, en Cerrillos, modificó recientemente su equipo de abogados defensores, en un giro que podría marcar una nueva etapa de la estrategia jurídica.
La investigación penal contra José Antonio “Kiko” Fernández, propietario de la finca La Montanera y del emprendimiento gastronómico Cerdo Negro, en Cerrillos, avanza con las medidas procesales anunciadas por la Fiscalía. El expediente tiene un plazo de investigación de seis meses y se encuentra todavía en una etapa en la que deberán producirse y analizarse nuevas pruebas.
Fernández fue imputado formalmente el 2 de septiembre por el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, bajo la acusación de trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por el número de presuntas víctimas, su situación de vulnerabilidad y por la consumación del delito, según la calificación provisoria formulada en el marco del artículo 145 bis y ter del Código Penal.
La causa se inició a partir de una denuncia anónima y puso bajo investigación las condiciones laborales y habitacionales de un grupo de trabajadores vinculados a las actividades desarrolladas en la finca.
La denuncia y las condiciones que investiga la Fiscalía
Durante la audiencia de imputación, los representantes del Ministerio Público expusieron distintos elementos reunidos durante la investigación y describieron la situación de aproximadamente 20 trabajadores.
“Kiko” Fernández el explotador
Según la acusación fiscal, algunos de ellos habrían permanecido en condiciones de marcada precariedad habitacional. Se mencionaron habitaciones con piso de tierra, camas construidas con palets y baños con letrinas. También se indicó que, para higienizarse, algunos trabajadores debían calentar agua en tachos.
La Fiscalía acompañó fotografías y otros elementos que, según sostuvo, respaldarían parte de las condiciones descriptas.
En cuanto a la situación laboral, los investigadores señalaron que las remuneraciones, en general, no superarían los $500.000, mientras que la jornada de trabajo habría sido considerada excesiva. La acusación también contempla presuntos incumplimientos vinculados con el pago de horas extras, feriados y domingos.
Otro de los aspectos incorporados al expediente está relacionado con la atención de trabajadores que atravesaron problemas de salud o accidentes laborales.
Un accidente laboral, entre los elementos incorporados a la causa
Durante la audiencia, la Fiscalía relató el caso de un trabajador que habría sufrido una lesión en una de sus piernas mientras realizaba tareas laborales.
Según la acusación, el hombre no habría recibido asistencia por parte del imputado y tuvo que ser trasladado por un familiar. La Fiscalía sostuvo además que no habría recibido una compensación económica por la lesión ni por los días durante los cuales no pudo trabajar.
Los investigadores también señalaron que Fernández habría dispuesto de los trabajadores “de manera discrecional”, una circunstancia que deberá ser acreditada o descartada mediante las pruebas que se incorporen durante el proceso.
La presunta registración como trabajadores de cosecha
Uno de los puntos centrales de la hipótesis fiscal está relacionado con la forma en que los trabajadores habrían sido registrados.
Según la acusación, algunos figuraban formalmente como personal destinado a la cosecha de tabaco, pero posteriormente eran derivados a otras actividades, entre ellas tareas vinculadas con la producción porcina, actividad relacionada con el emprendimiento Cerdo Negro.
Para la Fiscalía, esa modalidad podría haber permitido una registración laboral diferente de las tareas que efectivamente realizaban los trabajadores y, eventualmente, una reducción de los costos laborales.
Se trata de uno de los aspectos que deberá ser acreditado durante la investigación y sobre el cual la defensa tendrá oportunidad de presentar sus propias pruebas y argumentos.
Adultos mayores y una situación de especial vulnerabilidad
La acusación también hizo referencia a trabajadores adultos mayores que, según los fiscales, habrían sido sometidos a jornadas y tareas que excedían sus posibilidades, en un contexto de vulnerabilidad económica.
Uno de los casos mencionados durante la audiencia fue el de un trabajador que, de acuerdo con la Fiscalía, debía concurrir a un comedor de Cáritas debido a que sus ingresos no le alcanzaban para cubrir sus necesidades alimentarias.
Estos elementos fueron presentados por los fiscales como parte del contexto de vulnerabilidad que, según su hipótesis, habría sido aprovechado en el marco de la relación laboral investigada.
Fernández negó haber cometido un delito
Frente a la acusación, Fernández rechazó haber cometido un delito y sostuvo que se considera víctima de una situación que, según manifestó, también afecta su actividad empresarial.
“Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”, afirmó tras conocer la imputación.
El empresario también cuestionó la interpretación realizada sobre las condiciones existentes en la finca. En particular, sostuvo que los baños con letrina no estaban habilitados y que, pese a ello, eran utilizados por los trabajadores.
Fernández también destacó públicamente el reconocimiento que recibió su emprendimiento gastronómico, incluyendo una distinción otorgada por el Congreso de la Nación, y mencionó entre los visitantes de su finca a distintas personalidades de relevancia nacional.
Estos argumentos forman parte de la posición defensiva y deberán ser contrastados con la evidencia que se incorpore al expediente.
La defensa cuestionó la imputación
Los abogados que inicialmente representaban a Fernández rechazaron de manera categórica los cargos formulados por la Fiscalía y sostuvieron que las acusaciones carecían de fundamentos suficientes.
Durante la audiencia, la defensa presentó distintos planteos procesales e incluso cuestionamientos de constitucionalidad respecto de determinados aspectos del procedimiento.
La Fiscalía, por su parte, respondió que la defensa había tenido conocimiento de la existencia de la investigación durante los seis meses previos a la imputación formal y sostuvo que, durante ese período, no había incorporado elementos probatorios que contradijeran la hipótesis fiscal.
Como ejemplo, los investigadores señalaron que Fernández había manifestado que las viviendas contaban con determinadas comodidades, entre ellas aire acondicionado, pero que la defensa no habría aportado fotografías u otras pruebas destinadas a respaldar esa versión.
Un cambio de abogados que modifica la estrategia
En este contexto se produjo una de las principales novedades de la causa.
Fernández decidió cambiar a sus abogados defensores, dejando atrás a los profesionales que lo habían acompañado durante la audiencia de imputación.
Según pudo conocer InformateSalta, el empresario pasó a ser asesorado por un estudio vinculado a un exjuez federal que además tuvo un paso por la Corte de Justicia de Salta.
El cambio de representación adquiere relevancia porque se produce cuando todavía resta una parte sustancial de la investigación y luego de que la Fiscalía expusiera públicamente los principales elementos que sustentan la imputación.
Con la nueva defensa, Fernández deberá afrontar una etapa en la que se espera la producción de nuevas medidas de prueba, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos destinados a determinar si la hipótesis de explotación laboral planteada en la imputación puede ser sostenida al finalizar la investigación.
Seis meses para definir el rumbo de la causa
La imputación no implica una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal del empresario. Se trata de una atribución provisoria de un delito dentro de una investigación que todavía se encuentra en desarrollo.
Durante los próximos meses, la Fiscalía deberá profundizar las medidas investigativas, mientras que la defensa podrá producir y ofrecer elementos destinados a controvertir la acusación.
El eje de la causa será determinar, a partir de la prueba que finalmente se reúna, qué tareas realizaban efectivamente los trabajadores, bajo qué condiciones eran contratados y registrados, cuáles eran sus jornadas y remuneraciones y si existieron mecanismos destinados a someterlos o mantenerlos en una situación de explotación laboral.
Por ahora, el expediente continúa abierto y el plazo de investigación de seis meses será determinante para establecer cuáles de las hipótesis planteadas por las partes logran respaldo probatorio.
