La empresa de origen salteño aparece mencionada entre las sociedades que recibieron créditos de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central paraguayo. La investigación apunta a un presunto circuito de préstamos millonarios, transferencias entre compañías vinculadas y operaciones que habrían servido para disimular la verdadera situación financiera del grupo. Tres directivos de la filial paraguaya de Nubicom figuran entre los 27 imputados. También se investiga el respaldo bancario que permitió avanzar en la controvertida licitación del 5G.
La empresa salteña Nubicom SRL quedó involucrada en una investigación financiera y judicial de enorme repercusión en Paraguay, donde el colapso de Ueno Bank derivó en la intervención del Banco Central, la paralización de operaciones bancarias y la imputación de 27 empresarios, directivos y representantes de sociedades vinculadas.
El caso adquirió especial relevancia para Salta luego de que la periodista de investigación paraguaya Mabel Rehnfeldt expusiera los cuestionamientos que rodean a la compañía y su participación en el negocio de la tecnología 5G. A esto se sumó una investigación publicada por Gente de Salta, que reconstruyó los vínculos financieros y societarios entre Nubicom Paraguay y el grupo empresario que controlaba Ueno Bank.
El dato más comprometedor surge de la documentación remitida por el Banco Central del Paraguay (BCP) a la Fiscalía: Nubicom aparece entre las empresas mencionadas en las operaciones crediticias bajo investigación, junto con otras sociedades vinculadas al entorno empresario de Ueno.
El circuito de los préstamos: dinero que salía de una empresa y regresaba por otras
Según los antecedentes financieros difundidos por el diario paraguayo Última Hora, el mecanismo investigado consistía en otorgar préstamos y sobregiros a determinadas empresas para luego transferir los fondos a otras sociedades del mismo entramado empresarial.
En algunos casos, el dinero no permanecía en la compañía que recibía originalmente el crédito ni se destinaba al proyecto declarado. Era derivado hacia firmas centrales del grupo para cancelar obligaciones, cubrir deudas y afrontar compromisos financieros.
La operatoria también habría incluido movimientos inversos: cuando llegaba el vencimiento de las cuotas, otras empresas relacionadas transferían dinero a las prestatarias originales para simular capacidad de pago.
De acuerdo con el análisis del BCP, este circuito podía generar una apariencia de solvencia y ocultar que las compañías no tenían ingresos propios suficientes para afrontar sus compromisos.
Entre las sociedades identificadas en los antecedentes figuran Grupo Hendy, Grupo M, TUIU y Nubicom, además de ITTI, Redisa, Redipro, Vinanzas y Grupo Vázquez, que aparecen en distintos movimientos de fondos.
La investigación apunta a determinar si estas operaciones permitieron eludir las restricciones legales para otorgar financiamiento bancario a empresas vinculadas con los propios accionistas y directivos de la entidad.
US$ 75.000 de garantía y una transferencia de US$ 2 millones
Uno de los capítulos que conecta directamente a la empresa salteña con el escándalo financiero se remonta a agosto de 2025.
Según la documentación reconstruida por Gente de Salta, el 4 de agosto de ese año Ueno Bank emitió una garantía bancaria por US$ 75.000 a favor de Nubicom SRL para respaldar su participación en la licitación de frecuencias de 3.500 MHz convocada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Posteriormente, el 22 de agosto, Nubicom Argentina transfirió US$ 2 millones a Conatel desde una cuenta bancaria que mantenía en Ueno Bank, como parte del pago inicial para obtener las licencias.
La operación permitió avanzar en el proceso que terminó con la adjudicación de cuatro subbandas destinadas a servicios de telefonía móvil, internet y transmisión de datos en Paraguay.
El proyecto contemplaba inversiones estimadas en US$ 78 millones durante cinco años.
La investigación periodística también reveló un movimiento societario posterior: Nubicom Argentina se habría desprendido de su participación en la filial paraguaya, que pasó a manos de empresarios vinculados al Grupo Vázquez, relacionado con los accionistas de Ueno Bank.
Una fuente con conocimiento de la estructura corporativa confirmó esa desvinculación, aunque no trascendieron los montos ni la fecha exacta de la operación.
Tres directivos de Nubicom aparecen entre los imputados
Otro dato de especial gravedad es que tres integrantes de la conducción de Nubicom Paraguay aparecen entre las 27 personas alcanzadas por la investigación penal.
Se trata de:
- Guillermo Vázquez Muniagurria: presidente de Nubicom Paraguay y director suplente de Ueno Bank.
- César Manuel Astigarraga Lambaré: vicepresidente de Nubicom Paraguay y síndico suplente de Ueno Bank.
- Luis Ernesto Angulo Rivera: director titular de Nubicom Paraguay y vicepresidente de ITTI, compañía controlada por el Grupo Vázquez.
Estos vínculos societarios y funcionales forman parte de las líneas de investigación sobre la relación entre el banco, las empresas beneficiarias de créditos y los empresarios que integraban sus estructuras de conducción.
La aparición de Nubicom en los documentos no significa, por sí sola, que la sociedad o sus directivos hayan sido condenados por un delito. La responsabilidad individual deberá determinarse en el proceso judicial.
La licitación del 5G también quedó bajo cuestionamiento
El escándalo financiero se suma a las controversias que ya rodeaban la adjudicación de las frecuencias 5G a la firma salteña.
La Contraloría General de la República del Paraguay cuestionó aspectos centrales del procedimiento. Entre ellos, la acreditación de los 100.000 abonados activos que exigía el pliego de condiciones y la presentación fuera de término de documentación societaria y balances.
Según el informe publicado por ABC Color, Nubicom presentó esos documentos el 22 de agosto de 2025, dos semanas después del plazo establecido. Además, Conatel habría validado la cantidad de clientes mediante una declaración jurada y documentación cuya verificación fue considerada insuficiente por el organismo de control.
La auditoría también observó la interpretación utilizada para acreditar la capacidad financiera de la empresa.
Sin embargo, la Contraloría no recomendó anular la adjudicación y reclamó reforzar los mecanismos de fiscalización para controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
27 imputados y ocho detenidos: la causa avanza en Paraguay
El desenlace judicial adquirió mayor dimensión el 4 de noviembre, cuando la Fiscalía paraguaya imputó a 27 personas, entre directivos bancarios, empresarios y representantes de sociedades vinculadas.
Los cargos informados incluyen conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de las normas sobre llevanza de libros de comercio.
La investigación sostiene que durante 2025 y 2026 se otorgaron préstamos y sobregiros millonarios a empresas relacionadas con los propietarios de Ueno Bank, en condiciones que no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación del riesgo crediticio.
Ocho directivos y empresarios fueron detenidos en el marco de la causa. La Fiscalía solicitó medidas cautelares, incluida la prisión preventiva para el principal accionista de la entidad.
En paralelo, el Banco Central dispuso la intervención y disolución de Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La medida afectó a millones de clientes y comprometió depósitos de organismos públicos y otras instituciones.
La investigación penal continúa abierta y todavía no existe una sentencia condenatoria.
Para Nubicom, el caso abre un frente de interrogantes que trasciende la controvertida adjudicación del 5G: quiénes financiaron realmente su expansión en Paraguay, qué relación tuvieron los accionistas de Ueno Bank con la filial paraguaya y cuál fue el destino de los créditos mencionados en los informes financieros.
La Justicia paraguaya deberá establecer si los movimientos de dinero respondieron a operaciones comerciales legítimas o si formaron parte de un mecanismo destinado a beneficiar a empresas vinculadas y ocultar irregularidades financieras.
