El obispo Luis Antonio Scozzina apartó cautelarmente al padre Enrique Javier Polo, responsable de la parroquia Santa Rosa de Lima, en Colonia Santa Rosa. El Obispado anunció una investigación canónica por el malestar generado en torno a la administración parroquial, pero no precisó los hechos que originaron la decisión. Vecinos mencionaron cuestionamientos vinculados con la recaudación de un bingo.
Una decisión de las autoridades de la Iglesia volvió a poner bajo la lupa la administración de una parroquia del norte salteño. El obispo de la Diócesis de Orán, Luis Antonio Scozzina, dispuso la suspensión cautelar del sacerdote Enrique Javier Polo, quien se encontraba al frente de la parroquia Santa Rosa de Lima, en Colonia Santa Rosa.
La medida fue comunicada oficialmente el 24 de octubre y, según el Obispado, responde al malestar generado por la administración parroquial. Además, se anunció el inicio de una investigación canónica para esclarecer la situación.
Mientras se desarrolla el procedimiento, el padre Rodrigo Maximiliano Barreto asumirá como administrador parroquial.
El bingo, bajo la mirada de los vecinos
Aunque el comunicado eclesiástico no especificó cuáles fueron las situaciones que motivaron la suspensión, vecinos consultados por NORTE YA señalaron que uno de los temas que habría provocado polémica en la comunidad está relacionado con el destino de los fondos recaudados durante un bingo organizado por la parroquia.
Hasta el momento, no se difundieron detalles documentales sobre esa recaudación ni información oficial que permita establecer la existencia de irregularidades. Tampoco se precisó si ese asunto constituye formalmente uno de los puntos de la investigación canónica.
La falta de información concreta mantiene abiertos los interrogantes sobre el origen del conflicto y los aspectos de la administración parroquial que serán examinados por las autoridades religiosas.
Una investigación con preguntas todavía sin respuesta
La suspensión cautelar constituye una medida preventiva y no implica, por sí misma, que se hayan comprobado faltas o responsabilidades del sacerdote. El alcance de la investigación y sus eventuales conclusiones dependerán de las actuaciones que lleve adelante la Diócesis.
La decisión también abrió un debate entre integrantes de la comunidad sobre los criterios que utiliza la institución religiosa para intervenir ante situaciones que generan preocupación en las parroquias y sobre la forma en que comunica esas medidas.
Algunos cuestionamientos apuntan a la falta de explicaciones públicas más detalladas en este caso y a la percepción de que, frente a otros episodios que también habrían generado inquietud en comunidades parroquiales, no siempre se conocieron decisiones o pronunciamientos similares.
Por ahora, el Obispado no brindó precisiones adicionales sobre los hechos investigados. La comunidad de Colonia Santa Rosa espera conocer qué motivó concretamente el apartamiento del sacerdote y cuáles serán los pasos siguientes del proceso canónico.
